Continúa la polémica por la decisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que autoriza nuevamente a las entidades bancarias a vender servicios atados a los préstamos para la vivienda.

Ello, a pesar de que la propia entidad y el ministerio de Hacienda habían anunciado mediante una circular del pasado 22 de septiembre que eliminarían la práctica de que los bancos “amarren” su oferta de créditos hipotecarios a otros productos, como tarjetas de crédito o cuentas corrientes.

El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Carlos Budnevich, fue citado este lunes a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por este giro. En la oportunidad, el titular de la entidad gremial explicó que “no fue un cambio de opinión sino una precisión” y que la autorización de una compra conjunta de productos financieros, bajo ciertas condiciones, es favorable para los consumidores.

“Tiene varias condiciones, son cuatro. Primero, una cuenta corriente con un pago automático que le simplifica la vida al cliente, ¿beneficio al cliente?, sí. Segundo, que la comisión de esa cuenta de pago está fija durante toda la vida del crédito hipotecario, ¿beneficio y claridad para el cliente?, sí. Tercero, que el cliente pueda acceder a una tasa de interés rebajada en estas condiciones, ¿beneficio para el cliente?, también. Y cuarto, si el banco decide unilateralmente cambiar o cerrar la cuenta, no puede alterar la tasa de interés, eso también es un beneficio para el cliente. Es decir, las condiciones están prestablecidas desde un principio”, señaló.

Las explicaciones fueron consideradas insuficientes por los parlamentarios, quienes solicitaron que se publiquen los informes que entregó la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras a la Superintendencia, así como la respectiva respuesta.

Además, se decidió citar el 30 de noviembre, a la misma instancia legislativa, al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para que explique los argumentos de fondo de este cambio de criterio y despeje las sospechas por presuntas presiones de las entidades bancarias.

En este sentido, el diputado Felipe Harboe (PPD) aseguró que la medida no se entiende si no hubiese tenido el conocimiento y el consentimiento del Gobierno: “Los abogados decimos que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. En consecuencia, si estuvo el ministro de Hacienda sentado en el momento en que se lanzó, no pudo el Superintendente haber adoptado una decisión sin la autorización del superior jerárquico, que es el ministro de Hacienda. Nos parece altamente inconveniente, no es sano para el mercado ni para los consumidores”, consideró Harboe.

Otro efecto de esta controvertida decisión sería el retraso del proyecto de ley que crea el Sernac Financiero, una iniciativa del Ejecutivo que ya había sido despachada desde la Comisión de Economía de la Cámara Baja y se encuentra actualmente en tabla en la Comisión de Hacienda. Los parlamentarios pedirían que la iniciativa volviera a dicha instancia para incorporar las indicaciones, rechazadas por el Gobierno, que permitirían prohibir por ley las ventas atadas.

Hernán Calderón, de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), manifestó que le parece impresentable el giro de la Superintendencia y aseguró que esto necesita una explicación clara, porque la credibilidad de esta institución está en entredicho: “Tenemos una situación grave de credibilidad por parte de la Superintendencia, que ha cambiado una resolución y un acuerdo que, además, los bancos nunca implementaron. Esto es una situación bastante grave, que afecta gravemente la credibilidad de la Superintendencia por su independencia, ya que además tiene recursos de la propia Asociación de Bancos. Por lo tanto, está el cuestionamiento de la Superintentendencia, que hoy se ha puesto a favorecer las utilidades de los bancos y las instituciones financieras por sobre los derechos de los consumidores y las personas”, indicó.

El abogado subrayó que esto es sólo una estrategia de los bancos para mantener las “estratosféricas utilidades” que han obtenido en el último tiempo.

Por su parte el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló esta mañana en una entrevista radial que deben estudiarse las distinciones entre lo que se considera ventas atadas y ventas conjuntas.