En medio de la discusión por la instalación de la termoeléctrica Castilla en la Región de Atacama, la organización medioambiental Greenpreace presentó una “Propuesta de política energética para Chile sin Carbón”.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile su autor, Miguel Márquez, recalcó que esta mirada general, basada en casos internacionales, permitió dar cuenta de un mercado eléctrico concentrado, excluyente y con un sostenido aumento de precios y rentabilidades.
Según el experto, las empresas no cumplen el rol de tener una seguridad de suministro y disminuir la vulnerabilidad y dependencia que nuestra matriz eléctrica posee.
Márquez planteó que el uso de este tipo de energía es equivocado y explicó que uno de los principales argumentos para esta afirmación es el costo ecológico: “Las centrales a carbón térmicas, cualquiera sea la tecnología utilizada, excluyen severos impactos ambientales de los costos. Me refiero no solo al impacto que tienen en la calidad del aire, a nivel local y regional en algunos casos, y también a nivel global con el tema del cambio climático, sino también sobre el territorio y, últimamente, sobre el tema de las aguas, tanto lacustres como marítimas. En la medida que estos costos, que son elevadísimos, no estén incorporados en los costos, y por ende, en los precios de la energía, la evaluación del proyecto está falseada”, dijo.
El representante de Greenpeace Chile afirmó que el plan de obras térmico es una herencia de los gobiernos de la Concertación, haciendo caso omiso a los acuerdos firmados en el Protocolo de Kyoto por la disminución de los gases de efecto invernadero.
Márquez recordó que incluso el actual ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que de aquí a 2030 Chile multiplicaría en más de 30 veces este tipo de emisiones producto de la instalación de centrales térmicas a carbón.
El autor de la investigación criticó que la creación de estos proyectos se plantee como la solución a un problema del país, cuando realmente sólo favorece a las mineras, puesto que cerca de un 90 por ciento del uso del Sistema Interconectado Central en el norte grande pertenece a estas empresas.
Por esta razón una de las propuestas de la organización ambiental es que las minas disminuyan su consumo eléctrico: “Obligar a las mineras a ahorrar un mínimo de 2% al año en su consumo de energía. Esto significa, en un plazo de diez años, la salida de por lo menos tres a cuatro centrales térmicas a carbón de las cuales quieren instalar. Esto no solo significa disminuir las emisiones y tener menos impacto ambiental, sino además volvernos más competitivos”, señaló.
A juicio de Miguel Márquez, es necesario cambiar las actuales reglas del juego de manera que, si las empresas eléctricas reciben grandes utilidades, los usuarios no reciban un servicio tan deficiente.
En medio de la discusión por la instalación de la termoeléctrica Castilla en la Región de Atacama, la organización medioambiental Greenpreace presentó una “Propuesta de política energética para Chile sin Carbón”.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile su autor, Miguel Márquez, recalcó que esta mirada general, basada en casos internacionales, permitió dar cuenta de un mercado eléctrico concentrado, excluyente y con un sostenido aumento de precios y rentabilidades.
Según el experto, las empresas no cumplen el rol de tener una seguridad de suministro y disminuir la vulnerabilidad y dependencia que nuestra matriz eléctrica posee.
Márquez planteó que el uso de este tipo de energía es equivocado y explicó que uno de los principales argumentos para esta afirmación es el costo ecológico: “Las centrales a carbón térmicas, cualquiera sea la tecnología utilizada, excluyen severos impactos ambientales de los costos. Me refiero no solo al impacto que tienen en la calidad del aire, a nivel local y regional en algunos casos, y también a nivel global con el tema del cambio climático, sino también sobre el territorio y, últimamente, sobre el tema de las aguas, tanto lacustres como marítimas. En la medida que estos costos, que son elevadísimos, no estén incorporados en los costos, y por ende, en los precios de la energía, la evaluación del proyecto está falseada”, dijo.
El representante de Greenpeace Chile afirmó que el plan de obras térmico es una herencia de los gobiernos de la Concertación, haciendo caso omiso a los acuerdos firmados en el Protocolo de Kyoto por la disminución de los gases de efecto invernadero.
Márquez recordó que incluso el actual ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que de aquí a 2030 Chile multiplicaría en más de 30 veces este tipo de emisiones producto de la instalación de centrales térmicas a carbón.
El autor de la investigación criticó que la creación de estos proyectos se plantee como la solución a un problema del país, cuando realmente sólo favorece a las mineras, puesto que cerca de un 90 por ciento del uso del Sistema Interconectado Central en el norte grande pertenece a estas empresas.
Por esta razón una de las propuestas de la organización ambiental es que las minas disminuyan su consumo eléctrico: “Obligar a las mineras a ahorrar un mínimo de 2% al año en su consumo de energía. Esto significa, en un plazo de diez años, la salida de por lo menos tres a cuatro centrales térmicas a carbón de las cuales quieren instalar. Esto no solo significa disminuir las emisiones y tener menos impacto ambiental, sino además volvernos más competitivos”, señaló.
A juicio de Miguel Márquez, es necesario cambiar las actuales reglas del juego de manera que, si las empresas eléctricas reciben grandes utilidades, los usuarios no reciban un servicio tan deficiente.
En medio de la discusión por la instalación de la termoeléctrica Castilla en la Región de Atacama, la organización medioambiental Greenpreace presentó una “Propuesta de política energética para Chile sin Carbón”.
En el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile su autor, Miguel Márquez, recalcó que esta mirada general, basada en casos internacionales, permitió dar cuenta de un mercado eléctrico concentrado, excluyente y con un sostenido aumento de precios y rentabilidades.
Según el experto, las empresas no cumplen el rol de tener una seguridad de suministro y disminuir la vulnerabilidad y dependencia que nuestra matriz eléctrica posee.
Márquez planteó que el uso de este tipo de energía es equivocado y explicó que uno de los principales argumentos para esta afirmación es el costo ecológico: “Las centrales a carbón térmicas, cualquiera sea la tecnología utilizada, excluyen severos impactos ambientales de los costos. Me refiero no solo al impacto que tienen en la calidad del aire, a nivel local y regional en algunos casos, y también a nivel global con el tema del cambio climático, sino también sobre el territorio y, últimamente, sobre el tema de las aguas, tanto lacustres como marítimas. En la medida que estos costos, que son elevadísimos, no estén incorporados en los costos, y por ende, en los precios de la energía, la evaluación del proyecto está falseada”, dijo.
El representante de Greenpeace Chile afirmó que el plan de obras térmico es una herencia de los gobiernos de la Concertación, haciendo caso omiso a los acuerdos firmados en el Protocolo de Kyoto por la disminución de los gases de efecto invernadero.
Márquez recordó que incluso el actual ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que de aquí a 2030 Chile multiplicaría en más de 30 veces este tipo de emisiones producto de la instalación de centrales térmicas a carbón.
El autor de la investigación criticó que la creación de estos proyectos se plantee como la solución a un problema del país, cuando realmente sólo favorece a las mineras, puesto que cerca de un 90 por ciento del uso del Sistema Interconectado Central en el norte grande pertenece a estas empresas.
Por esta razón una de las propuestas de la organización ambiental es que las minas disminuyan su consumo eléctrico: “Obligar a las mineras a ahorrar un mínimo de 2% al año en su consumo de energía. Esto significa, en un plazo de diez años, la salida de por lo menos tres a cuatro centrales térmicas a carbón de las cuales quieren instalar. Esto no solo significa disminuir las emisiones y tener menos impacto ambiental, sino además volvernos más competitivos”, señaló.
A juicio de Miguel Márquez, es necesario cambiar las actuales reglas del juego de manera que, si las empresas eléctricas reciben grandes utilidades, los usuarios no reciban un servicio tan deficiente.
