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Políticas migratorias en Europa: jugando en la cornisa de la discriminación

La crisis migratoria en Grecia, la expulsión de los gitanos y la prohibición del uso de la burka en Francia, son algunas de las fuertes señales que ha estado enviando el Viejo Continente en contra de los extranjeros que residen en sus fronteras. Si bien, parte de este fenómeno se explicaría por la profunda crisis económica en la que ha estado sumida Europa desde 2008, los expertos aseguran que no se puede terminar discriminando a los grupos que, finalmente, son los más vulnerables de la sociedad.

Loreto Soto

  Sábado 30 de octubre 2010 18:24 hrs. 
inmigrantes

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“El modelo de sociedad multicultural en Alemania ha fracasado por completo”, aseguraba la canciller germana, Angela Merkel, hace un par de semanas dejando sentir en sus palabras el complejo panorama que se vive en Europa por la situación de los inmigrantes desde hace ya algún tiempo.

Y este año se han producido varios hitos importantes en este sentido. Recientemente, Grecia solicitó la intervención de la Unión Europea (UE) para evitar la entrada de miles de personas de todo el mundo que llegan a través de la frontera con Turquía y que, después de cruzar, quedan abandonados a su suerte en ese país.

Finalmente, el miércoles pasado la UE anunció que enviaría cerca de 200 guardias fronterizos de la Agencia Europea de Vigilancias de Fronteras Exteriores (Frontex) ya que, según las cifras que se manejan, más del 75 por ciento de los casi 40 mil indocumentados detenidos en las fronteras en el primer semestre de 2010 habían entrado por Grecia desde África y Asia. Una situación que Naciones Unidas ya ha calificado como una “crisis humanitaria”.

En Francia, en tanto, se concretó la polémica expulsión de los gitanos que procedían de Rumania y Bulgaria a raíz de una nueva política de seguridad impulsada por el Presidente, Nicolás Sarkozy. Según indicaron las autoridades francesas, el proceso se llevó a cabo a través de un plan de “retiro voluntario”, en el que el Estado galo ofrecía 300 euros a cada adulto y 100 a cada niño gitano para salir del país. Si bien, la medida fue altamente cuestionada por el resto de la comunidad europea por su cariz discriminatorio, desde el resto de las naciones se limitaron a ver si el procedimiento se realizaba “bajo la ley”.

Según el analista internacional, Raúl Sohr, este endurecimiento de las políticas migratorias tendría su germen en la grave crisis económica que ha azotado al viejo continente desde 2008: “Esto ha redundado en una disminución de los puestos de empleo y en una pugna social cada vez mayor. Cuando esto ocurre normalmente la cadena se rompe por el eslabón más débil y en el plano social, lo más débil son los extranjeros”.

En esa línea, Sohr añade que “también se buscan chivos expiatorios. En el pasado fueron los judíos, hoy son los gitanos, en otros países son los musulmanes y las personas que provienen de países islámicos y esto es algo que suele producirse en situaciones de crisis. Pero hay algo más profundo. Los europeos, especialmente en algunos países, no han encontrado la solución para cómo convivir en una misma nación, culturas diferentes”.

De hecho, durante 2010 y también en Francia se prohibió el uso de la burka- prenda que utilizan las mujeres musulmanas que sólo deja al descubierto los ojos – en los espacios públicos galos, argumentando la reivindicación femenina, pero además “porque se debía respetar la tradición cultural del país donde viven”, dijo el Presidente Sarkozy.

Al igual que Sarkozy, en su último discurso sobre inmigración, la canciller alemana, Angela Merkel fue más radical aún y afirmó que “quien no aprenda inmediatamente alemán, no es bienvenido”. Todas políticas que ponen en entredicho el derecho que tienen las personas de expresar sus diferencias culturales, éticas, religiosas y sociales.

En este sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Sergio Laurenti, afirmó que “es importante que los Estados mantengan una posición que sea imparcial respecto de determinados sistemas de creencias o posturas filosóficas. Pero una cosa es la imparcialidad, es decir, cuando el Estado se limita a sí mismo en términos de la utilización de imágenes o de designaciones de carácter religioso y otra cosa es limitar los derechos de las personas y de los habitantes de un país determinado a ejercer los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de culto. Un endurecimiento tan extremo de las medidas para controlar las migraciones no puede tener un final feliz”.

Y es que dentro de la misma comunidad europea existen enfoques diferentes en cada país para regular las diversas culturas que conviven en un mismo territorio. Mientras en Gran Bretaña, las comunidades extranjeras pueden instalarse, mantener sus autoridades y se les reconoce su autonomía, en Francia se mantiene un concepto cultural de ciudadano, donde todos están regidos por la misma ley y tienen los mismos derechos y deberes.

Sin embargo, Raúl Sohr advierte que con todas las medidas que se han aplicado en el último tiempo “lo que está a la vista es que el conjunto de Europa no quiere recibir más inmigrantes”. El experto recordó que cuando se discutió la implementación de una Constitución Europea, países como Holanda y Francia se opusieron en plebiscitos populares en los que votó toda la población, al establecimiento de una Carta Fundamental para todo el continente, precisamente, por el ingreso de Turquía a la UE.

“La razón por la cual se objetó a Turquía, además de porque tiene un nivel de desarrollo algo inferior al resto de Europa, es que el grueso de su población es islámica y hay muchos que quieren que – sobre todo los países católicos – la Unión Europea sea un club cristiano y no desean que entren musulmanes a este club”, sostuvo Sohr.

Sin embargo, el director de Amnistía Internacional subrayó que el “conservadurismo” de ciertos grupos no puede generar políticas que terminen dañando a las minorías.

“Algunos gobiernos lo justifican bajo el argumento de la protección contra la acción terrorista y también la protección de sus propios mercados internos de trabajo. Si bien reconocemos que los Estados tienen que hacer lo necesario  para proteger el bien público y hacer cumplir la ley, abusos de esta naturaleza, que generan discriminación segregación y conflicto social, llevan a peores riesgos”, manifestó Laurenti.

Finalmente, el representante de Amnistía Internacional concluyó que “los Estados justamente mejoran en materia de derechos cuando liberalizan y abren el espacio para el goce de todos los derechos humanos. Cuando las personas tienen más garantías, cuando pueden desarrollar su trabajo, cuando pueden comunicarse y cuando pueden moverse con libertad es cuando los Estados mejoran. No obstante, también es cierto que los derechos de un grupo terminan donde comienzan los de otro y esto es un proceso de equilibrio que los países tienen que buscar a través de una política bien entendida de la persecución del bien social y no delimitar los espacios para determinados grupos”.

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