Detenido se encuentra el proceso de negociación entre los trabajadores públicos y el Gobierno por el reajuste salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales.
Luego de una propuesta de aumento de un 3,7%, muy inferior al 8,9% planteado por los trabajadores, el Gobierno decidió no negociar bajo “amenazas de movilización”, como respuesta al Paro Nacional convocado por la CUT para este miércoles 24 de noviembre.
Una situación que ha generado molestia en los trabajadores y descontento hacia la forma en la que el Gobierno está tratando el tema.
“Nos parece que es una falta de voluntad política del Gobierno no buscar una solución a los problemas de los funcionarios públicos. Esto nos hace pensar también en la valoración que tiene este gobierno formado por muchos empresarios respecto de las organizaciones sindicales. Creemos que no se ha valorado la importancia que tiene esta mesa de negociación, que es la más grande que existe en este país. Una negociación que no sólo tiene que ver con el reajuste para los funcionarios públicos, sino que la señal para el sector privado en sus negociaciones colectivas”, indicó Raúl De La Puente, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Los empleados públicos demandan un reajuste que no sólo les permita recuperar el poder adquisitivo, sino que contemple el crecimiento proyectado para nuestro país, haciéndolos partícipes también del desarrollo económico.
Silvia Aguilar, presidenta de la Federación Nacional de Técnicos Paramédicos, advirtió que el Gobierno está ocupando el terremoto como excusa para negociar a la baja, sin pensar que los mismos trabajadores están sufriendo a raíz de la catástrofe.
“Los trabajadores públicos no estamos disponibles para un reajuste miserable que ellos consideran que este país debe tener y que nos sigan dando el caramelo del terremoto. Todos los funcionarios públicos estuvimos afectados por el terremoto y por lo tanto creemos que así como nos han quitado beneficios, creemos que es la hora que el gobierno también piense en que los trabajadores del sector público que fueron afectados con un 3,7 no van a levantar sus casas, ni van a poder retomar la educación de sus hijos”, precisó Aguilar.
Por esta razón, los empelados de los municipios, consultorios, colegios, registros civiles y otros servicios públicos, detendrán sus funciones este miércoles y marcharán desde Plaza Italia a Plaza de Armas expresando su descontento, a la espera de que el Gobierno retome el diálogo el día jueves para enviar, lo antes posible, un acuerdo satisfactorio al Congreso Nacional.
En este sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía a comprender la situación, un problema que ha generado el mismo Gobierno, tal como señaló el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, Oscar Yáñez.
“No es un problema nuestro es un problema que ha generado el Gobierno por un reajuste mezquino, que no va en la proporción con las tasas de crecimiento que está obteniendo el país. La cifra que ha colocado el gobierno no permite mejorar las remuneraciones del sector público y obviamente al mejorar los salarios de los empleados fiscales se incrementa la calidad de vida del trabajador público y eso se ve traducido en una mejor gestión”, señaló el dirigente.
Finalmente, los trabajadores señalaron que existe la disposición de conversar con las autoridades, pero aseguraron que, de no llegar a un acuerdo satisfactorio, seguirán luchando para que se respete y valorice el rol de los empleados públicos de Chile.
Detenido se encuentra el proceso de negociación entre los trabajadores públicos y el Gobierno por el reajuste salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales.
Luego de una propuesta de aumento de un 3,7%, muy inferior al 8,9% planteado por los trabajadores, el Gobierno decidió no negociar bajo “amenazas de movilización”, como respuesta al Paro Nacional convocado por la CUT para este miércoles 24 de noviembre.
Una situación que ha generado molestia en los trabajadores y descontento hacia la forma en la que el Gobierno está tratando el tema.
“Nos parece que es una falta de voluntad política del Gobierno no buscar una solución a los problemas de los funcionarios públicos. Esto nos hace pensar también en la valoración que tiene este gobierno formado por muchos empresarios respecto de las organizaciones sindicales. Creemos que no se ha valorado la importancia que tiene esta mesa de negociación, que es la más grande que existe en este país. Una negociación que no sólo tiene que ver con el reajuste para los funcionarios públicos, sino que la señal para el sector privado en sus negociaciones colectivas”, indicó Raúl De La Puente, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Los empleados públicos demandan un reajuste que no sólo les permita recuperar el poder adquisitivo, sino que contemple el crecimiento proyectado para nuestro país, haciéndolos partícipes también del desarrollo económico.
Silvia Aguilar, presidenta de la Federación Nacional de Técnicos Paramédicos, advirtió que el Gobierno está ocupando el terremoto como excusa para negociar a la baja, sin pensar que los mismos trabajadores están sufriendo a raíz de la catástrofe.
“Los trabajadores públicos no estamos disponibles para un reajuste miserable que ellos consideran que este país debe tener y que nos sigan dando el caramelo del terremoto. Todos los funcionarios públicos estuvimos afectados por el terremoto y por lo tanto creemos que así como nos han quitado beneficios, creemos que es la hora que el gobierno también piense en que los trabajadores del sector público que fueron afectados con un 3,7 no van a levantar sus casas, ni van a poder retomar la educación de sus hijos”, precisó Aguilar.
Por esta razón, los empelados de los municipios, consultorios, colegios, registros civiles y otros servicios públicos, detendrán sus funciones este miércoles y marcharán desde Plaza Italia a Plaza de Armas expresando su descontento, a la espera de que el Gobierno retome el diálogo el día jueves para enviar, lo antes posible, un acuerdo satisfactorio al Congreso Nacional.
En este sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía a comprender la situación, un problema que ha generado el mismo Gobierno, tal como señaló el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, Oscar Yáñez.
“No es un problema nuestro es un problema que ha generado el Gobierno por un reajuste mezquino, que no va en la proporción con las tasas de crecimiento que está obteniendo el país. La cifra que ha colocado el gobierno no permite mejorar las remuneraciones del sector público y obviamente al mejorar los salarios de los empleados fiscales se incrementa la calidad de vida del trabajador público y eso se ve traducido en una mejor gestión”, señaló el dirigente.
Finalmente, los trabajadores señalaron que existe la disposición de conversar con las autoridades, pero aseguraron que, de no llegar a un acuerdo satisfactorio, seguirán luchando para que se respete y valorice el rol de los empleados públicos de Chile.
Detenido se encuentra el proceso de negociación entre los trabajadores públicos y el Gobierno por el reajuste salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales.
Luego de una propuesta de aumento de un 3,7%, muy inferior al 8,9% planteado por los trabajadores, el Gobierno decidió no negociar bajo “amenazas de movilización”, como respuesta al Paro Nacional convocado por la CUT para este miércoles 24 de noviembre.
Una situación que ha generado molestia en los trabajadores y descontento hacia la forma en la que el Gobierno está tratando el tema.
“Nos parece que es una falta de voluntad política del Gobierno no buscar una solución a los problemas de los funcionarios públicos. Esto nos hace pensar también en la valoración que tiene este gobierno formado por muchos empresarios respecto de las organizaciones sindicales. Creemos que no se ha valorado la importancia que tiene esta mesa de negociación, que es la más grande que existe en este país. Una negociación que no sólo tiene que ver con el reajuste para los funcionarios públicos, sino que la señal para el sector privado en sus negociaciones colectivas”, indicó Raúl De La Puente, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Los empleados públicos demandan un reajuste que no sólo les permita recuperar el poder adquisitivo, sino que contemple el crecimiento proyectado para nuestro país, haciéndolos partícipes también del desarrollo económico.
Silvia Aguilar, presidenta de la Federación Nacional de Técnicos Paramédicos, advirtió que el Gobierno está ocupando el terremoto como excusa para negociar a la baja, sin pensar que los mismos trabajadores están sufriendo a raíz de la catástrofe.
“Los trabajadores públicos no estamos disponibles para un reajuste miserable que ellos consideran que este país debe tener y que nos sigan dando el caramelo del terremoto. Todos los funcionarios públicos estuvimos afectados por el terremoto y por lo tanto creemos que así como nos han quitado beneficios, creemos que es la hora que el gobierno también piense en que los trabajadores del sector público que fueron afectados con un 3,7 no van a levantar sus casas, ni van a poder retomar la educación de sus hijos”, precisó Aguilar.
Por esta razón, los empelados de los municipios, consultorios, colegios, registros civiles y otros servicios públicos, detendrán sus funciones este miércoles y marcharán desde Plaza Italia a Plaza de Armas expresando su descontento, a la espera de que el Gobierno retome el diálogo el día jueves para enviar, lo antes posible, un acuerdo satisfactorio al Congreso Nacional.
En este sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía a comprender la situación, un problema que ha generado el mismo Gobierno, tal como señaló el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, Oscar Yáñez.
“No es un problema nuestro es un problema que ha generado el Gobierno por un reajuste mezquino, que no va en la proporción con las tasas de crecimiento que está obteniendo el país. La cifra que ha colocado el gobierno no permite mejorar las remuneraciones del sector público y obviamente al mejorar los salarios de los empleados fiscales se incrementa la calidad de vida del trabajador público y eso se ve traducido en una mejor gestión”, señaló el dirigente.
Finalmente, los trabajadores señalaron que existe la disposición de conversar con las autoridades, pero aseguraron que, de no llegar a un acuerdo satisfactorio, seguirán luchando para que se respete y valorice el rol de los empleados públicos de Chile.
