Un polémico proyecto de la Universidad San Sebastián que se emplazaría en la manzana conformada por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, tiene en alerta a los vecinos del sector.
Las organizaciones presentaron un reciente informe de Contraloría que solicita a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Recoleta, que autorizó los proyectos inmobiliarios, “subsanar las irregularidades observadas al Plano Regulador Comunal” para determinar las eventuales responsabilidades.
El ente regulador pide además a la a la Comisión Regional de Medio Ambiente que “ejerza las acciones y/o sanciones que estime pertinentes”, para que la Dirección de Obras entregue antecedentes sobre las modificaciones que sufrió el proyecto luego de obtener el permiso en 2008.
El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, explicó que esta es una respuesta a los grupos vecinales y ambientalistas quienes denunciaron hace tres años las irregularidades de este proyecto.
“La situación es muy delicada. La Corema no ha cumplido con su rol. Las alturas de las torres previstas exceden la norma del plan regulador, violan la ordenanza general de urbanismo y construcción y se utilizó un espacio público para actividades privadas- rampa y estacionamiento –Los bienes públicos se pueden concesionar pero sólo a través de concurso público. Y, por el contrario, la municipalidad lo entregó a la universidad para sus intereses privados”, dijo Herman.
Las organizaciones vecinales acusaron además que en el proyecto original sólo se presentó una Declaración de Impacto Ambiental, que fue aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, pero que luego la iniciativa fue modificada ampliando en un 30 por ciento la altura. Este cambio habría implicado, según Herman, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, es decir, un documento más serio, y que contempla la participación ciudadana a través de observaciones.
Gerardo Lanzarotti, de la Junta de Vecinos N° 35 de Recoleta, criticó las construcciones de gran altura en un sector patrimonial de altura media e hizo un llamado a detener el daño que ya se ha provocado.
“Ya está construida una torre, más la universidad y un centro de difusión que es de grandes dimensiones, entonces ya ocuparon prácticamente todo el sector. Pero todavía hay programadas dos torres más. Estamos tratando que los encargados de la fiscalización puedan entender que la única forma de mitigar en parte el daño que se ha hecho a este barrio sería simplemente deteniendo la construcción de esas dos torres. No puede ser que un sector donde somos 4 mil aproximadamente se le agreguen 6 mil más” sostuvo Lanzarotti.
Los grupos ciudadanos le pedirán a la Contraloría que se pronuncie oficialmente a través de un dictamen y que traslade todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para decida el camino a seguir.
Por su parte, el concejal de Recoleta, Juan Pasten, anunció que se analizarán en el Concejo las responsabilidades de la alcaldesa Sol Letelier: “Ella ha firmado decretos e, indudablemente, que está sujeta a q sus actos administrativos sean impugnados. En este caso por la Contraloría General de la República o por el Consejo de Defensa del Estado”, precisaron.
Paralelamente las organizaciones sociales se siguen asesorando con arquitectos, ingenieros y abogados para continuar con las acciones legales pertinentes.
Un polémico proyecto de la Universidad San Sebastián que se emplazaría en la manzana conformada por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, tiene en alerta a los vecinos del sector.
Las organizaciones presentaron un reciente informe de Contraloría que solicita a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Recoleta, que autorizó los proyectos inmobiliarios, “subsanar las irregularidades observadas al Plano Regulador Comunal” para determinar las eventuales responsabilidades.
El ente regulador pide además a la a la Comisión Regional de Medio Ambiente que “ejerza las acciones y/o sanciones que estime pertinentes”, para que la Dirección de Obras entregue antecedentes sobre las modificaciones que sufrió el proyecto luego de obtener el permiso en 2008.
El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, explicó que esta es una respuesta a los grupos vecinales y ambientalistas quienes denunciaron hace tres años las irregularidades de este proyecto.
“La situación es muy delicada. La Corema no ha cumplido con su rol. Las alturas de las torres previstas exceden la norma del plan regulador, violan la ordenanza general de urbanismo y construcción y se utilizó un espacio público para actividades privadas- rampa y estacionamiento –Los bienes públicos se pueden concesionar pero sólo a través de concurso público. Y, por el contrario, la municipalidad lo entregó a la universidad para sus intereses privados”, dijo Herman.
Las organizaciones vecinales acusaron además que en el proyecto original sólo se presentó una Declaración de Impacto Ambiental, que fue aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, pero que luego la iniciativa fue modificada ampliando en un 30 por ciento la altura. Este cambio habría implicado, según Herman, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, es decir, un documento más serio, y que contempla la participación ciudadana a través de observaciones.
Gerardo Lanzarotti, de la Junta de Vecinos N° 35 de Recoleta, criticó las construcciones de gran altura en un sector patrimonial de altura media e hizo un llamado a detener el daño que ya se ha provocado.
“Ya está construida una torre, más la universidad y un centro de difusión que es de grandes dimensiones, entonces ya ocuparon prácticamente todo el sector. Pero todavía hay programadas dos torres más. Estamos tratando que los encargados de la fiscalización puedan entender que la única forma de mitigar en parte el daño que se ha hecho a este barrio sería simplemente deteniendo la construcción de esas dos torres. No puede ser que un sector donde somos 4 mil aproximadamente se le agreguen 6 mil más” sostuvo Lanzarotti.
Los grupos ciudadanos le pedirán a la Contraloría que se pronuncie oficialmente a través de un dictamen y que traslade todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para decida el camino a seguir.
Por su parte, el concejal de Recoleta, Juan Pasten, anunció que se analizarán en el Concejo las responsabilidades de la alcaldesa Sol Letelier: “Ella ha firmado decretos e, indudablemente, que está sujeta a q sus actos administrativos sean impugnados. En este caso por la Contraloría General de la República o por el Consejo de Defensa del Estado”, precisaron.
Paralelamente las organizaciones sociales se siguen asesorando con arquitectos, ingenieros y abogados para continuar con las acciones legales pertinentes.
Un polémico proyecto de la Universidad San Sebastián que se emplazaría en la manzana conformada por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, tiene en alerta a los vecinos del sector.
Las organizaciones presentaron un reciente informe de Contraloría que solicita a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Recoleta, que autorizó los proyectos inmobiliarios, “subsanar las irregularidades observadas al Plano Regulador Comunal” para determinar las eventuales responsabilidades.
El ente regulador pide además a la a la Comisión Regional de Medio Ambiente que “ejerza las acciones y/o sanciones que estime pertinentes”, para que la Dirección de Obras entregue antecedentes sobre las modificaciones que sufrió el proyecto luego de obtener el permiso en 2008.
El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, explicó que esta es una respuesta a los grupos vecinales y ambientalistas quienes denunciaron hace tres años las irregularidades de este proyecto.
“La situación es muy delicada. La Corema no ha cumplido con su rol. Las alturas de las torres previstas exceden la norma del plan regulador, violan la ordenanza general de urbanismo y construcción y se utilizó un espacio público para actividades privadas- rampa y estacionamiento –Los bienes públicos se pueden concesionar pero sólo a través de concurso público. Y, por el contrario, la municipalidad lo entregó a la universidad para sus intereses privados”, dijo Herman.
Las organizaciones vecinales acusaron además que en el proyecto original sólo se presentó una Declaración de Impacto Ambiental, que fue aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, pero que luego la iniciativa fue modificada ampliando en un 30 por ciento la altura. Este cambio habría implicado, según Herman, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, es decir, un documento más serio, y que contempla la participación ciudadana a través de observaciones.
Gerardo Lanzarotti, de la Junta de Vecinos N° 35 de Recoleta, criticó las construcciones de gran altura en un sector patrimonial de altura media e hizo un llamado a detener el daño que ya se ha provocado.
“Ya está construida una torre, más la universidad y un centro de difusión que es de grandes dimensiones, entonces ya ocuparon prácticamente todo el sector. Pero todavía hay programadas dos torres más. Estamos tratando que los encargados de la fiscalización puedan entender que la única forma de mitigar en parte el daño que se ha hecho a este barrio sería simplemente deteniendo la construcción de esas dos torres. No puede ser que un sector donde somos 4 mil aproximadamente se le agreguen 6 mil más” sostuvo Lanzarotti.
Los grupos ciudadanos le pedirán a la Contraloría que se pronuncie oficialmente a través de un dictamen y que traslade todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para decida el camino a seguir.
Por su parte, el concejal de Recoleta, Juan Pasten, anunció que se analizarán en el Concejo las responsabilidades de la alcaldesa Sol Letelier: “Ella ha firmado decretos e, indudablemente, que está sujeta a q sus actos administrativos sean impugnados. En este caso por la Contraloría General de la República o por el Consejo de Defensa del Estado”, precisaron.
Paralelamente las organizaciones sociales se siguen asesorando con arquitectos, ingenieros y abogados para continuar con las acciones legales pertinentes.
