Durante más de diez horas, los dirigentes de los funcionarios asistentes de la educación municipal agrupados en Confemuch ocuparon la sala de reuniones de la Subsecretaría de Educación para solicitar una respuesta a sus demandas.
La negociación con el Mineduc comenzó en abril pasado, después que el Gobierno comprometiera la elaboración de una normativa para el sector que agrupa a inspectores, auxiliares y administrativos de la educación.
Los funcionarios consensuaron una propuesta de nueve puntos luego que el ministerio solicitara trabajar en una agenda corta, pero las negociaciones terminaron abruptamente en junio.
El propio ministro Joaquín Lavín fue quien dio un plazo de 30 días para entregar una respuesta a las demandas. El plazo venció el miércoles y el Gobierno sólo aceptó un punto de la propuesta, lo que es considerado inaceptable por los funcionarios.
El presidente de los funcionarios, Arturo Escares, explicó que “no apareció el ministro ni los subsecretarios y nos entrega, de esos nueve puntos, solo uno que tiene que ver con el tema del incentivo al retiro. En eso, nos está ofreciendo 11 meses, con costo a los propios municipios, y un bono adicional de 1 millón 250 mil pesos. O sea, lo que le está ofreciendo al asistente de educación, que ha dado su vida en los establecimientos educaciones, que incluso tenemos auxiliares hasta 80 años, estarían recibiendo no más allá de 4 millones de pesos. Eso significa”.
Dentro de la agenda de nueve puntos está la mejora del bono dispuesto en la ley 19.464 para los asistentes de la educación que, según ellos, no supera los 400 pesos mensuales.
Los funcionarios piden un compromiso por escrito de las propuestas hechas por el subsecretario de Educación y que sea el mismo Lavín quien lo haga. Luego de un encuentro la tarde de ayer con los dirigentes, el ministro quedó de reunirse con ellos la próxima semana.
Durante más de diez horas, los dirigentes de los funcionarios asistentes de la educación municipal agrupados en Confemuch ocuparon la sala de reuniones de la Subsecretaría de Educación para solicitar una respuesta a sus demandas.
La negociación con el Mineduc comenzó en abril pasado, después que el Gobierno comprometiera la elaboración de una normativa para el sector que agrupa a inspectores, auxiliares y administrativos de la educación.
Los funcionarios consensuaron una propuesta de nueve puntos luego que el ministerio solicitara trabajar en una agenda corta, pero las negociaciones terminaron abruptamente en junio.
El propio ministro Joaquín Lavín fue quien dio un plazo de 30 días para entregar una respuesta a las demandas. El plazo venció el miércoles y el Gobierno sólo aceptó un punto de la propuesta, lo que es considerado inaceptable por los funcionarios.
El presidente de los funcionarios, Arturo Escares, explicó que “no apareció el ministro ni los subsecretarios y nos entrega, de esos nueve puntos, solo uno que tiene que ver con el tema del incentivo al retiro. En eso, nos está ofreciendo 11 meses, con costo a los propios municipios, y un bono adicional de 1 millón 250 mil pesos. O sea, lo que le está ofreciendo al asistente de educación, que ha dado su vida en los establecimientos educaciones, que incluso tenemos auxiliares hasta 80 años, estarían recibiendo no más allá de 4 millones de pesos. Eso significa”.
Dentro de la agenda de nueve puntos está la mejora del bono dispuesto en la ley 19.464 para los asistentes de la educación que, según ellos, no supera los 400 pesos mensuales.
Los funcionarios piden un compromiso por escrito de las propuestas hechas por el subsecretario de Educación y que sea el mismo Lavín quien lo haga. Luego de un encuentro la tarde de ayer con los dirigentes, el ministro quedó de reunirse con ellos la próxima semana.
Durante más de diez horas, los dirigentes de los funcionarios asistentes de la educación municipal agrupados en Confemuch ocuparon la sala de reuniones de la Subsecretaría de Educación para solicitar una respuesta a sus demandas.
La negociación con el Mineduc comenzó en abril pasado, después que el Gobierno comprometiera la elaboración de una normativa para el sector que agrupa a inspectores, auxiliares y administrativos de la educación.
Los funcionarios consensuaron una propuesta de nueve puntos luego que el ministerio solicitara trabajar en una agenda corta, pero las negociaciones terminaron abruptamente en junio.
El propio ministro Joaquín Lavín fue quien dio un plazo de 30 días para entregar una respuesta a las demandas. El plazo venció el miércoles y el Gobierno sólo aceptó un punto de la propuesta, lo que es considerado inaceptable por los funcionarios.
El presidente de los funcionarios, Arturo Escares, explicó que “no apareció el ministro ni los subsecretarios y nos entrega, de esos nueve puntos, solo uno que tiene que ver con el tema del incentivo al retiro. En eso, nos está ofreciendo 11 meses, con costo a los propios municipios, y un bono adicional de 1 millón 250 mil pesos. O sea, lo que le está ofreciendo al asistente de educación, que ha dado su vida en los establecimientos educaciones, que incluso tenemos auxiliares hasta 80 años, estarían recibiendo no más allá de 4 millones de pesos. Eso significa”.
Dentro de la agenda de nueve puntos está la mejora del bono dispuesto en la ley 19.464 para los asistentes de la educación que, según ellos, no supera los 400 pesos mensuales.
Los funcionarios piden un compromiso por escrito de las propuestas hechas por el subsecretario de Educación y que sea el mismo Lavín quien lo haga. Luego de un encuentro la tarde de ayer con los dirigentes, el ministro quedó de reunirse con ellos la próxima semana.
