Como un retroceso califican agrupaciones vinculadas a los Derechos Humanos el Proyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el ejecutivo para el año 2011, puesto que suprime el financiamiento, otorgado por primera vez en 2009, a instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria como la Corporación Villa Grimaldi y Londres 38.
Además, la polémica iniciativa legal reemplaza este aporte por un fondo concursable abierto a todo tipo de “instituciones colaboradoras” del Estado.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Margarita Romero, presidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi explicó que el año pasado estos espacios de memoria sí recibieron financiamiento estatal para su mantención a través de una glosa de transferencia de la DIBAM, dependiente del Ministerio de Educación.
Margarita Romero advirtió que la alternativa que plantea el Gobierno no les da ninguna seguridad de poder contar con fondos para 2011 e implicaría un claro retroceso: “Según la nueva modalidad son muchas las instituciones que pueden postular y no es seguro que vayamos a ganar una parte de esos dineros, cuando antes por ley se nos transfería una cantidad que aseguraba la mantención (…) Nosotros pensamos que el Estado sí tiene que hacerse cargo de estos espacios”, dijo.
La representante de Villa Grimaldi subrayó que estos espacios son patrimonio de todo Chile y tienen la categoría de monumentos nacionales, es decir, lugares protegidos para trabajar el tema de la memoria y la educación en Derechos Humanos.
En el caso específico de la Corporación Parque por la Paz, Margarita Romero afirmó que estaría en una situación económica muy difícil, puesto que recibe muchos visitantes todos los días del año y necesita mantención, resguardo, personal de atención, entre otros gastos.
Recordemos que se trata de un lugar que funcionó durante la dictadura militar, entre 1974 y 1978, como un centro de secuestro, tortura y exterminio, donde desaparecieron alrededor de 229 personas y donde fueron torturadas 4.500.
Margarita Romero manifestó su sorpresa ante la decisión, dado el compromiso que el Presidente Sebastián Piñera ha declarado públicamente con los Derechos Humanos: “Él nunca ha dicho que va a haber alguna restricción o retroceso en esta materia, al contrario, se ha manifestado a favor de continuar lo que se ha estado haciendo, por promover una cultura de respeto de DDHH, entonces con este paso se contradice”, recalcó.
Las organizaciones afectadas solicitaron al Ejecutivo y al Congreso, a través de un comunicado, que se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Como un retroceso califican agrupaciones vinculadas a los Derechos Humanos el Proyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el ejecutivo para el año 2011, puesto que suprime el financiamiento, otorgado por primera vez en 2009, a instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria como la Corporación Villa Grimaldi y Londres 38.
Además, la polémica iniciativa legal reemplaza este aporte por un fondo concursable abierto a todo tipo de “instituciones colaboradoras” del Estado.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Margarita Romero, presidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi explicó que el año pasado estos espacios de memoria sí recibieron financiamiento estatal para su mantención a través de una glosa de transferencia de la DIBAM, dependiente del Ministerio de Educación.
Margarita Romero advirtió que la alternativa que plantea el Gobierno no les da ninguna seguridad de poder contar con fondos para 2011 e implicaría un claro retroceso: “Según la nueva modalidad son muchas las instituciones que pueden postular y no es seguro que vayamos a ganar una parte de esos dineros, cuando antes por ley se nos transfería una cantidad que aseguraba la mantención (…) Nosotros pensamos que el Estado sí tiene que hacerse cargo de estos espacios”, dijo.
La representante de Villa Grimaldi subrayó que estos espacios son patrimonio de todo Chile y tienen la categoría de monumentos nacionales, es decir, lugares protegidos para trabajar el tema de la memoria y la educación en Derechos Humanos.
En el caso específico de la Corporación Parque por la Paz, Margarita Romero afirmó que estaría en una situación económica muy difícil, puesto que recibe muchos visitantes todos los días del año y necesita mantención, resguardo, personal de atención, entre otros gastos.
Recordemos que se trata de un lugar que funcionó durante la dictadura militar, entre 1974 y 1978, como un centro de secuestro, tortura y exterminio, donde desaparecieron alrededor de 229 personas y donde fueron torturadas 4.500.
Margarita Romero manifestó su sorpresa ante la decisión, dado el compromiso que el Presidente Sebastián Piñera ha declarado públicamente con los Derechos Humanos: “Él nunca ha dicho que va a haber alguna restricción o retroceso en esta materia, al contrario, se ha manifestado a favor de continuar lo que se ha estado haciendo, por promover una cultura de respeto de DDHH, entonces con este paso se contradice”, recalcó.
Las organizaciones afectadas solicitaron al Ejecutivo y al Congreso, a través de un comunicado, que se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Como un retroceso califican agrupaciones vinculadas a los Derechos Humanos el Proyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el ejecutivo para el año 2011, puesto que suprime el financiamiento, otorgado por primera vez en 2009, a instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria como la Corporación Villa Grimaldi y Londres 38.
Además, la polémica iniciativa legal reemplaza este aporte por un fondo concursable abierto a todo tipo de “instituciones colaboradoras” del Estado.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Margarita Romero, presidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi explicó que el año pasado estos espacios de memoria sí recibieron financiamiento estatal para su mantención a través de una glosa de transferencia de la DIBAM, dependiente del Ministerio de Educación.
Margarita Romero advirtió que la alternativa que plantea el Gobierno no les da ninguna seguridad de poder contar con fondos para 2011 e implicaría un claro retroceso: “Según la nueva modalidad son muchas las instituciones que pueden postular y no es seguro que vayamos a ganar una parte de esos dineros, cuando antes por ley se nos transfería una cantidad que aseguraba la mantención (…) Nosotros pensamos que el Estado sí tiene que hacerse cargo de estos espacios”, dijo.
La representante de Villa Grimaldi subrayó que estos espacios son patrimonio de todo Chile y tienen la categoría de monumentos nacionales, es decir, lugares protegidos para trabajar el tema de la memoria y la educación en Derechos Humanos.
En el caso específico de la Corporación Parque por la Paz, Margarita Romero afirmó que estaría en una situación económica muy difícil, puesto que recibe muchos visitantes todos los días del año y necesita mantención, resguardo, personal de atención, entre otros gastos.
Recordemos que se trata de un lugar que funcionó durante la dictadura militar, entre 1974 y 1978, como un centro de secuestro, tortura y exterminio, donde desaparecieron alrededor de 229 personas y donde fueron torturadas 4.500.
Margarita Romero manifestó su sorpresa ante la decisión, dado el compromiso que el Presidente Sebastián Piñera ha declarado públicamente con los Derechos Humanos: “Él nunca ha dicho que va a haber alguna restricción o retroceso en esta materia, al contrario, se ha manifestado a favor de continuar lo que se ha estado haciendo, por promover una cultura de respeto de DDHH, entonces con este paso se contradice”, recalcó.
Las organizaciones afectadas solicitaron al Ejecutivo y al Congreso, a través de un comunicado, que se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
