Las declaraciones de los rectores de las universidades estatales toman forma después de la última sesión mensual del Consejo que los reúne.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Víctor Pérez, informó que en el próximo presupuesto, la “Educación Superior no es una prioridad”.
“Creemos como Consejo de Rectores que, vía instrumentos de financiamiento, se está imponiendo una política pública sin el debido debate nacional. Abrir convenios de desempeño para universidades distintas al Consejo de Rectores, en la práctica, está imponiendo una política pública, toda vez que hoy -en la práctica- hay universidades que persiguen fines de lucro, se compran y se venden y no hay esquemas de calidad. Por lo tanto, creemos que lo que se está haciendo es mantener los recursos públicos, aumentando los postulantes”, dijo.
La preocupación se mantiene por la amplitud de ciertos beneficios a universidades fuera del CRUCH. Al respecto, el rector Pérez aseguró que “eso tiene consecuencias en la calidad y en la cobertura”.
Por esta razón, agregó que si se quiere imponer esta política pública tiene que haber un debate nacional.
Otro punto de preocupación, dijo el rector de la Universidad de Chile, son varios ítems sobre financiamiento: “Lamentamos el congelamiento de los fondos de Crédito Solidario con el riesgo de dejar a una cohorte completa de estudiantes sin apoyo del Estado; también que se haya eliminado el Aporte Fiscal Indirecto 2, que aunque estaba planteado anteriormente no había sido puesto en práctica, pero ahora simplemente se elimina. Consideramos que es muy positivo el aumento de recursos para Fondecyt, pero lamentamos la disminución de fondos regionales en ciencia e innovación, y también los recursos destinados a la investigación asociativa. En otras palabras, aunque se dice que el presupuesto aumenta un 8%, eso es el promedio de todo el aumento”, aseguró.
Por otra parte, el Consejo respondió positivamente a la iniciativa del gobierno de validar los puntajes de la PSU por un período de dos años. La medida comenzará a regir con la prueba que se realizará a fin de año, pero las autoridades universitarias aclararon que siempre se considerará como válida la última rendición.
En este escenario, el Consorcio de universidades estatales se reunió con la Federación de Académicos de Chile, la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales, la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, la Confederación de Estudiantes de Chile, entre otros, y formó un Frente común.
Las declaraciones de los rectores de las universidades estatales toman forma después de la última sesión mensual del Consejo que los reúne.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Víctor Pérez, informó que en el próximo presupuesto, la “Educación Superior no es una prioridad”.
“Creemos como Consejo de Rectores que, vía instrumentos de financiamiento, se está imponiendo una política pública sin el debido debate nacional. Abrir convenios de desempeño para universidades distintas al Consejo de Rectores, en la práctica, está imponiendo una política pública, toda vez que hoy -en la práctica- hay universidades que persiguen fines de lucro, se compran y se venden y no hay esquemas de calidad. Por lo tanto, creemos que lo que se está haciendo es mantener los recursos públicos, aumentando los postulantes”, dijo.
La preocupación se mantiene por la amplitud de ciertos beneficios a universidades fuera del CRUCH. Al respecto, el rector Pérez aseguró que “eso tiene consecuencias en la calidad y en la cobertura”.
Por esta razón, agregó que si se quiere imponer esta política pública tiene que haber un debate nacional.
Otro punto de preocupación, dijo el rector de la Universidad de Chile, son varios ítems sobre financiamiento: “Lamentamos el congelamiento de los fondos de Crédito Solidario con el riesgo de dejar a una cohorte completa de estudiantes sin apoyo del Estado; también que se haya eliminado el Aporte Fiscal Indirecto 2, que aunque estaba planteado anteriormente no había sido puesto en práctica, pero ahora simplemente se elimina. Consideramos que es muy positivo el aumento de recursos para Fondecyt, pero lamentamos la disminución de fondos regionales en ciencia e innovación, y también los recursos destinados a la investigación asociativa. En otras palabras, aunque se dice que el presupuesto aumenta un 8%, eso es el promedio de todo el aumento”, aseguró.
Por otra parte, el Consejo respondió positivamente a la iniciativa del gobierno de validar los puntajes de la PSU por un período de dos años. La medida comenzará a regir con la prueba que se realizará a fin de año, pero las autoridades universitarias aclararon que siempre se considerará como válida la última rendición.
En este escenario, el Consorcio de universidades estatales se reunió con la Federación de Académicos de Chile, la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales, la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, la Confederación de Estudiantes de Chile, entre otros, y formó un Frente común.
Las declaraciones de los rectores de las universidades estatales toman forma después de la última sesión mensual del Consejo que los reúne.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Víctor Pérez, informó que en el próximo presupuesto, la “Educación Superior no es una prioridad”.
“Creemos como Consejo de Rectores que, vía instrumentos de financiamiento, se está imponiendo una política pública sin el debido debate nacional. Abrir convenios de desempeño para universidades distintas al Consejo de Rectores, en la práctica, está imponiendo una política pública, toda vez que hoy -en la práctica- hay universidades que persiguen fines de lucro, se compran y se venden y no hay esquemas de calidad. Por lo tanto, creemos que lo que se está haciendo es mantener los recursos públicos, aumentando los postulantes”, dijo.
La preocupación se mantiene por la amplitud de ciertos beneficios a universidades fuera del CRUCH. Al respecto, el rector Pérez aseguró que “eso tiene consecuencias en la calidad y en la cobertura”.
Por esta razón, agregó que si se quiere imponer esta política pública tiene que haber un debate nacional.
Otro punto de preocupación, dijo el rector de la Universidad de Chile, son varios ítems sobre financiamiento: “Lamentamos el congelamiento de los fondos de Crédito Solidario con el riesgo de dejar a una cohorte completa de estudiantes sin apoyo del Estado; también que se haya eliminado el Aporte Fiscal Indirecto 2, que aunque estaba planteado anteriormente no había sido puesto en práctica, pero ahora simplemente se elimina. Consideramos que es muy positivo el aumento de recursos para Fondecyt, pero lamentamos la disminución de fondos regionales en ciencia e innovación, y también los recursos destinados a la investigación asociativa. En otras palabras, aunque se dice que el presupuesto aumenta un 8%, eso es el promedio de todo el aumento”, aseguró.
Por otra parte, el Consejo respondió positivamente a la iniciativa del gobierno de validar los puntajes de la PSU por un período de dos años. La medida comenzará a regir con la prueba que se realizará a fin de año, pero las autoridades universitarias aclararon que siempre se considerará como válida la última rendición.
En este escenario, el Consorcio de universidades estatales se reunió con la Federación de Académicos de Chile, la Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales, la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, la Confederación de Estudiantes de Chile, entre otros, y formó un Frente común.
