La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, decidió sobreseer temporalmente el caso Registro Civil, a petición de la defensa de una de las partes involucradas en este proceso por irregularidades en la licitación de la nueva plataforma tecnológica del organismo.
A pesar de la determinación, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, dijo que no es un revés para el proceso, ya que la medida puede ser apelada.
“Vamos a evaluar cuáles son los recursos que proceden. Por de pronto, es una resolución apelable y creemos que vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones por la revocación de la resolución en cuestión”, indicó.
Mientras, Alex Caroca, abogado de uno de los principales involucrados en este caso, el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas, señaló que la petición de sobreseimiento se debió a los problemas de acceso a la evidencia que se tiene para el proceso.
Según el profesional, esto afecta el derecho constitucional a la debida defensa: “El problema es que ese desorden se tradujo en afectación al derecho de defensa de todos los imputados. Es decir, este manejo desordenado se tradujo en que hay pruebas que deberían estar a disposición de las defensas, y que el Ministerio Público no las puso a su disposición. Hay pruebas que están fuera de la carpeta investigativa. Hay pruebas que no han respetado lo que se llama la cadena de custodia, es decir, que han salido del marco del resguardo que tiene el Ministerio Público”, explicó.
De todas formas, desde la fiscalía replicaron manifestando que la dificultad para acceder a la información se debe a la gran cantidad de evidencia que tiene el caso, y no a un intento por entorpecer el trabajo de la defensa.
Ante este escenario, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, superior jerárquico del Registro Civil, anunció que se agotarán todas las instancias para conocer lo sucedido en la entidad durante la licitación de la plataforma tecnológica, que fue adjudicada entonces a la empresa india TATA.
“A nosotros como Gobierno, lo que nos interesa es que se aclaren todas estas situaciones. Que la Justicia y las instituciones operen y obtengamos resoluciones que nos den la tranquilidad de que, si hay sanciones, es porque corresponden, y si hay personas absueltas, es porque correspondía también. No tengo los antecedentes en detalle de esta resolución, pero sí nos interesa -como ha sido la tónica respecto a cualquiera de estos temas- que la institucionalidad funcione y arroje la respuesta que tenga que arrojar”, comentó.
El caso Registro Civil se inició en marzo de 2008, luego que la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades en el proceso de licitación de la plataforma tecnológica del servicio, contrato por 80 millones de dólares, cuya fallida adjudicación significó la salida de toda la plana mayor del servicio.
En esta investigación, la fiscalía indaga presuntos delitos de fraude al Fisco, soborno y revelación de secreto con grave daño a la causa pública.
La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, decidió sobreseer temporalmente el caso Registro Civil, a petición de la defensa de una de las partes involucradas en este proceso por irregularidades en la licitación de la nueva plataforma tecnológica del organismo.
A pesar de la determinación, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, dijo que no es un revés para el proceso, ya que la medida puede ser apelada.
“Vamos a evaluar cuáles son los recursos que proceden. Por de pronto, es una resolución apelable y creemos que vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones por la revocación de la resolución en cuestión”, indicó.
Mientras, Alex Caroca, abogado de uno de los principales involucrados en este caso, el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas, señaló que la petición de sobreseimiento se debió a los problemas de acceso a la evidencia que se tiene para el proceso.
Según el profesional, esto afecta el derecho constitucional a la debida defensa: “El problema es que ese desorden se tradujo en afectación al derecho de defensa de todos los imputados. Es decir, este manejo desordenado se tradujo en que hay pruebas que deberían estar a disposición de las defensas, y que el Ministerio Público no las puso a su disposición. Hay pruebas que están fuera de la carpeta investigativa. Hay pruebas que no han respetado lo que se llama la cadena de custodia, es decir, que han salido del marco del resguardo que tiene el Ministerio Público”, explicó.
De todas formas, desde la fiscalía replicaron manifestando que la dificultad para acceder a la información se debe a la gran cantidad de evidencia que tiene el caso, y no a un intento por entorpecer el trabajo de la defensa.
Ante este escenario, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, superior jerárquico del Registro Civil, anunció que se agotarán todas las instancias para conocer lo sucedido en la entidad durante la licitación de la plataforma tecnológica, que fue adjudicada entonces a la empresa india TATA.
“A nosotros como Gobierno, lo que nos interesa es que se aclaren todas estas situaciones. Que la Justicia y las instituciones operen y obtengamos resoluciones que nos den la tranquilidad de que, si hay sanciones, es porque corresponden, y si hay personas absueltas, es porque correspondía también. No tengo los antecedentes en detalle de esta resolución, pero sí nos interesa -como ha sido la tónica respecto a cualquiera de estos temas- que la institucionalidad funcione y arroje la respuesta que tenga que arrojar”, comentó.
El caso Registro Civil se inició en marzo de 2008, luego que la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades en el proceso de licitación de la plataforma tecnológica del servicio, contrato por 80 millones de dólares, cuya fallida adjudicación significó la salida de toda la plana mayor del servicio.
En esta investigación, la fiscalía indaga presuntos delitos de fraude al Fisco, soborno y revelación de secreto con grave daño a la causa pública.
La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, decidió sobreseer temporalmente el caso Registro Civil, a petición de la defensa de una de las partes involucradas en este proceso por irregularidades en la licitación de la nueva plataforma tecnológica del organismo.
A pesar de la determinación, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, dijo que no es un revés para el proceso, ya que la medida puede ser apelada.
“Vamos a evaluar cuáles son los recursos que proceden. Por de pronto, es una resolución apelable y creemos que vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones por la revocación de la resolución en cuestión”, indicó.
Mientras, Alex Caroca, abogado de uno de los principales involucrados en este caso, el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas, señaló que la petición de sobreseimiento se debió a los problemas de acceso a la evidencia que se tiene para el proceso.
Según el profesional, esto afecta el derecho constitucional a la debida defensa: “El problema es que ese desorden se tradujo en afectación al derecho de defensa de todos los imputados. Es decir, este manejo desordenado se tradujo en que hay pruebas que deberían estar a disposición de las defensas, y que el Ministerio Público no las puso a su disposición. Hay pruebas que están fuera de la carpeta investigativa. Hay pruebas que no han respetado lo que se llama la cadena de custodia, es decir, que han salido del marco del resguardo que tiene el Ministerio Público”, explicó.
De todas formas, desde la fiscalía replicaron manifestando que la dificultad para acceder a la información se debe a la gran cantidad de evidencia que tiene el caso, y no a un intento por entorpecer el trabajo de la defensa.
Ante este escenario, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, superior jerárquico del Registro Civil, anunció que se agotarán todas las instancias para conocer lo sucedido en la entidad durante la licitación de la plataforma tecnológica, que fue adjudicada entonces a la empresa india TATA.
“A nosotros como Gobierno, lo que nos interesa es que se aclaren todas estas situaciones. Que la Justicia y las instituciones operen y obtengamos resoluciones que nos den la tranquilidad de que, si hay sanciones, es porque corresponden, y si hay personas absueltas, es porque correspondía también. No tengo los antecedentes en detalle de esta resolución, pero sí nos interesa -como ha sido la tónica respecto a cualquiera de estos temas- que la institucionalidad funcione y arroje la respuesta que tenga que arrojar”, comentó.
El caso Registro Civil se inició en marzo de 2008, luego que la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades en el proceso de licitación de la plataforma tecnológica del servicio, contrato por 80 millones de dólares, cuya fallida adjudicación significó la salida de toda la plana mayor del servicio.
En esta investigación, la fiscalía indaga presuntos delitos de fraude al Fisco, soborno y revelación de secreto con grave daño a la causa pública.
