La Fiscalía Metropolitana Centro Norte pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a un grupo de ejecutivos multados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por uso de información privilegiada y falta al deber de reserva.
La entidad reguladora los había sancionado con multas económicas en julio de 2008 por el caso de la fallida fusión entre Falabella y D&S, actualmente propiedad de la multinacional Walmart.
La formalización, solicitada por la fiscal del caso, Ximena Chong, será a Peter Studer, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben y Marcel Zarour, por el delito de “uso de información privilegiada”, mientras que en el caso de Ana María Laguna y María Luisa Solari, de Falabella, será por “revelación de información privilegiada”.
Francisco Armanet, ex gerente de Banchile Corredores de Bolsa, advirtió que lo realizado anteriormente por la Superintendencia fue cursar multas económicas por un delito que merece una pena de hasta cinco años de cárcel.
Por esta razón, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile valoró como un hecho positivo la decisión del Ministerio Público: “Encuentro sumamente sano que la nueva justicia procesal penal intervenga en beneficio, primero, de los inocentes, porque es posible que la Superintendencia se equivoque con aquellas personas que aparentemente usaron información privilegiada, pero que no la usaron. Eso es fruto de una investigación judicial, propia de todos los países desarrollados, no de un organismo administrativo. Y en segundo lugar, es muy positivo porque los verdaderamente culpables tienen que pagar con las consecuencias que establece el Código Penal”, explicó.
Armanet advirtió que hasta ahora a los culpables de uso de información privilegiada se les bajaba un grado la pena por su impecable conducta anterior, lo que asociado a una cultura de valorar la astucia y rapidez en los negocios, implicaba que estos ilícitos quedaran impunes.
El experto subrayó, sin embargo, que la principal responsabilidad no está en el Poder Judicial, sino en el Ejecutivo y Legislativo: “Los responsables de que esto ocurra son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No es posible que a gente que hace uso de información privilegiada, donde obtiene grandes montos, no le pase nada. El Ejecutivo y el Legislativo son los llamados a cambiar el Código Penal en esas materias, sobre todo cuando hay delitos que son masivos. Aquí defraudar a una persona por 15 millones de pesos tiene la misma pena que defraudar a 500 mil personas por mil millones de dólares. Eso no es sensato, no sé cómo los diputados y senadores no se dan cuenta de que no tiene pies ni cabeza”, señaló.
El ex gerente de Banchile aseguró que en el futuro el Ministerio Público tendrá bastante trabajo, sobre todo cuando se interioricen en conceptos incluso más graves, como la manipulación de precios, que tiene una pena de hasta 10 años de reclusión.
Aún se desconoce la fecha en que el Ministerio Público realizará la formalización de cargos y trascendió que la Fiscalía sólo entregará más detalles de ésta durante la audiencia.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a un grupo de ejecutivos multados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por uso de información privilegiada y falta al deber de reserva.
La entidad reguladora los había sancionado con multas económicas en julio de 2008 por el caso de la fallida fusión entre Falabella y D&S, actualmente propiedad de la multinacional Walmart.
La formalización, solicitada por la fiscal del caso, Ximena Chong, será a Peter Studer, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben y Marcel Zarour, por el delito de “uso de información privilegiada”, mientras que en el caso de Ana María Laguna y María Luisa Solari, de Falabella, será por “revelación de información privilegiada”.
Francisco Armanet, ex gerente de Banchile Corredores de Bolsa, advirtió que lo realizado anteriormente por la Superintendencia fue cursar multas económicas por un delito que merece una pena de hasta cinco años de cárcel.
Por esta razón, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile valoró como un hecho positivo la decisión del Ministerio Público: “Encuentro sumamente sano que la nueva justicia procesal penal intervenga en beneficio, primero, de los inocentes, porque es posible que la Superintendencia se equivoque con aquellas personas que aparentemente usaron información privilegiada, pero que no la usaron. Eso es fruto de una investigación judicial, propia de todos los países desarrollados, no de un organismo administrativo. Y en segundo lugar, es muy positivo porque los verdaderamente culpables tienen que pagar con las consecuencias que establece el Código Penal”, explicó.
Armanet advirtió que hasta ahora a los culpables de uso de información privilegiada se les bajaba un grado la pena por su impecable conducta anterior, lo que asociado a una cultura de valorar la astucia y rapidez en los negocios, implicaba que estos ilícitos quedaran impunes.
El experto subrayó, sin embargo, que la principal responsabilidad no está en el Poder Judicial, sino en el Ejecutivo y Legislativo: “Los responsables de que esto ocurra son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No es posible que a gente que hace uso de información privilegiada, donde obtiene grandes montos, no le pase nada. El Ejecutivo y el Legislativo son los llamados a cambiar el Código Penal en esas materias, sobre todo cuando hay delitos que son masivos. Aquí defraudar a una persona por 15 millones de pesos tiene la misma pena que defraudar a 500 mil personas por mil millones de dólares. Eso no es sensato, no sé cómo los diputados y senadores no se dan cuenta de que no tiene pies ni cabeza”, señaló.
El ex gerente de Banchile aseguró que en el futuro el Ministerio Público tendrá bastante trabajo, sobre todo cuando se interioricen en conceptos incluso más graves, como la manipulación de precios, que tiene una pena de hasta 10 años de reclusión.
Aún se desconoce la fecha en que el Ministerio Público realizará la formalización de cargos y trascendió que la Fiscalía sólo entregará más detalles de ésta durante la audiencia.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizar a un grupo de ejecutivos multados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por uso de información privilegiada y falta al deber de reserva.
La entidad reguladora los había sancionado con multas económicas en julio de 2008 por el caso de la fallida fusión entre Falabella y D&S, actualmente propiedad de la multinacional Walmart.
La formalización, solicitada por la fiscal del caso, Ximena Chong, será a Peter Studer, Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal, Eugenio Eben y Marcel Zarour, por el delito de “uso de información privilegiada”, mientras que en el caso de Ana María Laguna y María Luisa Solari, de Falabella, será por “revelación de información privilegiada”.
Francisco Armanet, ex gerente de Banchile Corredores de Bolsa, advirtió que lo realizado anteriormente por la Superintendencia fue cursar multas económicas por un delito que merece una pena de hasta cinco años de cárcel.
Por esta razón, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile valoró como un hecho positivo la decisión del Ministerio Público: “Encuentro sumamente sano que la nueva justicia procesal penal intervenga en beneficio, primero, de los inocentes, porque es posible que la Superintendencia se equivoque con aquellas personas que aparentemente usaron información privilegiada, pero que no la usaron. Eso es fruto de una investigación judicial, propia de todos los países desarrollados, no de un organismo administrativo. Y en segundo lugar, es muy positivo porque los verdaderamente culpables tienen que pagar con las consecuencias que establece el Código Penal”, explicó.
Armanet advirtió que hasta ahora a los culpables de uso de información privilegiada se les bajaba un grado la pena por su impecable conducta anterior, lo que asociado a una cultura de valorar la astucia y rapidez en los negocios, implicaba que estos ilícitos quedaran impunes.
El experto subrayó, sin embargo, que la principal responsabilidad no está en el Poder Judicial, sino en el Ejecutivo y Legislativo: “Los responsables de que esto ocurra son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No es posible que a gente que hace uso de información privilegiada, donde obtiene grandes montos, no le pase nada. El Ejecutivo y el Legislativo son los llamados a cambiar el Código Penal en esas materias, sobre todo cuando hay delitos que son masivos. Aquí defraudar a una persona por 15 millones de pesos tiene la misma pena que defraudar a 500 mil personas por mil millones de dólares. Eso no es sensato, no sé cómo los diputados y senadores no se dan cuenta de que no tiene pies ni cabeza”, señaló.
El ex gerente de Banchile aseguró que en el futuro el Ministerio Público tendrá bastante trabajo, sobre todo cuando se interioricen en conceptos incluso más graves, como la manipulación de precios, que tiene una pena de hasta 10 años de reclusión.
Aún se desconoce la fecha en que el Ministerio Público realizará la formalización de cargos y trascendió que la Fiscalía sólo entregará más detalles de ésta durante la audiencia.
