Tres meses fue el plazo que dio el Presidente Sebastián Piñera al ministro de Justicia Felipe Bulnes, para concretar un proyecto que ayude a mejorar las falencias que presenta el actual sistema penitenciario que, según indicó el propio secretario de Estado, presenta índices de hasta un 70 por ciento de hacinamiento.
En ese contexto, Bulnes se reunió con el director de Gendarmería, Luis Masferrer, para analizar el denominado “Plan de Eficiencia” que, entre otras cosas, establece que todos los internos deben tener las condiciones mínimas para subsistir como una litera, una frazada y un colchón al interior de sus celdas.
Sin embargo, desde diversos sectores señalan que la realidad de las cárceles chilenas es tan compleja que este tipo de medidas no constituyen un avance significativo para mejorar la calidad de vida de los presos.
En este sentido, el ex reo, Alfonso Muñoz, indicó que la falta de espacio que existe al interior de los penales debido a la gran cantidad de población carcelaria impide que estas propuestas puedan llegar a buen puerto.
“Se dice que va a haber una litera para cada interno, pero no caben. Por ejemplo, la cárcel de Puente Alto considera unosa 600 reos, pero hay más de 2000, mientras que un baño para diez personas hay que compartirlo con cien”, denunció Muñoz.
El ministro de Justicia, en tanto, aseguró que con este plan el Gobierno está “atendiendo una realidad invisible que incide directamente en la vida de los reclusos” y llamó a la ciudadanía a entender que de esta forma “también se combate la delincuencia”.
Y aunque efectivamente se comenzó con la distribución de los implementos para dormir en algunos penales estos insumos se mantienen en las oficinas, pues no pueden ser ingresados a las celdas por el alto nivel de hacinamiento.
Todos problemas que según Gendarmería se explican por la exclusión del gremio en la toma de decisiones. Boris Hernández, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería advirtió que “las medidas que propuso el Ejecutivo no solucionan en nada la crisis carcelaria” y agregó que “se pueden valorar las intenciones, pero que éstas deben traducirse en hechos concretos”
“Lamentablemente, la división nacional de Gendarmería no incluyó a los en la formulación de estas políticas de mejoramiento carcelario y se puso a determinar situaciones que no se pudieron llevar a cabo”, dijo Hernández.
Por su parte, la directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía, Lucía Dammert, insistió en que lo más importante es no perder de vista las razones de fondo por las que Chile tiene estos altos porcentajes de hacinamiento.
“Parte de lo que está tratando de hacer el Gobierno en términos de la habitabilidad en las cárceles es un esfuerzo que requiere mucho más de 90 días. Tal vez el problema no sean las iniciativas, sino el rango de tiempo que se les ha dado para tratar de implementarlas. Evidentemente, hay que pensar en las razones por las que hay tan gente presa, que reincide y los niveles de hacinamiento y de vulneración de los derechos al interior de los recintos penitenciarios. Una litera y una frazada es un avance, pero evidentemente no soluciona el problema”, sentenció Dammert
Otras de las medidas anunciadas por La Moneda en el marco de este plan se relacionaba con el aumento de las horas de “desencierro” de los reos y con la masificación del uso del brazalete electrónico. Además se pretende impulsar fuertemente el traslado de condenados extranjeros, para que éstos cumplieran las penas en sus países de origen.
Tres meses fue el plazo que dio el Presidente Sebastián Piñera al ministro de Justicia Felipe Bulnes, para concretar un proyecto que ayude a mejorar las falencias que presenta el actual sistema penitenciario que, según indicó el propio secretario de Estado, presenta índices de hasta un 70 por ciento de hacinamiento.
En ese contexto, Bulnes se reunió con el director de Gendarmería, Luis Masferrer, para analizar el denominado “Plan de Eficiencia” que, entre otras cosas, establece que todos los internos deben tener las condiciones mínimas para subsistir como una litera, una frazada y un colchón al interior de sus celdas.
Sin embargo, desde diversos sectores señalan que la realidad de las cárceles chilenas es tan compleja que este tipo de medidas no constituyen un avance significativo para mejorar la calidad de vida de los presos.
En este sentido, el ex reo, Alfonso Muñoz, indicó que la falta de espacio que existe al interior de los penales debido a la gran cantidad de población carcelaria impide que estas propuestas puedan llegar a buen puerto.
“Se dice que va a haber una litera para cada interno, pero no caben. Por ejemplo, la cárcel de Puente Alto considera unosa 600 reos, pero hay más de 2000, mientras que un baño para diez personas hay que compartirlo con cien”, denunció Muñoz.
El ministro de Justicia, en tanto, aseguró que con este plan el Gobierno está “atendiendo una realidad invisible que incide directamente en la vida de los reclusos” y llamó a la ciudadanía a entender que de esta forma “también se combate la delincuencia”.
Y aunque efectivamente se comenzó con la distribución de los implementos para dormir en algunos penales estos insumos se mantienen en las oficinas, pues no pueden ser ingresados a las celdas por el alto nivel de hacinamiento.
Todos problemas que según Gendarmería se explican por la exclusión del gremio en la toma de decisiones. Boris Hernández, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería advirtió que “las medidas que propuso el Ejecutivo no solucionan en nada la crisis carcelaria” y agregó que “se pueden valorar las intenciones, pero que éstas deben traducirse en hechos concretos”
“Lamentablemente, la división nacional de Gendarmería no incluyó a los en la formulación de estas políticas de mejoramiento carcelario y se puso a determinar situaciones que no se pudieron llevar a cabo”, dijo Hernández.
Por su parte, la directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía, Lucía Dammert, insistió en que lo más importante es no perder de vista las razones de fondo por las que Chile tiene estos altos porcentajes de hacinamiento.
“Parte de lo que está tratando de hacer el Gobierno en términos de la habitabilidad en las cárceles es un esfuerzo que requiere mucho más de 90 días. Tal vez el problema no sean las iniciativas, sino el rango de tiempo que se les ha dado para tratar de implementarlas. Evidentemente, hay que pensar en las razones por las que hay tan gente presa, que reincide y los niveles de hacinamiento y de vulneración de los derechos al interior de los recintos penitenciarios. Una litera y una frazada es un avance, pero evidentemente no soluciona el problema”, sentenció Dammert
Otras de las medidas anunciadas por La Moneda en el marco de este plan se relacionaba con el aumento de las horas de “desencierro” de los reos y con la masificación del uso del brazalete electrónico. Además se pretende impulsar fuertemente el traslado de condenados extranjeros, para que éstos cumplieran las penas en sus países de origen.
Tres meses fue el plazo que dio el Presidente Sebastián Piñera al ministro de Justicia Felipe Bulnes, para concretar un proyecto que ayude a mejorar las falencias que presenta el actual sistema penitenciario que, según indicó el propio secretario de Estado, presenta índices de hasta un 70 por ciento de hacinamiento.
En ese contexto, Bulnes se reunió con el director de Gendarmería, Luis Masferrer, para analizar el denominado “Plan de Eficiencia” que, entre otras cosas, establece que todos los internos deben tener las condiciones mínimas para subsistir como una litera, una frazada y un colchón al interior de sus celdas.
Sin embargo, desde diversos sectores señalan que la realidad de las cárceles chilenas es tan compleja que este tipo de medidas no constituyen un avance significativo para mejorar la calidad de vida de los presos.
En este sentido, el ex reo, Alfonso Muñoz, indicó que la falta de espacio que existe al interior de los penales debido a la gran cantidad de población carcelaria impide que estas propuestas puedan llegar a buen puerto.
“Se dice que va a haber una litera para cada interno, pero no caben. Por ejemplo, la cárcel de Puente Alto considera unosa 600 reos, pero hay más de 2000, mientras que un baño para diez personas hay que compartirlo con cien”, denunció Muñoz.
El ministro de Justicia, en tanto, aseguró que con este plan el Gobierno está “atendiendo una realidad invisible que incide directamente en la vida de los reclusos” y llamó a la ciudadanía a entender que de esta forma “también se combate la delincuencia”.
Y aunque efectivamente se comenzó con la distribución de los implementos para dormir en algunos penales estos insumos se mantienen en las oficinas, pues no pueden ser ingresados a las celdas por el alto nivel de hacinamiento.
Todos problemas que según Gendarmería se explican por la exclusión del gremio en la toma de decisiones. Boris Hernández, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería advirtió que “las medidas que propuso el Ejecutivo no solucionan en nada la crisis carcelaria” y agregó que “se pueden valorar las intenciones, pero que éstas deben traducirse en hechos concretos”
“Lamentablemente, la división nacional de Gendarmería no incluyó a los en la formulación de estas políticas de mejoramiento carcelario y se puso a determinar situaciones que no se pudieron llevar a cabo”, dijo Hernández.
Por su parte, la directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía, Lucía Dammert, insistió en que lo más importante es no perder de vista las razones de fondo por las que Chile tiene estos altos porcentajes de hacinamiento.
“Parte de lo que está tratando de hacer el Gobierno en términos de la habitabilidad en las cárceles es un esfuerzo que requiere mucho más de 90 días. Tal vez el problema no sean las iniciativas, sino el rango de tiempo que se les ha dado para tratar de implementarlas. Evidentemente, hay que pensar en las razones por las que hay tan gente presa, que reincide y los niveles de hacinamiento y de vulneración de los derechos al interior de los recintos penitenciarios. Una litera y una frazada es un avance, pero evidentemente no soluciona el problema”, sentenció Dammert
Otras de las medidas anunciadas por La Moneda en el marco de este plan se relacionaba con el aumento de las horas de “desencierro” de los reos y con la masificación del uso del brazalete electrónico. Además se pretende impulsar fuertemente el traslado de condenados extranjeros, para que éstos cumplieran las penas en sus países de origen.
