La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que el pasado 14 de septiembre, acogió el recurso de protección presentado por un grupo de opositores al proyecto termoeléctrico Castilla, ligado al empresario brasileño Eike Batista.
Los ministros votaron de manera unánime para declarar ilegal el cambio en la calificación de uso de suelo del proyecto de “contaminante” a “molesto” realizada por el renunciado Seremi de Salud, Raúl Martínez.
En tanto, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama tendría que votar el proyecto teniendo a la vista la calificación de contaminante por lo que la entidad ambiental estaría obligada por ley a rechazar el proyecto.
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que el pasado 14 de septiembre, acogió el recurso de protección presentado por un grupo de opositores al proyecto termoeléctrico Castilla, ligado al empresario brasileño Eike Batista.
Los ministros votaron de manera unánime para declarar ilegal el cambio en la calificación de uso de suelo del proyecto de “contaminante” a “molesto” realizada por el renunciado Seremi de Salud, Raúl Martínez.
En tanto, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama tendría que votar el proyecto teniendo a la vista la calificación de contaminante por lo que la entidad ambiental estaría obligada por ley a rechazar el proyecto.
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que el pasado 14 de septiembre, acogió el recurso de protección presentado por un grupo de opositores al proyecto termoeléctrico Castilla, ligado al empresario brasileño Eike Batista.
Los ministros votaron de manera unánime para declarar ilegal el cambio en la calificación de uso de suelo del proyecto de “contaminante” a “molesto” realizada por el renunciado Seremi de Salud, Raúl Martínez.
En tanto, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama tendría que votar el proyecto teniendo a la vista la calificación de contaminante por lo que la entidad ambiental estaría obligada por ley a rechazar el proyecto.
