Trabajadores de Transaraucaria de Transantiago acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se revise el traspaso de la empresa a manos del operador Gran Santiago.
Todo esto, mientras la salud de los empleados que se encuentran en huelga de hambre sigue empeorando después de 21 días de inanición.
Según los trabajadores, la nueva concesión se realizó sin la fiscalización del ministerio de Transportes. Ni a la empresa que dejaba de operar la Zona H del plan de transporte, con sueldos e imposiciones impagas, ni a la compradora, que asegura no tener los fondos para contratar a los 650 funcionarios que quedaron sin trabajo.
Los trabajadores sostienen que hasta ahora la respuesta del Gobierno se ha mantenido en la misma posición: que se trata de un conflicto entre privados. Con esto se buscaría dividir el movimiento de huelga y paro que llevan los empleados de Transaraucaria hace 150 días, pues Gran Santiago sólo ofrece trabajo a 260 personas y el resto quedaría sin solución.
“Estamos solicitando a la Contraloría que se pronuncie sobre la desidia por parte del ministerio de Transportes para permitir la compraventa de acciones de una empresa, sin haber fiscalizado al operador antiguo, que se va con una serie de infracciones, y dejando llegar a un empleador completamente insolvente, que alcanza a pagar solo las remuneraciones del mes de mayo y luego no pudo seguir cumpliendo la obligación de pagar las remuneraciones de los trabajadores”, explicó el vocero de los operarios, Osvaldo Arancibia.
Según Arancibia, la idea sería asegurar los 260 puestos de trabajo según pidió el Gobierno, pero como la empresa no tiene la solvencia económica suficiente, luego despedirlos en un par de meses y dejarlos en las mismas condiciones que se encuentran hoy.
El abogado Alfredo Morgado, quien asesoró la solicitud ante la Contraloría, indicó que el Gobierno quiere lavarse las manos al permitir que otra empresa compre las acciones de Transaraucaria para dejar el problema entre privados.
Según el profesional, habría irregularidades administrativas por parte del ministerio: “Se incumplieron los deberes establecidos y bases de la licitación, deberes que debía fiscalizar el ministerio de Transportes. No puede ser que no se hayan cumplido todas las obligaciones laborales previsionales. Además, en definitiva, violenta y transgrede las propias bases de licitación, puesto que la nueva empresa no tenía la capacidad económica suficiente. Prueba de ello, es que alcanzó a pagar los sueldos cuánto: un mes. ¿Y qué hace el Gobierno? Le da la espalda a la gente y deja caer a los trabajadores”, acusó.
La presidenta del PPD, Carolina Tohá, también apoyó los antecedentes presentados ante la Contraloría y argumentó que el Gobierno no se puede desentender de su responsabilidad con los trabajadores, menos los pertenecientes a un plan de transportes diseñado por el Estado.
“Se hizo una licitación, ganó una empresa, tuvo que mostrar que tenía ese patrimonio, después le vende la concesión a otras personas que no tienen el patrimonio y el ministerio se desentiende, como si no importara. Ahora estos nuevos propietarios dicen ‘nosotros no podemos responder a estas obligaciones porque no tenemos patrimonio’. Es como un chiste, no costaría nada entonces ganar una licitación con una gran empresa y después se le venden los derechos a otros sin cumplir ningún requisito”, dijo Tohá.
A la salida de la presentación ante Contraloría, trabajadoras de Farmacias Ahumada esperaron a Carolina Tohá para solicitarle su apoyo en las demandas que las mantienen en huelga por 17 días.
Trabajadores de Transaraucaria de Transantiago acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se revise el traspaso de la empresa a manos del operador Gran Santiago.
Todo esto, mientras la salud de los empleados que se encuentran en huelga de hambre sigue empeorando después de 21 días de inanición.
Según los trabajadores, la nueva concesión se realizó sin la fiscalización del ministerio de Transportes. Ni a la empresa que dejaba de operar la Zona H del plan de transporte, con sueldos e imposiciones impagas, ni a la compradora, que asegura no tener los fondos para contratar a los 650 funcionarios que quedaron sin trabajo.
Los trabajadores sostienen que hasta ahora la respuesta del Gobierno se ha mantenido en la misma posición: que se trata de un conflicto entre privados. Con esto se buscaría dividir el movimiento de huelga y paro que llevan los empleados de Transaraucaria hace 150 días, pues Gran Santiago sólo ofrece trabajo a 260 personas y el resto quedaría sin solución.
“Estamos solicitando a la Contraloría que se pronuncie sobre la desidia por parte del ministerio de Transportes para permitir la compraventa de acciones de una empresa, sin haber fiscalizado al operador antiguo, que se va con una serie de infracciones, y dejando llegar a un empleador completamente insolvente, que alcanza a pagar solo las remuneraciones del mes de mayo y luego no pudo seguir cumpliendo la obligación de pagar las remuneraciones de los trabajadores”, explicó el vocero de los operarios, Osvaldo Arancibia.
Según Arancibia, la idea sería asegurar los 260 puestos de trabajo según pidió el Gobierno, pero como la empresa no tiene la solvencia económica suficiente, luego despedirlos en un par de meses y dejarlos en las mismas condiciones que se encuentran hoy.
El abogado Alfredo Morgado, quien asesoró la solicitud ante la Contraloría, indicó que el Gobierno quiere lavarse las manos al permitir que otra empresa compre las acciones de Transaraucaria para dejar el problema entre privados.
Según el profesional, habría irregularidades administrativas por parte del ministerio: “Se incumplieron los deberes establecidos y bases de la licitación, deberes que debía fiscalizar el ministerio de Transportes. No puede ser que no se hayan cumplido todas las obligaciones laborales previsionales. Además, en definitiva, violenta y transgrede las propias bases de licitación, puesto que la nueva empresa no tenía la capacidad económica suficiente. Prueba de ello, es que alcanzó a pagar los sueldos cuánto: un mes. ¿Y qué hace el Gobierno? Le da la espalda a la gente y deja caer a los trabajadores”, acusó.
La presidenta del PPD, Carolina Tohá, también apoyó los antecedentes presentados ante la Contraloría y argumentó que el Gobierno no se puede desentender de su responsabilidad con los trabajadores, menos los pertenecientes a un plan de transportes diseñado por el Estado.
“Se hizo una licitación, ganó una empresa, tuvo que mostrar que tenía ese patrimonio, después le vende la concesión a otras personas que no tienen el patrimonio y el ministerio se desentiende, como si no importara. Ahora estos nuevos propietarios dicen ‘nosotros no podemos responder a estas obligaciones porque no tenemos patrimonio’. Es como un chiste, no costaría nada entonces ganar una licitación con una gran empresa y después se le venden los derechos a otros sin cumplir ningún requisito”, dijo Tohá.
A la salida de la presentación ante Contraloría, trabajadoras de Farmacias Ahumada esperaron a Carolina Tohá para solicitarle su apoyo en las demandas que las mantienen en huelga por 17 días.
Trabajadores de Transaraucaria de Transantiago acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se revise el traspaso de la empresa a manos del operador Gran Santiago.
Todo esto, mientras la salud de los empleados que se encuentran en huelga de hambre sigue empeorando después de 21 días de inanición.
Según los trabajadores, la nueva concesión se realizó sin la fiscalización del ministerio de Transportes. Ni a la empresa que dejaba de operar la Zona H del plan de transporte, con sueldos e imposiciones impagas, ni a la compradora, que asegura no tener los fondos para contratar a los 650 funcionarios que quedaron sin trabajo.
Los trabajadores sostienen que hasta ahora la respuesta del Gobierno se ha mantenido en la misma posición: que se trata de un conflicto entre privados. Con esto se buscaría dividir el movimiento de huelga y paro que llevan los empleados de Transaraucaria hace 150 días, pues Gran Santiago sólo ofrece trabajo a 260 personas y el resto quedaría sin solución.
“Estamos solicitando a la Contraloría que se pronuncie sobre la desidia por parte del ministerio de Transportes para permitir la compraventa de acciones de una empresa, sin haber fiscalizado al operador antiguo, que se va con una serie de infracciones, y dejando llegar a un empleador completamente insolvente, que alcanza a pagar solo las remuneraciones del mes de mayo y luego no pudo seguir cumpliendo la obligación de pagar las remuneraciones de los trabajadores”, explicó el vocero de los operarios, Osvaldo Arancibia.
Según Arancibia, la idea sería asegurar los 260 puestos de trabajo según pidió el Gobierno, pero como la empresa no tiene la solvencia económica suficiente, luego despedirlos en un par de meses y dejarlos en las mismas condiciones que se encuentran hoy.
El abogado Alfredo Morgado, quien asesoró la solicitud ante la Contraloría, indicó que el Gobierno quiere lavarse las manos al permitir que otra empresa compre las acciones de Transaraucaria para dejar el problema entre privados.
Según el profesional, habría irregularidades administrativas por parte del ministerio: “Se incumplieron los deberes establecidos y bases de la licitación, deberes que debía fiscalizar el ministerio de Transportes. No puede ser que no se hayan cumplido todas las obligaciones laborales previsionales. Además, en definitiva, violenta y transgrede las propias bases de licitación, puesto que la nueva empresa no tenía la capacidad económica suficiente. Prueba de ello, es que alcanzó a pagar los sueldos cuánto: un mes. ¿Y qué hace el Gobierno? Le da la espalda a la gente y deja caer a los trabajadores”, acusó.
La presidenta del PPD, Carolina Tohá, también apoyó los antecedentes presentados ante la Contraloría y argumentó que el Gobierno no se puede desentender de su responsabilidad con los trabajadores, menos los pertenecientes a un plan de transportes diseñado por el Estado.
“Se hizo una licitación, ganó una empresa, tuvo que mostrar que tenía ese patrimonio, después le vende la concesión a otras personas que no tienen el patrimonio y el ministerio se desentiende, como si no importara. Ahora estos nuevos propietarios dicen ‘nosotros no podemos responder a estas obligaciones porque no tenemos patrimonio’. Es como un chiste, no costaría nada entonces ganar una licitación con una gran empresa y después se le venden los derechos a otros sin cumplir ningún requisito”, dijo Tohá.
A la salida de la presentación ante Contraloría, trabajadoras de Farmacias Ahumada esperaron a Carolina Tohá para solicitarle su apoyo en las demandas que las mantienen en huelga por 17 días.
