Mientras diversas organizaciones por la defensa del medio ambiente libran la batalla contra la instalación de nuevas centrales como Hidroaysén, la Corema del Maule decidió aprobar el proyecto que construye dos hidroeléctricas en el Río Achibueno, una de las mayores reservas de biodiversidad del país y zona protegida por el Estado.
Un proyecto que ha recibido el amplio rechazo desde el sector político de forma transversal y de la ciudadanía en general, lo que quedó demostrado en una encuesta realizada por una casa de estudios superiores, donde la iniciativa recibió el 86% de rechazo ciudadano.
El documento constató también que un 59% de los encuestados desconfían de la institucionalidad medioambiental y la transparencia de sus procesos.
“Hemos notado bastantes irregularidades a lo largo de los dos años a los que fue sometido a la evaluación de impacto ambiental. Dentro del plazo legal nunca pudo subsanar todas las observaciones de los servicios públicos del Estado, pero misteriosamente después de vencido el plazo aparecieron los servicios públicos, entre ellos SAG y Conaf, que se declararon conformes con las observaciones a pesar de que la empresa nunca las pudo resolver. Las organizaciones sociales están en constante movilización y no se descarta nada de lo que pueda pasar”, indicó Christian Robles, miembro del Centro Biocultural y Social Achibueno.
Por su parte, el biólogo marino Sigisfredo Bustos, representante en la zona del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), indicó el peligro ambiental que constituye el proyecto porque “pretende cambiar el curso de un río de 70 kilómetros en unos 42 kilómetros, es decir, el 60 por ciento del río va a ser desplazado por medio de canales y tuberías. El ecosistema del cajón del río Achibueno es un sistema muy frágil con varias especies en peligro de extinción tanto de la flora y la fauna. Los caminos pasan a distancia menores a las permitidas en la legislación ambiental chilena y para lo que la empresa ofrece hacer medidas mitigadoras que no corresponden al impacto causado”, precisó el experto.
Bustos añadió que en dicho cajón hay naranjillo y otras especies vegetales, también vive el pájaro carpintero negro, el pato cortacorriente y loro tricahue, especies amenazadas que habitan en nuestro país y que podrían desaparecer.
Por otro lado, el proyecto de la empresa Hidroeléctrica “Centinela Limitada”, de la Sociedad “Electro Austral Generación Limitada”, contempla la construcción de dos centrales: El Castillo y Centinela, las que, para el especialista, entregarán una potencia energética muy insuficiente frente el costo ambiental de la operación.
“La central aportaría 135 mega watts. En la actualidad la generación de energía eléctrica en Chile alcanza a 14 mil mega watts, esto es el 0,01 por ciento y representa la milésima parte de la energía total. Si lo miramos en términos muy simples es como prender o apagar una ampolleta entre mil. Además esta energía tiene dueño, la está financiando un señor que es minero. Lo más probable es que él genere energía en Linares, destruye el ecosistema, recupera la energía en el norte y la utiliza en sus minas. No es para el consumo de las personas”, señaló Bustos.
Por esta razón las distintas organizaciones efectuarán una reclamación como afectados ante el consejo de ministros, con la esperanza de no tener que acudir a la vía judicial. Sin embargo, advierten que recurrirán a cortes internacionales en caso de ser necesario para proteger la biodiversidad y el medioambiente.
Mientras diversas organizaciones por la defensa del medio ambiente libran la batalla contra la instalación de nuevas centrales como Hidroaysén, la Corema del Maule decidió aprobar el proyecto que construye dos hidroeléctricas en el Río Achibueno, una de las mayores reservas de biodiversidad del país y zona protegida por el Estado.
Un proyecto que ha recibido el amplio rechazo desde el sector político de forma transversal y de la ciudadanía en general, lo que quedó demostrado en una encuesta realizada por una casa de estudios superiores, donde la iniciativa recibió el 86% de rechazo ciudadano.
El documento constató también que un 59% de los encuestados desconfían de la institucionalidad medioambiental y la transparencia de sus procesos.
“Hemos notado bastantes irregularidades a lo largo de los dos años a los que fue sometido a la evaluación de impacto ambiental. Dentro del plazo legal nunca pudo subsanar todas las observaciones de los servicios públicos del Estado, pero misteriosamente después de vencido el plazo aparecieron los servicios públicos, entre ellos SAG y Conaf, que se declararon conformes con las observaciones a pesar de que la empresa nunca las pudo resolver. Las organizaciones sociales están en constante movilización y no se descarta nada de lo que pueda pasar”, indicó Christian Robles, miembro del Centro Biocultural y Social Achibueno.
Por su parte, el biólogo marino Sigisfredo Bustos, representante en la zona del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), indicó el peligro ambiental que constituye el proyecto porque “pretende cambiar el curso de un río de 70 kilómetros en unos 42 kilómetros, es decir, el 60 por ciento del río va a ser desplazado por medio de canales y tuberías. El ecosistema del cajón del río Achibueno es un sistema muy frágil con varias especies en peligro de extinción tanto de la flora y la fauna. Los caminos pasan a distancia menores a las permitidas en la legislación ambiental chilena y para lo que la empresa ofrece hacer medidas mitigadoras que no corresponden al impacto causado”, precisó el experto.
Bustos añadió que en dicho cajón hay naranjillo y otras especies vegetales, también vive el pájaro carpintero negro, el pato cortacorriente y loro tricahue, especies amenazadas que habitan en nuestro país y que podrían desaparecer.
Por otro lado, el proyecto de la empresa Hidroeléctrica “Centinela Limitada”, de la Sociedad “Electro Austral Generación Limitada”, contempla la construcción de dos centrales: El Castillo y Centinela, las que, para el especialista, entregarán una potencia energética muy insuficiente frente el costo ambiental de la operación.
“La central aportaría 135 mega watts. En la actualidad la generación de energía eléctrica en Chile alcanza a 14 mil mega watts, esto es el 0,01 por ciento y representa la milésima parte de la energía total. Si lo miramos en términos muy simples es como prender o apagar una ampolleta entre mil. Además esta energía tiene dueño, la está financiando un señor que es minero. Lo más probable es que él genere energía en Linares, destruye el ecosistema, recupera la energía en el norte y la utiliza en sus minas. No es para el consumo de las personas”, señaló Bustos.
Por esta razón las distintas organizaciones efectuarán una reclamación como afectados ante el consejo de ministros, con la esperanza de no tener que acudir a la vía judicial. Sin embargo, advierten que recurrirán a cortes internacionales en caso de ser necesario para proteger la biodiversidad y el medioambiente.
Mientras diversas organizaciones por la defensa del medio ambiente libran la batalla contra la instalación de nuevas centrales como Hidroaysén, la Corema del Maule decidió aprobar el proyecto que construye dos hidroeléctricas en el Río Achibueno, una de las mayores reservas de biodiversidad del país y zona protegida por el Estado.
Un proyecto que ha recibido el amplio rechazo desde el sector político de forma transversal y de la ciudadanía en general, lo que quedó demostrado en una encuesta realizada por una casa de estudios superiores, donde la iniciativa recibió el 86% de rechazo ciudadano.
El documento constató también que un 59% de los encuestados desconfían de la institucionalidad medioambiental y la transparencia de sus procesos.
“Hemos notado bastantes irregularidades a lo largo de los dos años a los que fue sometido a la evaluación de impacto ambiental. Dentro del plazo legal nunca pudo subsanar todas las observaciones de los servicios públicos del Estado, pero misteriosamente después de vencido el plazo aparecieron los servicios públicos, entre ellos SAG y Conaf, que se declararon conformes con las observaciones a pesar de que la empresa nunca las pudo resolver. Las organizaciones sociales están en constante movilización y no se descarta nada de lo que pueda pasar”, indicó Christian Robles, miembro del Centro Biocultural y Social Achibueno.
Por su parte, el biólogo marino Sigisfredo Bustos, representante en la zona del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), indicó el peligro ambiental que constituye el proyecto porque “pretende cambiar el curso de un río de 70 kilómetros en unos 42 kilómetros, es decir, el 60 por ciento del río va a ser desplazado por medio de canales y tuberías. El ecosistema del cajón del río Achibueno es un sistema muy frágil con varias especies en peligro de extinción tanto de la flora y la fauna. Los caminos pasan a distancia menores a las permitidas en la legislación ambiental chilena y para lo que la empresa ofrece hacer medidas mitigadoras que no corresponden al impacto causado”, precisó el experto.
Bustos añadió que en dicho cajón hay naranjillo y otras especies vegetales, también vive el pájaro carpintero negro, el pato cortacorriente y loro tricahue, especies amenazadas que habitan en nuestro país y que podrían desaparecer.
Por otro lado, el proyecto de la empresa Hidroeléctrica “Centinela Limitada”, de la Sociedad “Electro Austral Generación Limitada”, contempla la construcción de dos centrales: El Castillo y Centinela, las que, para el especialista, entregarán una potencia energética muy insuficiente frente el costo ambiental de la operación.
“La central aportaría 135 mega watts. En la actualidad la generación de energía eléctrica en Chile alcanza a 14 mil mega watts, esto es el 0,01 por ciento y representa la milésima parte de la energía total. Si lo miramos en términos muy simples es como prender o apagar una ampolleta entre mil. Además esta energía tiene dueño, la está financiando un señor que es minero. Lo más probable es que él genere energía en Linares, destruye el ecosistema, recupera la energía en el norte y la utiliza en sus minas. No es para el consumo de las personas”, señaló Bustos.
Por esta razón las distintas organizaciones efectuarán una reclamación como afectados ante el consejo de ministros, con la esperanza de no tener que acudir a la vía judicial. Sin embargo, advierten que recurrirán a cortes internacionales en caso de ser necesario para proteger la biodiversidad y el medioambiente.
