Recién en febrero de este año se presentaron querellas criminales en el caso de ejecutados políticos durante la dictadura, por parte de uno de los cuatro gobiernos que encabezó la Concertación. La acción, aunque tardía, vino a activar la esperanza de los familiares que muchos de ellos sin recursos nunca pudieron hacer una presentación ante los tribunales.
Más de 20 años debieron pasar para ese momento, mientras la actual administración presentó cuatro querellas más por once opositores al régimen militar, lo que no satisface a los familiares, ya que son más de mil los casos reconocidos en el Informe Rettig que en 1991 daba cuenta de la magnitud de la represión de la dictadura.
A eso se suma la desconfianza que provoca en las organizaciones humanitarias el trabajo de la encargada del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rosy Lama, entre otras actuaciones por adelantar al ahora subsecretario de Defensa y ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, que sería citado en el marco de la investigación del crimen del cantautor y dramaturgo Víctor Jara.
Por eso un grupo de dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se tomó este miércoles las dependencias donde funciona dicho programa, movilización que terminó horas después ante el compromiso del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de conversar con ellos.
Alicia Lira, presidenta de la AFEP, indicó que además de la molestia por el trabajo de Lama, lo que exigen es que de una vez se presenten las querellas que corresponden.
“Las víctimas del terrorismo de Estado tienen el derecho de que se presenten querellas por todos, no sólo donde haya mucha información. El Estado utilizó todo lo que tuvo a su alcance para cometer crímenes de lesa humanidad contra hombres, mujeres y niños y, por lo tanto, tenemos el derecho y la obligación de reparar en términos de verdad, justicia y memoria”, sostuvo Lira.
Después del encuentro con Ubilla, los dirigentes se mostraron conformes con el compromiso asumido de instalar una mesa de trabajo donde podrán hacer diferentes propuestas, por ejemplo, sobre la interpretación del Código Penal donde se condena los crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio, para que en los tribunales de justicia no apliquen más la media prescripción que acorta las condenas por crímenes de lesa humanidad.
Mientras, el subsecretario Ubilla explicó que lo que están haciendo en estos once casos es “agregar antecedentes a los entregados por las querellas de los ejecutados. Para eso, hay que hacer una revisión de los datos. Nosotros pedimos diligencias en las querellas que tienen que ver con la información que manejamos tanto de los archivos como de las declaraciones de los propios familiares e incluso hay informaciones de autopsias. Lo que estamos haciendo es un trabajo responsable”, afirmó Ubilla.
La autoridad sostuvo que la presentación de requerimientos por parte del Gobierno no impide que también puedan hacerlo los familiares, los que muchas veces no cuentan con recursos para acudir a los tribunales de justicia.
Pero la actitud dialogante de Rodrigo Ubilla contrastó con los dichos de su superior, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien descalificó y criticó las movilizaciones de los dirigentes de los familiares de ejecutados políticos.
“Mi ministerio del Interior está cumpliendo como corresponde con el programa de Derechos Humanos. El país ha privilegiado siempre el diálogo y el ministro del Interior ha privilegiado siempre el diálogo. El camino de la violencia y las tomas nunca ha conducido a buenas soluciones”, sentenció el secretario de Estado.
Los representantes de los organismos humanitarios explicaron que lo que piden es nada más que la acción del Estado en esclarecer lo sucedido con sus familiares y saber realmente dónde están los responsables de los crímenes que hasta hoy, 20 años después del fin de la dictadura, aún están en la más completa impunidad.
Recién en febrero de este año se presentaron querellas criminales en el caso de ejecutados políticos durante la dictadura, por parte de uno de los cuatro gobiernos que encabezó la Concertación. La acción, aunque tardía, vino a activar la esperanza de los familiares que muchos de ellos sin recursos nunca pudieron hacer una presentación ante los tribunales.
Más de 20 años debieron pasar para ese momento, mientras la actual administración presentó cuatro querellas más por once opositores al régimen militar, lo que no satisface a los familiares, ya que son más de mil los casos reconocidos en el Informe Rettig que en 1991 daba cuenta de la magnitud de la represión de la dictadura.
A eso se suma la desconfianza que provoca en las organizaciones humanitarias el trabajo de la encargada del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rosy Lama, entre otras actuaciones por adelantar al ahora subsecretario de Defensa y ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, que sería citado en el marco de la investigación del crimen del cantautor y dramaturgo Víctor Jara.
Por eso un grupo de dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se tomó este miércoles las dependencias donde funciona dicho programa, movilización que terminó horas después ante el compromiso del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de conversar con ellos.
Alicia Lira, presidenta de la AFEP, indicó que además de la molestia por el trabajo de Lama, lo que exigen es que de una vez se presenten las querellas que corresponden.
“Las víctimas del terrorismo de Estado tienen el derecho de que se presenten querellas por todos, no sólo donde haya mucha información. El Estado utilizó todo lo que tuvo a su alcance para cometer crímenes de lesa humanidad contra hombres, mujeres y niños y, por lo tanto, tenemos el derecho y la obligación de reparar en términos de verdad, justicia y memoria”, sostuvo Lira.
Después del encuentro con Ubilla, los dirigentes se mostraron conformes con el compromiso asumido de instalar una mesa de trabajo donde podrán hacer diferentes propuestas, por ejemplo, sobre la interpretación del Código Penal donde se condena los crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio, para que en los tribunales de justicia no apliquen más la media prescripción que acorta las condenas por crímenes de lesa humanidad.
Mientras, el subsecretario Ubilla explicó que lo que están haciendo en estos once casos es “agregar antecedentes a los entregados por las querellas de los ejecutados. Para eso, hay que hacer una revisión de los datos. Nosotros pedimos diligencias en las querellas que tienen que ver con la información que manejamos tanto de los archivos como de las declaraciones de los propios familiares e incluso hay informaciones de autopsias. Lo que estamos haciendo es un trabajo responsable”, afirmó Ubilla.
La autoridad sostuvo que la presentación de requerimientos por parte del Gobierno no impide que también puedan hacerlo los familiares, los que muchas veces no cuentan con recursos para acudir a los tribunales de justicia.
Pero la actitud dialogante de Rodrigo Ubilla contrastó con los dichos de su superior, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien descalificó y criticó las movilizaciones de los dirigentes de los familiares de ejecutados políticos.
“Mi ministerio del Interior está cumpliendo como corresponde con el programa de Derechos Humanos. El país ha privilegiado siempre el diálogo y el ministro del Interior ha privilegiado siempre el diálogo. El camino de la violencia y las tomas nunca ha conducido a buenas soluciones”, sentenció el secretario de Estado.
Los representantes de los organismos humanitarios explicaron que lo que piden es nada más que la acción del Estado en esclarecer lo sucedido con sus familiares y saber realmente dónde están los responsables de los crímenes que hasta hoy, 20 años después del fin de la dictadura, aún están en la más completa impunidad.
Recién en febrero de este año se presentaron querellas criminales en el caso de ejecutados políticos durante la dictadura, por parte de uno de los cuatro gobiernos que encabezó la Concertación. La acción, aunque tardía, vino a activar la esperanza de los familiares que muchos de ellos sin recursos nunca pudieron hacer una presentación ante los tribunales.
Más de 20 años debieron pasar para ese momento, mientras la actual administración presentó cuatro querellas más por once opositores al régimen militar, lo que no satisface a los familiares, ya que son más de mil los casos reconocidos en el Informe Rettig que en 1991 daba cuenta de la magnitud de la represión de la dictadura.
A eso se suma la desconfianza que provoca en las organizaciones humanitarias el trabajo de la encargada del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rosy Lama, entre otras actuaciones por adelantar al ahora subsecretario de Defensa y ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, que sería citado en el marco de la investigación del crimen del cantautor y dramaturgo Víctor Jara.
Por eso un grupo de dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se tomó este miércoles las dependencias donde funciona dicho programa, movilización que terminó horas después ante el compromiso del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de conversar con ellos.
Alicia Lira, presidenta de la AFEP, indicó que además de la molestia por el trabajo de Lama, lo que exigen es que de una vez se presenten las querellas que corresponden.
“Las víctimas del terrorismo de Estado tienen el derecho de que se presenten querellas por todos, no sólo donde haya mucha información. El Estado utilizó todo lo que tuvo a su alcance para cometer crímenes de lesa humanidad contra hombres, mujeres y niños y, por lo tanto, tenemos el derecho y la obligación de reparar en términos de verdad, justicia y memoria”, sostuvo Lira.
Después del encuentro con Ubilla, los dirigentes se mostraron conformes con el compromiso asumido de instalar una mesa de trabajo donde podrán hacer diferentes propuestas, por ejemplo, sobre la interpretación del Código Penal donde se condena los crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio, para que en los tribunales de justicia no apliquen más la media prescripción que acorta las condenas por crímenes de lesa humanidad.
Mientras, el subsecretario Ubilla explicó que lo que están haciendo en estos once casos es “agregar antecedentes a los entregados por las querellas de los ejecutados. Para eso, hay que hacer una revisión de los datos. Nosotros pedimos diligencias en las querellas que tienen que ver con la información que manejamos tanto de los archivos como de las declaraciones de los propios familiares e incluso hay informaciones de autopsias. Lo que estamos haciendo es un trabajo responsable”, afirmó Ubilla.
La autoridad sostuvo que la presentación de requerimientos por parte del Gobierno no impide que también puedan hacerlo los familiares, los que muchas veces no cuentan con recursos para acudir a los tribunales de justicia.
Pero la actitud dialogante de Rodrigo Ubilla contrastó con los dichos de su superior, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien descalificó y criticó las movilizaciones de los dirigentes de los familiares de ejecutados políticos.
“Mi ministerio del Interior está cumpliendo como corresponde con el programa de Derechos Humanos. El país ha privilegiado siempre el diálogo y el ministro del Interior ha privilegiado siempre el diálogo. El camino de la violencia y las tomas nunca ha conducido a buenas soluciones”, sentenció el secretario de Estado.
Los representantes de los organismos humanitarios explicaron que lo que piden es nada más que la acción del Estado en esclarecer lo sucedido con sus familiares y saber realmente dónde están los responsables de los crímenes que hasta hoy, 20 años después del fin de la dictadura, aún están en la más completa impunidad.
