Llueven críticas a la reforma educacional: “Es una campaña publicitaria”
Muchos son los reparos ante las medidas anunciadas para afrontar “la madre de todas las batallas”, mejorar la calidad de la educación. Según expertos, parlamentarios y profesores, la reforma continúa la privatización, no resuelve los problemas de fondo ni tiene nada de “revolucionaria”. Además, rechazan la limitada discusión que pretende el Ejecutivo: “Eso es propio de la mentalidad totalitaria del Gobierno”, acusa el presidente del Senado, Jorge Pizarro.
Martes 23 de noviembre 2010 19:11 hrs.
No tiene novedad, va a profundizar la privatización, nadie conoce el proyecto, se requiere diálogo. Son algunos de los reparos que generan las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera para implementar su “revolucionaria” reforma educacional, “la madre de todas las batallas” o “el más grande desafío de nuestra sociedad”, como ha repetido el mandatario.
La iniciativa contempla incentivos a los estudiantes de Pedagogía, aumento de liceos de excelencia, concurso público para elegir directores y reforma al estatuto docente, entre otras acciones que buscan mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, distintos actores manifiestan su escepticismo o rechazo.
En el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile sostienen que el concepto de calidad que utiliza el Gobierno es sesgado, lo cual se expresa en el aumento de horas de Lenguaje y Matemáticas en detrimento de otras asignaturas, como Historia y Tecnología. “No es una educación de calidad integral, en el sentido de formar personas que vayan más allá del mero cálculo o la lectura por repetición”, señala Mario Sobarzo, integrante del Comité Ejecutivo de dicha entidad.
Según el académico, la reforma anunciada profundiza la privatización del sistema educacional chileno: “Que el Presidente, en cadena nacional, compare y diga que él espera que los colegios municipales y particulares subvencionados lleguen a convertirse o parecerse al sistema de la educación particular pagada, es un claro desconocimiento de la función de la educación”, afirma.
Aunque rescatan una medida como mejorar las remuneraciones de los profesores y piensan que puede haber avances en el Simce y la PSU, en OPECH creen que el plan no resolverá tema de fondo: “Quizás vamos a ver un mejoramiento de algunos puntos en el Simce y la PSU, pero el problema va más allá de puntos más o puntos menos. Si esto quisiera ser una revolución, habría que cambiar el modo en que opera el sistema. Eso pasa por desmunicipalizar, integrar a las comunidades en la gestión y las decisiones respecto a los recursos, currículums, etc. Pasa por que los profesores tengan un reconocimiento no solo económico, también social. Pasa por muchos más elementos que lo que se está planteando, que se cree que es un gran cambio”, explica Sobarzo.
Para el especialista, el plan anunciado sigue “profundizando todos los males que han gatillado la crisis educativa que tenemos actualmente. Cuando la idea es apostar por la cooperación, se sigue apostando por la competencia. Cuando la idea es apostar por unas comunidades educativas empoderadas, se sigue generando la idea de que es posible resolver con directores que tienen que tomar las decisiones en forma casi solitaria. Entonces, más bien es una campaña publicitaria que una reforma de fondo”, indica Sobarzo.
Una idea con la que coincide el diputado Sergio Aguiló (PS), parte de la comisión de Educación de la Cámara, quien sostiene que los anuncios presidenciales no apuntan al problema sustancial: “No son más que medidas parche. Algunas positivas y otras negativas, pero son poco relevantes. Nada tiene que ver con la parafernalia tremenda, decir que esta es una revolución. Todo eso es un chiste parafernálico que le encanta a este Gobierno, es una falta de respeto a la inteligencia humana”, declara.
El parlamentario se muestra dispuesto a respaldar en el Congreso ideas como el apoyo a los estudiantes de Pedagogía, pero considera “deplorable” la reducción de ciertas asignaturas a favor de Lenguaje y Matemáticas, además de apuntar al fin de la municipalización, no considerado por el Gobierno, como un tema fundamental.
¿Y la discusión?
Un argumento para hablar de privatización es la creación de una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación, propuestas que se tramitan actualmente en el Parlamento. Según Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, la entidad “va a ser una instancia autónoma del ministerio y podrá externalizar servicios. O sea, consultorías privadas se van a adjudicar las escuelas, van a apoyarlas y lucrar con eso. En otras palabras, es nada más que un buen negocio para muchas consultorías privadas que ven esto como una fuente para ganar plata”, asegura.
El magisterio sumará su rechazo a la reforma en el paro que el sector público realizará este miércoles 24, alegando falta de participación en el proyecto, generado por un panel de expertos convocado por el Gobierno. “Es solo un sector de la sociedad que impone un proyecto, sin considerar la participación de los demás”, dice Gajardo.
El debate tendrá que darse en el Congreso. El Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley y el Presidente espera contar con su aprobación en marzo, cuando se inicie el año escolar 2011, pero desde la Concertación ya anunciaron que pedirán cambiar esos plazos.
Entre los parlamentarios acusan desconocimiento sobre la iniciativa (“ni siquiera el ministro Lavín lo conoce, están recién redactándolo”, dicen) y reprueban una tramitación rápida: “Si se dice que es la reforma más grande de los últimos 50 años, no puede pretender que se despache en 30 días. Se requiere diálogo, recoger opiniones, escuchar a los actores, adoptar medidas que sean consensuadas. Porque cuando se habla de reforma a la educación, se está hablando de una política a largo plazo. Por lo tanto, requiere de grandes acuerdos nacionales”, advierte el presidente del Senado, Jorge Pizarro.
Para el senador DC, el apuro del Gobierno para aprobar la reforma “es propio de la mentalidad un poquito totalitaria de algunos que están en el Gobierno. Eso se expresa en cada uno de los proyectos que ellos envían, no aceptan aportes ni criterios distintos”.
Al respecto, el diputado Aguiló adelanta que “no vamos a aceptar que el proyecto venga con urgencia suma” y añade que en el oficialismo no hay disposición para un diálogo que incorpore a expertos y diversos sectores. “Esta gente del Gobierno que se formó bajo el amparo de Pinochet tienen esa costumbre: piensan una cosa, la escriben y todos los demás tenemos que decir ‘bueno, ya’. Así ocurrían las cosas en la dictadura, pero hay que explicarles cada vez que en democracia las cosas son de otra manera. Puede que sea más lento, pero lo principal es que haya una discusión”.
No tiene novedad, va a profundizar la privatización, nadie conoce el proyecto, se requiere diálogo. Son algunos de los reparos que generan las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera para implementar su “revolucionaria” reforma educacional, “la madre de todas las batallas” o “el más grande desafío de nuestra sociedad”, como ha repetido el mandatario.
La iniciativa contempla incentivos a los estudiantes de Pedagogía, aumento de liceos de excelencia, concurso público para elegir directores y reforma al estatuto docente, entre otras acciones que buscan mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, distintos actores manifiestan su escepticismo o rechazo.
En el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile sostienen que el concepto de calidad que utiliza el Gobierno es sesgado, lo cual se expresa en el aumento de horas de Lenguaje y Matemáticas en detrimento de otras asignaturas, como Historia y Tecnología. “No es una educación de calidad integral, en el sentido de formar personas que vayan más allá del mero cálculo o la lectura por repetición”, señala Mario Sobarzo, integrante del Comité Ejecutivo de dicha entidad.
Según el académico, la reforma anunciada profundiza la privatización del sistema educacional chileno: “Que el Presidente, en cadena nacional, compare y diga que él espera que los colegios municipales y particulares subvencionados lleguen a convertirse o parecerse al sistema de la educación particular pagada, es un claro desconocimiento de la función de la educación”, afirma.
Aunque rescatan una medida como mejorar las remuneraciones de los profesores y piensan que puede haber avances en el Simce y la PSU, en OPECH creen que el plan no resolverá tema de fondo: “Quizás vamos a ver un mejoramiento de algunos puntos en el Simce y la PSU, pero el problema va más allá de puntos más o puntos menos. Si esto quisiera ser una revolución, habría que cambiar el modo en que opera el sistema. Eso pasa por desmunicipalizar, integrar a las comunidades en la gestión y las decisiones respecto a los recursos, currículums, etc. Pasa por que los profesores tengan un reconocimiento no solo económico, también social. Pasa por muchos más elementos que lo que se está planteando, que se cree que es un gran cambio”, explica Sobarzo.
Para el especialista, el plan anunciado sigue “profundizando todos los males que han gatillado la crisis educativa que tenemos actualmente. Cuando la idea es apostar por la cooperación, se sigue apostando por la competencia. Cuando la idea es apostar por unas comunidades educativas empoderadas, se sigue generando la idea de que es posible resolver con directores que tienen que tomar las decisiones en forma casi solitaria. Entonces, más bien es una campaña publicitaria que una reforma de fondo”, indica Sobarzo.
Una idea con la que coincide el diputado Sergio Aguiló (PS), parte de la comisión de Educación de la Cámara, quien sostiene que los anuncios presidenciales no apuntan al problema sustancial: “No son más que medidas parche. Algunas positivas y otras negativas, pero son poco relevantes. Nada tiene que ver con la parafernalia tremenda, decir que esta es una revolución. Todo eso es un chiste parafernálico que le encanta a este Gobierno, es una falta de respeto a la inteligencia humana”, declara.
El parlamentario se muestra dispuesto a respaldar en el Congreso ideas como el apoyo a los estudiantes de Pedagogía, pero considera “deplorable” la reducción de ciertas asignaturas a favor de Lenguaje y Matemáticas, además de apuntar al fin de la municipalización, no considerado por el Gobierno, como un tema fundamental.
¿Y la discusión?
Un argumento para hablar de privatización es la creación de una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación, propuestas que se tramitan actualmente en el Parlamento. Según Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, la entidad “va a ser una instancia autónoma del ministerio y podrá externalizar servicios. O sea, consultorías privadas se van a adjudicar las escuelas, van a apoyarlas y lucrar con eso. En otras palabras, es nada más que un buen negocio para muchas consultorías privadas que ven esto como una fuente para ganar plata”, asegura.
El magisterio sumará su rechazo a la reforma en el paro que el sector público realizará este miércoles 24, alegando falta de participación en el proyecto, generado por un panel de expertos convocado por el Gobierno. “Es solo un sector de la sociedad que impone un proyecto, sin considerar la participación de los demás”, dice Gajardo.
El debate tendrá que darse en el Congreso. El Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley y el Presidente espera contar con su aprobación en marzo, cuando se inicie el año escolar 2011, pero desde la Concertación ya anunciaron que pedirán cambiar esos plazos.
Entre los parlamentarios acusan desconocimiento sobre la iniciativa (“ni siquiera el ministro Lavín lo conoce, están recién redactándolo”, dicen) y reprueban una tramitación rápida: “Si se dice que es la reforma más grande de los últimos 50 años, no puede pretender que se despache en 30 días. Se requiere diálogo, recoger opiniones, escuchar a los actores, adoptar medidas que sean consensuadas. Porque cuando se habla de reforma a la educación, se está hablando de una política a largo plazo. Por lo tanto, requiere de grandes acuerdos nacionales”, advierte el presidente del Senado, Jorge Pizarro.
Para el senador DC, el apuro del Gobierno para aprobar la reforma “es propio de la mentalidad un poquito totalitaria de algunos que están en el Gobierno. Eso se expresa en cada uno de los proyectos que ellos envían, no aceptan aportes ni criterios distintos”.
Al respecto, el diputado Aguiló adelanta que “no vamos a aceptar que el proyecto venga con urgencia suma” y añade que en el oficialismo no hay disposición para un diálogo que incorpore a expertos y diversos sectores. “Esta gente del Gobierno que se formó bajo el amparo de Pinochet tienen esa costumbre: piensan una cosa, la escriben y todos los demás tenemos que decir ‘bueno, ya’. Así ocurrían las cosas en la dictadura, pero hay que explicarles cada vez que en democracia las cosas son de otra manera. Puede que sea más lento, pero lo principal es que haya una discusión”.
No tiene novedad, va a profundizar la privatización, nadie conoce el proyecto, se requiere diálogo. Son algunos de los reparos que generan las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera para implementar su “revolucionaria” reforma educacional, “la madre de todas las batallas” o “el más grande desafío de nuestra sociedad”, como ha repetido el mandatario.
La iniciativa contempla incentivos a los estudiantes de Pedagogía, aumento de liceos de excelencia, concurso público para elegir directores y reforma al estatuto docente, entre otras acciones que buscan mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, distintos actores manifiestan su escepticismo o rechazo.
En el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile sostienen que el concepto de calidad que utiliza el Gobierno es sesgado, lo cual se expresa en el aumento de horas de Lenguaje y Matemáticas en detrimento de otras asignaturas, como Historia y Tecnología. “No es una educación de calidad integral, en el sentido de formar personas que vayan más allá del mero cálculo o la lectura por repetición”, señala Mario Sobarzo, integrante del Comité Ejecutivo de dicha entidad.
Según el académico, la reforma anunciada profundiza la privatización del sistema educacional chileno: “Que el Presidente, en cadena nacional, compare y diga que él espera que los colegios municipales y particulares subvencionados lleguen a convertirse o parecerse al sistema de la educación particular pagada, es un claro desconocimiento de la función de la educación”, afirma.
Aunque rescatan una medida como mejorar las remuneraciones de los profesores y piensan que puede haber avances en el Simce y la PSU, en OPECH creen que el plan no resolverá tema de fondo: “Quizás vamos a ver un mejoramiento de algunos puntos en el Simce y la PSU, pero el problema va más allá de puntos más o puntos menos. Si esto quisiera ser una revolución, habría que cambiar el modo en que opera el sistema. Eso pasa por desmunicipalizar, integrar a las comunidades en la gestión y las decisiones respecto a los recursos, currículums, etc. Pasa por que los profesores tengan un reconocimiento no solo económico, también social. Pasa por muchos más elementos que lo que se está planteando, que se cree que es un gran cambio”, explica Sobarzo.
Para el especialista, el plan anunciado sigue “profundizando todos los males que han gatillado la crisis educativa que tenemos actualmente. Cuando la idea es apostar por la cooperación, se sigue apostando por la competencia. Cuando la idea es apostar por unas comunidades educativas empoderadas, se sigue generando la idea de que es posible resolver con directores que tienen que tomar las decisiones en forma casi solitaria. Entonces, más bien es una campaña publicitaria que una reforma de fondo”, indica Sobarzo.
Una idea con la que coincide el diputado Sergio Aguiló (PS), parte de la comisión de Educación de la Cámara, quien sostiene que los anuncios presidenciales no apuntan al problema sustancial: “No son más que medidas parche. Algunas positivas y otras negativas, pero son poco relevantes. Nada tiene que ver con la parafernalia tremenda, decir que esta es una revolución. Todo eso es un chiste parafernálico que le encanta a este Gobierno, es una falta de respeto a la inteligencia humana”, declara.
El parlamentario se muestra dispuesto a respaldar en el Congreso ideas como el apoyo a los estudiantes de Pedagogía, pero considera “deplorable” la reducción de ciertas asignaturas a favor de Lenguaje y Matemáticas, además de apuntar al fin de la municipalización, no considerado por el Gobierno, como un tema fundamental.
¿Y la discusión?
Un argumento para hablar de privatización es la creación de una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación, propuestas que se tramitan actualmente en el Parlamento. Según Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, la entidad “va a ser una instancia autónoma del ministerio y podrá externalizar servicios. O sea, consultorías privadas se van a adjudicar las escuelas, van a apoyarlas y lucrar con eso. En otras palabras, es nada más que un buen negocio para muchas consultorías privadas que ven esto como una fuente para ganar plata”, asegura.
El magisterio sumará su rechazo a la reforma en el paro que el sector público realizará este miércoles 24, alegando falta de participación en el proyecto, generado por un panel de expertos convocado por el Gobierno. “Es solo un sector de la sociedad que impone un proyecto, sin considerar la participación de los demás”, dice Gajardo.
El debate tendrá que darse en el Congreso. El Ejecutivo puso suma urgencia al proyecto de ley y el Presidente espera contar con su aprobación en marzo, cuando se inicie el año escolar 2011, pero desde la Concertación ya anunciaron que pedirán cambiar esos plazos.
Entre los parlamentarios acusan desconocimiento sobre la iniciativa (“ni siquiera el ministro Lavín lo conoce, están recién redactándolo”, dicen) y reprueban una tramitación rápida: “Si se dice que es la reforma más grande de los últimos 50 años, no puede pretender que se despache en 30 días. Se requiere diálogo, recoger opiniones, escuchar a los actores, adoptar medidas que sean consensuadas. Porque cuando se habla de reforma a la educación, se está hablando de una política a largo plazo. Por lo tanto, requiere de grandes acuerdos nacionales”, advierte el presidente del Senado, Jorge Pizarro.
Para el senador DC, el apuro del Gobierno para aprobar la reforma “es propio de la mentalidad un poquito totalitaria de algunos que están en el Gobierno. Eso se expresa en cada uno de los proyectos que ellos envían, no aceptan aportes ni criterios distintos”.
Al respecto, el diputado Aguiló adelanta que “no vamos a aceptar que el proyecto venga con urgencia suma” y añade que en el oficialismo no hay disposición para un diálogo que incorpore a expertos y diversos sectores. “Esta gente del Gobierno que se formó bajo el amparo de Pinochet tienen esa costumbre: piensan una cosa, la escriben y todos los demás tenemos que decir ‘bueno, ya’. Así ocurrían las cosas en la dictadura, pero hay que explicarles cada vez que en democracia las cosas son de otra manera. Puede que sea más lento, pero lo principal es que haya una discusión”.
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