La polémica que se desató la semana pasada por las “ventas atadas” de productos bancarios, puso sobre el tapete los alcances que tendrá el proyecto de ley de Sernac Financiero que, en la actualidad, pasa por su primer trámite constitucional y que deberá ser revisado por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Para muchos actores del sistema, el Sernac Financiero debería ser la instancia donde este tipo de situaciones se solucionaran, sin embargo, tal como está ahora, no toma en cuenta ámbitos como los que han salido a la luz pública en los últimos días.

En un principio, la iniciativa legal contemplaba la prohibición total de los mecanismos que ofrecieran tasas menores al tomar, por ejemplo, un crédito hipotecario y abrir, al mismo tiempo, una cuenta corriente. Sin embargo, la indicación fue rechazada porque tampoco da cabida a las eventuales ofertas.

“Tal como fue aprobado en la comisión de Economía (el proyecto) tiene muchas limitaciones. Se ha pedido incorporar más materias, pero aún falta bastante. De todas formas, hay posibilidades. Tiene que pasar a la sala y verse en el Senado, pero sin lugar a dudas que tiene que ser mejorado”, dijo el diputado PS e integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara, Carlos Montes.

Y las cifras son claras a la hora de definir el campo de acción de esta nueva entidad reguladora. Sólo entre enero y mayo de este año el Sernac recibió trece mil 636 reclamos en contra del mercado financiero. De ellos, un 61 por ciento correspondían a quejas por las tarjetas de crédito de multitiendas y un 33 por ciento a los plásticos emitidos por los bancos.

De estas denuncias, el 40 por ciento se refiere a cobros indebidos, el 14 por ciento al incumplimiento de las condiciones contratadas – donde se incluyen los cambios unilaterales en los términos de lo pactado – un 14 por ciento a la dificultad para cerrar las cuentas y un porcentaje menor a la falta de información y a cobranzas extrajudiciales excesivas.

En medio de este escenario, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Estefan Larenas, indicó que “el proyecto de Sernac Financiero tiene por objetivo despejar la incógnita sobre quién tiene que resolver los problemas del consumidor en relación con el mercado financiero. La Superintendencia, en ese caso, quedaría relegada al rol que cumple que es velar porque el sistema funcione. La Superintendencia, pese a tener las facultades, nunca ha tenido una actitud proactiva respecto del consumidor y eso ha quedado demostrado ahora con las últimas circulares”.

El 21 de septiembre el Gobierno anunció que las denominadas “ventas atadas”, es decir, amarrar la entrega de un producto financiero a otro, quedarían absolutamente prohibidas. Sin embargo, una circular posterior de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) dio luz verde a las entidades para realizar “ventas conjuntas”, ofreciendo un crédito con rebaja de tasa y cuenta corriente, pero dando la opción al cliente, si es sujeto de crédito, de tomar sólo el préstamo. Situaciones que deberían quedar absolutamente delimitadas con el nuevo Sernac Financiero, al igual que los ofertones de las multitiendas.

“La tendencia que estamos tratado de seguir es que las superintendencias tengan un grado de autonomía mayor de los gobiernos y los ministerios de Hacienda. En muchos países hay un consejo asociado a estas entidades que tienen que evaluar ciertos temas. Lo que ocurrió aquí debe modificarse”, sostuvo Montes.

Desde la otra vereda, la Asociación de Bancos, a través de su presidente, Hernán Somerville, señaló que la creación de un Sernac Financiero suena contraproducente, ya que además de la gran competencia que existe entre los bancos, la SBIF sería suficiente para fiscalizar este mercado.

Pero para el presidente de la Odecu, el principal problema financiero que afecta a los chilenos – el sobreendeudamiento – no sólo se debe resolver a nivel de fiscalización, sino que también modificando la Ley 18.010 para las Operaciones de Crédito y Dinero que, finalmente, es la que permite que los bancos y casas comerciales cobren intereses sobre intereses, en especial, cuando hay problemas de mora.

“Las personas no entienden cómo funciona este mercado. Hay una usura generalizar porque la gente nunca puede terminar de pagar porque cualquier atraso significa una recarga del 50 por ciento al primer mes sobre el saldo que queda y luego una recarga aún mayor cuando hay gastos de cobranzas. Si pido 100, de repente la deuda sube a 300. Ahí ya no tengo capacidad de pagar y la deuda sigue aumentando y es ahí donde se aprovechan las casas de cobranzas y de dónde extraen la mayor cantidad de ganancias los bancos”, dijo Larenas.

En esa línea, el representante de los consumidores añadió que es “ahí  donde la deuda se hace absolutamente impagable porque yo me atraso uno o dos meses y estoy frito. Después viene la orden de embargo y debo repactar. El problema de la insolvencia en Chile se explica en un 80 por ciento por esta ley que le da toda la posibilidad a los bancos para que ganen en perjuicio del consumidor”.

Y pese a que Larenas reconoció que la iniciativa aportaría mucho en la difusión de la información respecto de las operaciones de créditos, insistió en el hecho de que todas las legislaciones que se apliquen en esta área deben apuntar hacia la protección de las personas.

El actual proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso considera fortalecer las atribuciones del Sernac, dando énfasis a la unidad financiera. Además, amplía el marco de acción del organismo para solicitar información y entregarla a los usuarios y otorga el carácter de ministros de fe a ciertos funcionarios para que puedan certificar las irregularidades.