Después de conocerse el instructivo presidencial para la Alta Dirección Pública, los cuatro consejeros de la instancia valoraron la iniciativa del Gobierno y plantearon algunas autocríticas y puntos de mejora para el sistema.
En términos generales, el instructivo presentado ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, contempla la agilización de los procesos de concurso público a través de plazos, así como el establecimiento de seis meses, prorrogables por otros seis, para la duración de los cargos provisionales y transitorios, a diferencia de lo que ocurría hoy. Una situación que permitía prorrogar eternamente la elección de un cargo.
Además, la medida busca que quienes ocupen un cargo transitorio en primer nivel no puedan remover de su cargo a directivos de segundo nivel, a no ser que cuente con la aprobación del ministro del ramo.
Si bien el balance es bastante positivo por parte del equipo de consejeros, que valoran el nombramiento del 80% de los cargos disponibles por esta vía y el trabajo conjunto con más de cuarenta empresas de evaluación y reclutamiento de especialistas, también apuntan algunas falencias.
Según señaló Rafael Blanco, consejero de Alta Dirección Pública, “creemos que este instructivo es valioso, útil y necesario. Sin embargo, la calidad de instructivo no permite hacer modificaciones legales y lo que nosotros hemos planteado requiere de modificaciones legales. Esa es una cuestión que el Poder Ejecutivo y el Parlamento tendrán que resolver por la vía legislativa”, indicó.
Blanco indica que las principales modificaciones permanentes deben apuntar a que quienes ocupen cargos transitorios y provisionales no puedan despedir a quienes sí hayan sido designados por concurso público. Esto se logra solamente a través de una legislación, por lo que llamó al Gobierno y al Parlamento a trabajar en una agenda conjunta, considerando que recién en enero el Ejecutivo podría enviar un proyecto de ley.
La Alta Dirección Pública además es cuidadosa respecto del debate de hace algunas semanas donde se puso énfasis en los despidos políticos al interior del sistema.
Rafael Blanco reiteró que lo que hace el modelo es terminar con los “pitutos” y elegir a los mejores en sus puestos según sus méritos, pero eso no quita que las personas que postulen deban estar de acuerdo con las políticas impulsadas por el Gobierno.
“El alto directivo público no solo debe ser técnicamente competente, sino que además debe adscribir a las políticas públicas del gobierno de turno. No parece presentable que un alto directivo público se instale en un rol relevante de la administración y no comparta las políticas definidas por el gobierno de turno. No parece sensato que una persona se presente a un cargo si no está de acuerdo con las políticas públicas del sector adonde va a trabajar. No queremos personas atornillando al revés”, declaró.
La importancia de este punto radica en que las políticas públicas normalmente duran más de un gobierno. Ante esto, también ponen énfasis en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral para los cargos designados a través de este sistema, con el fin de que las buenas políticas públicas tengan continuidad en su ejecución.
Por último, los consejeros llamaron a fortalecer y perfeccionar los sistemas de evaluación de los funcionarios de altos grados, bajo criterios altamente técnicos, para garantizar que son las personas idóneas para los cargos.
Después de conocerse el instructivo presidencial para la Alta Dirección Pública, los cuatro consejeros de la instancia valoraron la iniciativa del Gobierno y plantearon algunas autocríticas y puntos de mejora para el sistema.
En términos generales, el instructivo presentado ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, contempla la agilización de los procesos de concurso público a través de plazos, así como el establecimiento de seis meses, prorrogables por otros seis, para la duración de los cargos provisionales y transitorios, a diferencia de lo que ocurría hoy. Una situación que permitía prorrogar eternamente la elección de un cargo.
Además, la medida busca que quienes ocupen un cargo transitorio en primer nivel no puedan remover de su cargo a directivos de segundo nivel, a no ser que cuente con la aprobación del ministro del ramo.
Si bien el balance es bastante positivo por parte del equipo de consejeros, que valoran el nombramiento del 80% de los cargos disponibles por esta vía y el trabajo conjunto con más de cuarenta empresas de evaluación y reclutamiento de especialistas, también apuntan algunas falencias.
Según señaló Rafael Blanco, consejero de Alta Dirección Pública, “creemos que este instructivo es valioso, útil y necesario. Sin embargo, la calidad de instructivo no permite hacer modificaciones legales y lo que nosotros hemos planteado requiere de modificaciones legales. Esa es una cuestión que el Poder Ejecutivo y el Parlamento tendrán que resolver por la vía legislativa”, indicó.
Blanco indica que las principales modificaciones permanentes deben apuntar a que quienes ocupen cargos transitorios y provisionales no puedan despedir a quienes sí hayan sido designados por concurso público. Esto se logra solamente a través de una legislación, por lo que llamó al Gobierno y al Parlamento a trabajar en una agenda conjunta, considerando que recién en enero el Ejecutivo podría enviar un proyecto de ley.
La Alta Dirección Pública además es cuidadosa respecto del debate de hace algunas semanas donde se puso énfasis en los despidos políticos al interior del sistema.
Rafael Blanco reiteró que lo que hace el modelo es terminar con los “pitutos” y elegir a los mejores en sus puestos según sus méritos, pero eso no quita que las personas que postulen deban estar de acuerdo con las políticas impulsadas por el Gobierno.
“El alto directivo público no solo debe ser técnicamente competente, sino que además debe adscribir a las políticas públicas del gobierno de turno. No parece presentable que un alto directivo público se instale en un rol relevante de la administración y no comparta las políticas definidas por el gobierno de turno. No parece sensato que una persona se presente a un cargo si no está de acuerdo con las políticas públicas del sector adonde va a trabajar. No queremos personas atornillando al revés”, declaró.
La importancia de este punto radica en que las políticas públicas normalmente duran más de un gobierno. Ante esto, también ponen énfasis en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral para los cargos designados a través de este sistema, con el fin de que las buenas políticas públicas tengan continuidad en su ejecución.
Por último, los consejeros llamaron a fortalecer y perfeccionar los sistemas de evaluación de los funcionarios de altos grados, bajo criterios altamente técnicos, para garantizar que son las personas idóneas para los cargos.
Después de conocerse el instructivo presidencial para la Alta Dirección Pública, los cuatro consejeros de la instancia valoraron la iniciativa del Gobierno y plantearon algunas autocríticas y puntos de mejora para el sistema.
En términos generales, el instructivo presentado ayer por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, contempla la agilización de los procesos de concurso público a través de plazos, así como el establecimiento de seis meses, prorrogables por otros seis, para la duración de los cargos provisionales y transitorios, a diferencia de lo que ocurría hoy. Una situación que permitía prorrogar eternamente la elección de un cargo.
Además, la medida busca que quienes ocupen un cargo transitorio en primer nivel no puedan remover de su cargo a directivos de segundo nivel, a no ser que cuente con la aprobación del ministro del ramo.
Si bien el balance es bastante positivo por parte del equipo de consejeros, que valoran el nombramiento del 80% de los cargos disponibles por esta vía y el trabajo conjunto con más de cuarenta empresas de evaluación y reclutamiento de especialistas, también apuntan algunas falencias.
Según señaló Rafael Blanco, consejero de Alta Dirección Pública, “creemos que este instructivo es valioso, útil y necesario. Sin embargo, la calidad de instructivo no permite hacer modificaciones legales y lo que nosotros hemos planteado requiere de modificaciones legales. Esa es una cuestión que el Poder Ejecutivo y el Parlamento tendrán que resolver por la vía legislativa”, indicó.
Blanco indica que las principales modificaciones permanentes deben apuntar a que quienes ocupen cargos transitorios y provisionales no puedan despedir a quienes sí hayan sido designados por concurso público. Esto se logra solamente a través de una legislación, por lo que llamó al Gobierno y al Parlamento a trabajar en una agenda conjunta, considerando que recién en enero el Ejecutivo podría enviar un proyecto de ley.
La Alta Dirección Pública además es cuidadosa respecto del debate de hace algunas semanas donde se puso énfasis en los despidos políticos al interior del sistema.
Rafael Blanco reiteró que lo que hace el modelo es terminar con los “pitutos” y elegir a los mejores en sus puestos según sus méritos, pero eso no quita que las personas que postulen deban estar de acuerdo con las políticas impulsadas por el Gobierno.
“El alto directivo público no solo debe ser técnicamente competente, sino que además debe adscribir a las políticas públicas del gobierno de turno. No parece presentable que un alto directivo público se instale en un rol relevante de la administración y no comparta las políticas definidas por el gobierno de turno. No parece sensato que una persona se presente a un cargo si no está de acuerdo con las políticas públicas del sector adonde va a trabajar. No queremos personas atornillando al revés”, declaró.
La importancia de este punto radica en que las políticas públicas normalmente duran más de un gobierno. Ante esto, también ponen énfasis en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral para los cargos designados a través de este sistema, con el fin de que las buenas políticas públicas tengan continuidad en su ejecución.
Por último, los consejeros llamaron a fortalecer y perfeccionar los sistemas de evaluación de los funcionarios de altos grados, bajo criterios altamente técnicos, para garantizar que son las personas idóneas para los cargos.
