Durante el terremoto del pasado 27 de febrero, los cuatro integrantes de la familia Gálvez Chamorro de la localidad de Pencahue, en la Región del Maule, murieron luego de que un relave minero cercano se desbordara y arrasara con su casa.
Familiares de los fallecidos llegaron hoy hasta el Palacio de La Moneda para solicitar al Gobierno que interceda para entregar una solución sobre el tema, pedir justicia y solicitar una indemnización.
“Como no se ha hecho nada, estamos pidiendo justicia. Que se castigue a los responsables. Como sabemos que ellos no van a ir a la cárcel, esperemos que indemnicen a las familias de las cuatro personas que murieron. Vamos a esperar respuesta, dijeron que en 20 días más nos podrían dar respuesta. Esperemos a ver qué respuesta nos van a dar”, dijo Mercedes Chamorro, cuya hermana Alicia es una de las fallecidas en la tragedia.
La ministra vocera de Gobierno, Ena von Baer, escuetamente manifestó que el Ejecutivo presentó un proyecto para solucionar el tema de los cierres de las minas.
La iniciativa, sin embargo, relaja absolutamente los requisitos para terminar con las faenas extractivas y facilita, según algunos, el abandono de residuos altamente tóxicos para la salud.
En el Congreso, el ministro de Minería, Laurence Golborne, se refirió ayer al tema descartando que exista una flexibilización y un secretismo respecto de la normativa propuesta por el Ejecutivo.
“Hay absoluta transparencia en esta materia. Existe una Ley de Transparencia, que ustedes mismos como periodistas utilizan muchas veces para pedir información, por lo tanto, en esa materia está bastante cubierto”, dijo el secretario de Estado.
“Más importante que eso, lo que queremos hacer en Sernageomin es un mapa de riesgo a nivel nacional, porque el tema no es solo de relaves, también es de aluviones, el tema tiene que ver con una serie de elementos geológicos que son necesarios determinar para ubicar adecuadamente las poblaciones y ciudades donde se desarrollan. Este mapa de riesgo geológico es materia de los trabajos que estamos llevando adelante con Sernageomin”, explicó Golborne.
El tema se tratará hoy en el Parlamento, donde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados conocerá los alcances de la iniciativa legal.
El diputado de la comisión, Enrique Accorsi (PPD), opina que lo que existe es una clara flexibilización del proyecto, pues es un tema que no está bien normado: “Nos parece que lo que se hizo fue relajar absolutamente las normas, para permitir que esos relaves, que son altamente contaminantes, sigan adelante sin ningún problema. Esto es como un blanqueo absoluto de los relaves. Incluso hay una cantidad de relaves clandestinos que no cumplen ninguna norma. Queremos que la ley que se va a discutir sea realmente transparente y dé garantías”, declaró.
El relave desbordado en Pencahue pertenecía a la mina Las Palmas, propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz, y forma parte de una realidad que mantiene a más de 200 localidades amenazadas por desechos abandonados en todo el país, con un inminente peligro tóxico para sus habitantes.
Durante el terremoto del pasado 27 de febrero, los cuatro integrantes de la familia Gálvez Chamorro de la localidad de Pencahue, en la Región del Maule, murieron luego de que un relave minero cercano se desbordara y arrasara con su casa.
Familiares de los fallecidos llegaron hoy hasta el Palacio de La Moneda para solicitar al Gobierno que interceda para entregar una solución sobre el tema, pedir justicia y solicitar una indemnización.
“Como no se ha hecho nada, estamos pidiendo justicia. Que se castigue a los responsables. Como sabemos que ellos no van a ir a la cárcel, esperemos que indemnicen a las familias de las cuatro personas que murieron. Vamos a esperar respuesta, dijeron que en 20 días más nos podrían dar respuesta. Esperemos a ver qué respuesta nos van a dar”, dijo Mercedes Chamorro, cuya hermana Alicia es una de las fallecidas en la tragedia.
La ministra vocera de Gobierno, Ena von Baer, escuetamente manifestó que el Ejecutivo presentó un proyecto para solucionar el tema de los cierres de las minas.
La iniciativa, sin embargo, relaja absolutamente los requisitos para terminar con las faenas extractivas y facilita, según algunos, el abandono de residuos altamente tóxicos para la salud.
En el Congreso, el ministro de Minería, Laurence Golborne, se refirió ayer al tema descartando que exista una flexibilización y un secretismo respecto de la normativa propuesta por el Ejecutivo.
“Hay absoluta transparencia en esta materia. Existe una Ley de Transparencia, que ustedes mismos como periodistas utilizan muchas veces para pedir información, por lo tanto, en esa materia está bastante cubierto”, dijo el secretario de Estado.
“Más importante que eso, lo que queremos hacer en Sernageomin es un mapa de riesgo a nivel nacional, porque el tema no es solo de relaves, también es de aluviones, el tema tiene que ver con una serie de elementos geológicos que son necesarios determinar para ubicar adecuadamente las poblaciones y ciudades donde se desarrollan. Este mapa de riesgo geológico es materia de los trabajos que estamos llevando adelante con Sernageomin”, explicó Golborne.
El tema se tratará hoy en el Parlamento, donde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados conocerá los alcances de la iniciativa legal.
El diputado de la comisión, Enrique Accorsi (PPD), opina que lo que existe es una clara flexibilización del proyecto, pues es un tema que no está bien normado: “Nos parece que lo que se hizo fue relajar absolutamente las normas, para permitir que esos relaves, que son altamente contaminantes, sigan adelante sin ningún problema. Esto es como un blanqueo absoluto de los relaves. Incluso hay una cantidad de relaves clandestinos que no cumplen ninguna norma. Queremos que la ley que se va a discutir sea realmente transparente y dé garantías”, declaró.
El relave desbordado en Pencahue pertenecía a la mina Las Palmas, propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz, y forma parte de una realidad que mantiene a más de 200 localidades amenazadas por desechos abandonados en todo el país, con un inminente peligro tóxico para sus habitantes.
Durante el terremoto del pasado 27 de febrero, los cuatro integrantes de la familia Gálvez Chamorro de la localidad de Pencahue, en la Región del Maule, murieron luego de que un relave minero cercano se desbordara y arrasara con su casa.
Familiares de los fallecidos llegaron hoy hasta el Palacio de La Moneda para solicitar al Gobierno que interceda para entregar una solución sobre el tema, pedir justicia y solicitar una indemnización.
“Como no se ha hecho nada, estamos pidiendo justicia. Que se castigue a los responsables. Como sabemos que ellos no van a ir a la cárcel, esperemos que indemnicen a las familias de las cuatro personas que murieron. Vamos a esperar respuesta, dijeron que en 20 días más nos podrían dar respuesta. Esperemos a ver qué respuesta nos van a dar”, dijo Mercedes Chamorro, cuya hermana Alicia es una de las fallecidas en la tragedia.
La ministra vocera de Gobierno, Ena von Baer, escuetamente manifestó que el Ejecutivo presentó un proyecto para solucionar el tema de los cierres de las minas.
La iniciativa, sin embargo, relaja absolutamente los requisitos para terminar con las faenas extractivas y facilita, según algunos, el abandono de residuos altamente tóxicos para la salud.
En el Congreso, el ministro de Minería, Laurence Golborne, se refirió ayer al tema descartando que exista una flexibilización y un secretismo respecto de la normativa propuesta por el Ejecutivo.
“Hay absoluta transparencia en esta materia. Existe una Ley de Transparencia, que ustedes mismos como periodistas utilizan muchas veces para pedir información, por lo tanto, en esa materia está bastante cubierto”, dijo el secretario de Estado.
“Más importante que eso, lo que queremos hacer en Sernageomin es un mapa de riesgo a nivel nacional, porque el tema no es solo de relaves, también es de aluviones, el tema tiene que ver con una serie de elementos geológicos que son necesarios determinar para ubicar adecuadamente las poblaciones y ciudades donde se desarrollan. Este mapa de riesgo geológico es materia de los trabajos que estamos llevando adelante con Sernageomin”, explicó Golborne.
El tema se tratará hoy en el Parlamento, donde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados conocerá los alcances de la iniciativa legal.
El diputado de la comisión, Enrique Accorsi (PPD), opina que lo que existe es una clara flexibilización del proyecto, pues es un tema que no está bien normado: “Nos parece que lo que se hizo fue relajar absolutamente las normas, para permitir que esos relaves, que son altamente contaminantes, sigan adelante sin ningún problema. Esto es como un blanqueo absoluto de los relaves. Incluso hay una cantidad de relaves clandestinos que no cumplen ninguna norma. Queremos que la ley que se va a discutir sea realmente transparente y dé garantías”, declaró.
El relave desbordado en Pencahue pertenecía a la mina Las Palmas, propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz, y forma parte de una realidad que mantiene a más de 200 localidades amenazadas por desechos abandonados en todo el país, con un inminente peligro tóxico para sus habitantes.
