La comunidad de Caimanes aseguró que no bajará los brazos frente a la minera Los Pelambres a la que exigen clausurar el tranque de relaves mineros tóxicos “El Mauro”, que se ubica a sólo algunos kilómetros de su poblado en la región de Coquimbo.
Esta semana los pobladores radicalizaron su medida de presión y cuatro de los once manifestantes que mantienen una huelga de hambre hace más de un mes, iniciaron un ayuno seco, que ya ha debilitado fuertemente su estado de salud.
El alabado ministro de minería por el rescate de los 33 mineros, Laurence Golborne, esta vez ha dicho que “es un problema entre privados”. Sin embargo, el vocero de los huelguistas, Cristián Flores, insiste en que hay responsabilidad de las autoridades.
“El que está poniendo las trabas y no se está poniendo las pilas es el Gobierno. Están haciendo oídos sordos porque dicen que no es culpa de ellos, pero fueron los funcionarios del Ejecutivo los que dieron los permisos para que este tranque comenzara a funcionar. Las autoridades tienen tanta responsabilidad como la minera y tiene que hacerse parte y obligar a la compañía a sentarse con la comunidad”, afirmó.
Hasta el momento, la minera ligada al grupo Luksic no ha demostrado intenciones de clausurar el tranque, pero sí ha manifestado su disponibilidad para trabajar en un plan de erradicación para los habitantes de Caimanes. Pero es precisamente en este punto donde se produce un quiebre, ya que los afectados solicitan una indemnización si es que van a dejar sus hogares y su actividad económica, condición que fue negada por la empresa.
Pero la situación de los tranques de relave es preocupante en otros casos a lo largo del país. En este sentido, la ambientalista e investigadora Paola Vasconi, dijo que es necesario revisar los registros y hacer cumplir la legalidad.
“Claramente uno apelaría aquí al Estado chileno porque si ya cuentan con un catastro de la ubicación de estos tranques de relave a lo largo del país, lo primero que deberían hacer es poner esa información a disposición de la gente. Eso sin el ánimo de generar alarma en la población, pero sí para prevenir en términos de que se esté conocimiento de los riesgos a los que está expuesta”, afirmó la experta.
Paola Vasconi aclaró que la prevención es primordial en estos casos, de para evitar que se repitan accidentes lamentables que afectan la vida de distintas comunidades a lo largo del país.
La comunidad de Caimanes aseguró que no bajará los brazos frente a la minera Los Pelambres a la que exigen clausurar el tranque de relaves mineros tóxicos “El Mauro”, que se ubica a sólo algunos kilómetros de su poblado en la región de Coquimbo.
Esta semana los pobladores radicalizaron su medida de presión y cuatro de los once manifestantes que mantienen una huelga de hambre hace más de un mes, iniciaron un ayuno seco, que ya ha debilitado fuertemente su estado de salud.
El alabado ministro de minería por el rescate de los 33 mineros, Laurence Golborne, esta vez ha dicho que “es un problema entre privados”. Sin embargo, el vocero de los huelguistas, Cristián Flores, insiste en que hay responsabilidad de las autoridades.
“El que está poniendo las trabas y no se está poniendo las pilas es el Gobierno. Están haciendo oídos sordos porque dicen que no es culpa de ellos, pero fueron los funcionarios del Ejecutivo los que dieron los permisos para que este tranque comenzara a funcionar. Las autoridades tienen tanta responsabilidad como la minera y tiene que hacerse parte y obligar a la compañía a sentarse con la comunidad”, afirmó.
Hasta el momento, la minera ligada al grupo Luksic no ha demostrado intenciones de clausurar el tranque, pero sí ha manifestado su disponibilidad para trabajar en un plan de erradicación para los habitantes de Caimanes. Pero es precisamente en este punto donde se produce un quiebre, ya que los afectados solicitan una indemnización si es que van a dejar sus hogares y su actividad económica, condición que fue negada por la empresa.
Pero la situación de los tranques de relave es preocupante en otros casos a lo largo del país. En este sentido, la ambientalista e investigadora Paola Vasconi, dijo que es necesario revisar los registros y hacer cumplir la legalidad.
“Claramente uno apelaría aquí al Estado chileno porque si ya cuentan con un catastro de la ubicación de estos tranques de relave a lo largo del país, lo primero que deberían hacer es poner esa información a disposición de la gente. Eso sin el ánimo de generar alarma en la población, pero sí para prevenir en términos de que se esté conocimiento de los riesgos a los que está expuesta”, afirmó la experta.
Paola Vasconi aclaró que la prevención es primordial en estos casos, de para evitar que se repitan accidentes lamentables que afectan la vida de distintas comunidades a lo largo del país.
La comunidad de Caimanes aseguró que no bajará los brazos frente a la minera Los Pelambres a la que exigen clausurar el tranque de relaves mineros tóxicos “El Mauro”, que se ubica a sólo algunos kilómetros de su poblado en la región de Coquimbo.
Esta semana los pobladores radicalizaron su medida de presión y cuatro de los once manifestantes que mantienen una huelga de hambre hace más de un mes, iniciaron un ayuno seco, que ya ha debilitado fuertemente su estado de salud.
El alabado ministro de minería por el rescate de los 33 mineros, Laurence Golborne, esta vez ha dicho que “es un problema entre privados”. Sin embargo, el vocero de los huelguistas, Cristián Flores, insiste en que hay responsabilidad de las autoridades.
“El que está poniendo las trabas y no se está poniendo las pilas es el Gobierno. Están haciendo oídos sordos porque dicen que no es culpa de ellos, pero fueron los funcionarios del Ejecutivo los que dieron los permisos para que este tranque comenzara a funcionar. Las autoridades tienen tanta responsabilidad como la minera y tiene que hacerse parte y obligar a la compañía a sentarse con la comunidad”, afirmó.
Hasta el momento, la minera ligada al grupo Luksic no ha demostrado intenciones de clausurar el tranque, pero sí ha manifestado su disponibilidad para trabajar en un plan de erradicación para los habitantes de Caimanes. Pero es precisamente en este punto donde se produce un quiebre, ya que los afectados solicitan una indemnización si es que van a dejar sus hogares y su actividad económica, condición que fue negada por la empresa.
Pero la situación de los tranques de relave es preocupante en otros casos a lo largo del país. En este sentido, la ambientalista e investigadora Paola Vasconi, dijo que es necesario revisar los registros y hacer cumplir la legalidad.
“Claramente uno apelaría aquí al Estado chileno porque si ya cuentan con un catastro de la ubicación de estos tranques de relave a lo largo del país, lo primero que deberían hacer es poner esa información a disposición de la gente. Eso sin el ánimo de generar alarma en la población, pero sí para prevenir en términos de que se esté conocimiento de los riesgos a los que está expuesta”, afirmó la experta.
Paola Vasconi aclaró que la prevención es primordial en estos casos, de para evitar que se repitan accidentes lamentables que afectan la vida de distintas comunidades a lo largo del país.
