El cierre de unos de los capítulos más criticados por las organizaciones y trabajadores de la industria del salmón se da paso ante la información de que la Bolsa de Productos cotizará en unos seis meses más las concesiones acuícolas de las salmoneras.
Durante un largo periodo, un amplio sector que integraban agrupaciones, parlamentarios y ambientalistas, dijeron ´no a la privatización del mar´ por el ingreso de modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, que finalmente permitieron la entrega de estas concesiones en garantía para obtener créditos bancarios por la crisis que vivió el sector con el virus ISA.
Ricardo Casas Mayorga, presidente de la Federación de Trabajadores de industrias pesqueras en Puerto Montt, dijo que esto suma más preocupación a la pesca artesanal por las dudas de quiénes serán los dueños de los recursos naturales en Chile.
“A esto no se le puso atajo en su minuto. El gobierno de la Concertación fue el que lo impulsó y hoy no vamos a esperar que lo echen atrás porque es una ley que costó más de un año en que fuera aprobada con todos los tira y afloja que implicó. Lamentablemente, una vez más, no se escuchó a la ciudadanía, tal como ocurrió con la comisión de seguridad en el trabajo donde tampoco fuimos invitados a participar en el debate”, sentenció el dirigente.
Los trabajadores han estado en constante alerta por los miles de despidos que ya se han producido. Por esta razón, Patricio Peñaloza, coordinador del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (OLACH) aseguró que estarán atentos a las nuevas condiciones de los funcionarios.
“El tema principal es que siempre se establezca con quién está la relación laboral. En este caso, hay que fijarse en los intereses de las compañías que van a dar crédito a las salmoneras y, por lo tanto, van a ser actores importantes en el desarrollo de esta industria y la manejarán de acuerdo a criterios financieros. Tenemos que analizar cómo impactan estos criterios en la relación entre las empresas y los trabajadores”, afirmó Peñaloza.
Las organizaciones señalan que con la llegada de los bancos y las corredoras, el sector salmonero habría pasado a una fase especulativa que se presenta luego de una crisis “histórica”. Las concesiones que les fueron entregadas gratuitamente, por tanto, servirían para generar una gran cantidad de dinero.
Juan Carlos Cárdenas de Ecoceanos cuestionó la concentración económica que se producirá con la presencia de compañías transnacionales, principalmente noruegas, españolas y japonesas.
“Cuando vemos el caso de Invemar, que abrió el 30 por ciento de su capital, la mayor parte de eso fue adquirido por las grandes cadenas de comercializadores de supermercados, bancos que son los acreedores y también actores internacionales. Con eso, también el sector de la salmonicultura y de pesca se transnacionalizan en cuanto a la propiedad de las compañías que allí operan. Y todo a costa del medio ambiente y de los bienes de uso públicos nacionales”, sostuvo.
Cárdenas llamó a seguir movilizándose en la región de Magallanes. Esto porque la industria salmonera está desplazándose hacia ese sector y ha solicitado mil 600 nuevas concesiones de salmonicultura que deberán ser decididas por las autoridades en un proceso de zonificación.
El ambientalista dijo que sectores productivos, culturales y sociales han llamado a actuar con calma para evaluar los posibles impactos que tendría esta masiva expansión e incluso sentenció que la evaluación de las zonas está siendo “poco transparentes y sin información pública ni participación de la ciudadanía”.
El cierre de unos de los capítulos más criticados por las organizaciones y trabajadores de la industria del salmón se da paso ante la información de que la Bolsa de Productos cotizará en unos seis meses más las concesiones acuícolas de las salmoneras.
Durante un largo periodo, un amplio sector que integraban agrupaciones, parlamentarios y ambientalistas, dijeron ´no a la privatización del mar´ por el ingreso de modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, que finalmente permitieron la entrega de estas concesiones en garantía para obtener créditos bancarios por la crisis que vivió el sector con el virus ISA.
Ricardo Casas Mayorga, presidente de la Federación de Trabajadores de industrias pesqueras en Puerto Montt, dijo que esto suma más preocupación a la pesca artesanal por las dudas de quiénes serán los dueños de los recursos naturales en Chile.
“A esto no se le puso atajo en su minuto. El gobierno de la Concertación fue el que lo impulsó y hoy no vamos a esperar que lo echen atrás porque es una ley que costó más de un año en que fuera aprobada con todos los tira y afloja que implicó. Lamentablemente, una vez más, no se escuchó a la ciudadanía, tal como ocurrió con la comisión de seguridad en el trabajo donde tampoco fuimos invitados a participar en el debate”, sentenció el dirigente.
Los trabajadores han estado en constante alerta por los miles de despidos que ya se han producido. Por esta razón, Patricio Peñaloza, coordinador del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (OLACH) aseguró que estarán atentos a las nuevas condiciones de los funcionarios.
“El tema principal es que siempre se establezca con quién está la relación laboral. En este caso, hay que fijarse en los intereses de las compañías que van a dar crédito a las salmoneras y, por lo tanto, van a ser actores importantes en el desarrollo de esta industria y la manejarán de acuerdo a criterios financieros. Tenemos que analizar cómo impactan estos criterios en la relación entre las empresas y los trabajadores”, afirmó Peñaloza.
Las organizaciones señalan que con la llegada de los bancos y las corredoras, el sector salmonero habría pasado a una fase especulativa que se presenta luego de una crisis “histórica”. Las concesiones que les fueron entregadas gratuitamente, por tanto, servirían para generar una gran cantidad de dinero.
Juan Carlos Cárdenas de Ecoceanos cuestionó la concentración económica que se producirá con la presencia de compañías transnacionales, principalmente noruegas, españolas y japonesas.
“Cuando vemos el caso de Invemar, que abrió el 30 por ciento de su capital, la mayor parte de eso fue adquirido por las grandes cadenas de comercializadores de supermercados, bancos que son los acreedores y también actores internacionales. Con eso, también el sector de la salmonicultura y de pesca se transnacionalizan en cuanto a la propiedad de las compañías que allí operan. Y todo a costa del medio ambiente y de los bienes de uso públicos nacionales”, sostuvo.
Cárdenas llamó a seguir movilizándose en la región de Magallanes. Esto porque la industria salmonera está desplazándose hacia ese sector y ha solicitado mil 600 nuevas concesiones de salmonicultura que deberán ser decididas por las autoridades en un proceso de zonificación.
El ambientalista dijo que sectores productivos, culturales y sociales han llamado a actuar con calma para evaluar los posibles impactos que tendría esta masiva expansión e incluso sentenció que la evaluación de las zonas está siendo “poco transparentes y sin información pública ni participación de la ciudadanía”.
El cierre de unos de los capítulos más criticados por las organizaciones y trabajadores de la industria del salmón se da paso ante la información de que la Bolsa de Productos cotizará en unos seis meses más las concesiones acuícolas de las salmoneras.
Durante un largo periodo, un amplio sector que integraban agrupaciones, parlamentarios y ambientalistas, dijeron ´no a la privatización del mar´ por el ingreso de modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura, que finalmente permitieron la entrega de estas concesiones en garantía para obtener créditos bancarios por la crisis que vivió el sector con el virus ISA.
Ricardo Casas Mayorga, presidente de la Federación de Trabajadores de industrias pesqueras en Puerto Montt, dijo que esto suma más preocupación a la pesca artesanal por las dudas de quiénes serán los dueños de los recursos naturales en Chile.
“A esto no se le puso atajo en su minuto. El gobierno de la Concertación fue el que lo impulsó y hoy no vamos a esperar que lo echen atrás porque es una ley que costó más de un año en que fuera aprobada con todos los tira y afloja que implicó. Lamentablemente, una vez más, no se escuchó a la ciudadanía, tal como ocurrió con la comisión de seguridad en el trabajo donde tampoco fuimos invitados a participar en el debate”, sentenció el dirigente.
Los trabajadores han estado en constante alerta por los miles de despidos que ya se han producido. Por esta razón, Patricio Peñaloza, coordinador del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (OLACH) aseguró que estarán atentos a las nuevas condiciones de los funcionarios.
“El tema principal es que siempre se establezca con quién está la relación laboral. En este caso, hay que fijarse en los intereses de las compañías que van a dar crédito a las salmoneras y, por lo tanto, van a ser actores importantes en el desarrollo de esta industria y la manejarán de acuerdo a criterios financieros. Tenemos que analizar cómo impactan estos criterios en la relación entre las empresas y los trabajadores”, afirmó Peñaloza.
Las organizaciones señalan que con la llegada de los bancos y las corredoras, el sector salmonero habría pasado a una fase especulativa que se presenta luego de una crisis “histórica”. Las concesiones que les fueron entregadas gratuitamente, por tanto, servirían para generar una gran cantidad de dinero.
Juan Carlos Cárdenas de Ecoceanos cuestionó la concentración económica que se producirá con la presencia de compañías transnacionales, principalmente noruegas, españolas y japonesas.
“Cuando vemos el caso de Invemar, que abrió el 30 por ciento de su capital, la mayor parte de eso fue adquirido por las grandes cadenas de comercializadores de supermercados, bancos que son los acreedores y también actores internacionales. Con eso, también el sector de la salmonicultura y de pesca se transnacionalizan en cuanto a la propiedad de las compañías que allí operan. Y todo a costa del medio ambiente y de los bienes de uso públicos nacionales”, sostuvo.
Cárdenas llamó a seguir movilizándose en la región de Magallanes. Esto porque la industria salmonera está desplazándose hacia ese sector y ha solicitado mil 600 nuevas concesiones de salmonicultura que deberán ser decididas por las autoridades en un proceso de zonificación.
El ambientalista dijo que sectores productivos, culturales y sociales han llamado a actuar con calma para evaluar los posibles impactos que tendría esta masiva expansión e incluso sentenció que la evaluación de las zonas está siendo “poco transparentes y sin información pública ni participación de la ciudadanía”.
