La noche del 14 de diciembre de 2005, tres trabajadores de la empresa de montajes Echeverría e Izquierdo sufrieron un accidente radiológico mientras manipulaban una fuente radiactiva sellada de Iridio-192 en la instalación del Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea de CELCO, en la comuna de Ránquil en la Provincia de Ñuble.

En esa ocasión, los trabajadores manipularon la fuente radiactiva después de que se desprendiera, mientras personal de otra empresa, Inspecciones Técnicas y Control de Calidad Limitada (ITC), utilizaban un equipo de gammagrafía industrial que era usado para revisar la calidad de las soldaduras en piezas de metal.

Posterior a esa situación, un centenar de trabajadores de la empresa y de otras que también manejan implementos radiactivos han sufrido consecuencias en su salud, que en su mayoría son “invisibles”, pues las secuelas de una radiación son silenciosas y se hacen notar años más tarde.

Algunos de estos trabajadores han sido atendidos en el extranjero, donde han recibido tratamiento especializado, mientras que otros han recurrido a las mutuales para verificar su estado de salud.

En el caso del accidente de 2005, se practicaron exámenes sólo a catorce trabajadores, elegidos arbitrariamente por los ejecutivos de Echeverría e Izquierdo. Todos resultaron con secuelas, pero en total son más de cien los perjudicados.

“Todos ellos arrojan muestras sobre los 50 milisievert, o sea, superaron la acumulación de irradiación en su organismo que podían tener en un año. Hay gente que tiene 824 milisievert, o sea, superan ampliamente lo que un trabajador expuesto a radiación podría haber acumulado en su vida”, detalló el abogado Marcial Martínez, representante de los trabajadores movilizados.

La responsabilidad de Echeverría e Izquierdo

En muchos casos, los exámenes no comprueban que las diversas  enfermedades que sufren se hayan desarrollado por causas radiológicas, por lo que tampoco les han entregado atención.

Estas y otras situaciones son las que demandaron un grupo de trabajadores de la empresa Echeverría e Izquierdo, propiedad del actual intendente de Santiago, Fernando Echeverría.

Los manifestantes llegaron justamente hasta el edificio de la intendencia para reclamar por el abandono del que han sido víctimas.

“Hay un centenar de trabajadores afectados, de los cuales ninguno de ellos ha sido atendido por ningún tipo de vía estatal o privada y tampoco existe un precedente de accidente laboral. Por eso estamos apelando a un proyecto de ley en relación a este accidente”, señala José Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores del Montaje Industrial, SITRAMICH, y representante de la Comisión Mutualista de Irradiados de Chile.

Para el secretario de Conflictos de la CUT, Cristián Cuevas, la urgencia de legislar sobre un nuevo trato laboral que ponga énfasis en la seguridad en el trabajo debe ir acompañada de una coherencia en las políticas públicas impulsadas desde el gobierno.

El dirigente cuestionó que, por un lado, el gobierno tenga un discurso y, por otro, tenga entre sus filas a un intendente, un funcionario de confianza del Presidente Sebastián Piñera, como Fernando Echeverría, quien aún no soluciona las consecuencias producidas bajo su responsabilidad en salud de sus trabajadores.

“Aquí hay una contradicción. Por un lado, el Presidente plantea que tiene que avanzarse en un nuevo trato laboral y su funcionario de su gobierno no ha resuelto su responsabilidad ética, política, administrativa y económica con los trabajadores que prestaban servicio en Nueva Aldea. La propuesta sobre política y seguridad en el empleo y el nuevo trato laboral con Piñera lo observamos con distancia”, señaló Cristian Cuevas.

Proponen modificaciones a la legislación vigente

El senador del MAS Alejandro Navarro, por su parte, criticó que los trabajadores no cuenten con una legislación fuerte que proteja sus derechos, menos en este tipo de casos en los que la realidad indica que sí existe amplia manipulación de materiales radiológicos.

“Las empresas, particularmente las mutuales, se han defendido señalando que no hay daño. Este daño, en muchos casos, genético o con la generación de cánceres tarda años o décadas en manifestarse. Estos trabajadores fueron afectados hace años y hoy día hay cada día más indicios de cómo se ha afectado su salud. Por lo tanto, aquí se requiere legislar”, argumentó el parlamentario.

En Chile, la Ley de Seguridad Nuclear es insuficiente, pues permite niveles altísimos de radiación que otras legislaciones prohíben, como indica el abogado Marcial Martínez, quien asegura que la normativa tampoco contempla reparaciones para los trabajadores dañados.

Los afectados se trasladaron hasta el Congreso Nacional en Valparaíso, donde participaron de un seminario denominado “La radiación y sus efectos en los trabajadores: Por un proyecto de ley para la seguridad laboral de los irradiados”, donde presentaron un proyecto que busca modificar dos artículos de la Ley de Accidentes y Enfermedades Laborales que se agregue que no solamente los afectados directamente por una accidente nuclear reciban atención, sino también el resto de los empleados que puedan haber sido afectados indirectamente.