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Estudio revela enorme inequidad de la educación superior chilena

Los resultados de Índices 2011 sobre educación superior mostraron interesantes tendencias en el aumento de la matrícula, pero también en los costos de aranceles, aunque no necesariamente se asegure una formación de calidad. Esto cuando aún se debate en el parlamento el polémico proyecto de ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Paula Correa

  Miércoles 17 de noviembre 2010 18:56 hrs. 
universitarios

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Con la revolución pingüina quedó en completa evidencia la crisis en nuestro sistema educativo y hoy, a cuatro años del movimiento, aún se discute cómo generar cambios que permitan asegurar su calidad y generar igualdad de oportunidades.

Un problema serio es la educación superior, la que ha experimentado fuertes cambios en los últimos años, tal como demuestran los resultados de Índices 2011, un estudio estadístico entregado por el Consejo Nacional de Educación.

Índices reveló un gran aumento en la matrícula en los últimos cinco años, superando los 900 mil estudiantes, en su mayoría, mujeres. Un crecimiento que sorprende, ya que se ha dado principalmente en centros de formación técnica e institutos profesionales.

Mientras, en las universidades, las privadas no tradicionales concentraron el grueso de la matrícula, en desmedro de las universidades del Consejo de Rectores.

Una tendencia que, para el Consejero Alejandro Mackay, estaría revelando un cambio en la sociedad sobre la forma de entender el concepto de “Universidad”, orientado ahora hacia una institución netamente formativa y alejándose de la investigación.

Mientras, la investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), Loreto Egaña, señaló  que el problema va mucho más allá y advirtió que la clasificación de universidades “privadas” y “tradicionales” requiere una revisión.

“Yo creo que el asunto está en los propósitos de cada establecimiento, de cada institución de educación superior. ¿Son propósitos claramente definibles como de servicio público? Y eso es lo que puede determinar alguna distinción… Y limpiemos las que son con fines de lucro, eso me parece una hipocresía inmensa. En ese sentido, yo prefiero decir ‘instituciones de educación superior con fines de lucro’, ¿si las familias saben eso?…Entonces, es todo el sistema al que habría que echarle una mirada bien de fondo”.

Otro dato particularmente relevante fue que este aumento se ha dado sin discriminar las universidades de mayor o menor costo. O sea, las familias están dispuestas a pagar grandes cifras por educación.

“Cuando se escoge una carrera, se piensa poco que se debe pagar el crédito después. Más bien se escoge porque es posible y razonable cursarla, porque hay una alta expectativa con respecto a los ingresos que va a tener la persona cuando se titule, porque nadie piensa que va a desertar o abandonar, por eso veíamos que no había prácticamente relación entre los aranceles y el aumento de la matrícula. Parte de lo que quisimos mostrar es que hay un aumento de la cobertura, pero no necesariamente esa cobertura ha ido cerrando esa brecha de inequidad que se da en todos los niveles de nuestra sociedad”, reflexionó la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Rectores, Daniela Torre.

Esto podría revelar un desajuste entre el sacrificio que las familias están dispuestas a hacer y la realidad que se vive en el país. Una situación que se suma a las ventajas que tiene el quintil más alto sobre el resto de la ciudadanía, los que si bien cuentan con becas y créditos, no son suficientes para asegurar igualdad de oportunidades.

De hecho, Alejandro Mackay afirmó que el apoyo económico a las familias es uno de los principales desafíos en materia de educación superior, además de la necesidad de crear sistemas que permitan contener los altos índices de deserción estudiantil.

Un debate sobre equidad que se da cuando en el Parlamento aún se discute el proyecto de ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que ha recibido un amplio rechazo por parte de parlamentarios, los mismos estudiantes y el Colegio de Profesores.

Mackay, como miembro del Consejo Nacional de Educación forma parte de la elaboración del proyecto de ley, y advirtió que hay avances, pero que el proceso se ha extendido ya que aún hay materias poco claras, estimando que el proyecto podría llegar a buen puerto durante la segunda mitad del 2012.

Una situación que generará una fuerte discusión social, en miras de crear un sistema que se haga cargo de romper la brecha de la desigualdad y asegurar una educación de calidad a todos los chilenos.

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