Declaraciones cruzadas marcan el pronto comienzo del juicio oral en contra del ex diputado de RN por la Región Metropolitana, Maximiano Errázuriz, quien es acusado por el mal uso de asignaciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.
El ex diputado, quien ya no milita en Renovación Nacional como consecuencia de este caso, enfrenta cargos de fraude al fisco reiterado y de uso malicioso de instrumento público falso. Según la Fiscalía, Errázuriz habría presentado contratos falsos de arrendamiento de inmuebles para que fuesen usadas como sedes distritales en la zona que representa, cuando no cumplían esa función, y habría cobrado para sí los dineros que la Cámara le entregó para estos efectos, delitos que habría cometido en reiteradas ocasiones y por más de 27 millones de pesos. (Revise la acusación)
A días de iniciarse la audiencia de preparación de juicio oral, se confirmó al inexistencia de salida alternativa; al contrario de cómo ocurrió en el caso de la diputada Claudia Nogueira, UDI, quien entregó 30 millones de pesos como forma de obtener un sobreseimiento, aún estando formalizada.
Y si bien el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, dijo a Radio Universidad de Chile que el ex parlamentario “decidió ejercer su derecho a un juicio oral porque considera que es el mecanismo más hábil y completo para desplegar su defensa, estamos convencido que la acusación tiene defectos de construcción y los hechos están mal calificados”, en el Ministerio Público de Valparaíso reaccionaron ante esta versión desmintiéndola por medio de un comunicado.
Más tarde, la fiscal adjunta, Paola Castiglione, refutó la versión Errázuriz, ya que sería la misma Fiscalía la que desechó la posibilidad de salida alternativa.
Castiglione señaló que desde principios de este año la defensa se acercó a la Fiscalía para evaluar salida alternativa, “el Ministerio Público analizó en su minuto si es que era factible o no llegar a la suspensión condicional del procedimiento”, cuestión que no fructificó, debido a que son varios los delitos por los cuales es acusado, además considerando las penas que arriesga y la gravedad de los hechos “se desechó esta posibilidad”, dijo a nuestra emisora.
Los argumentos se fundan en los cargos y penas asociadas “considerado que son dos delitos en carácter de reiterado y atendida la penalidad en este caso puntual, la posibilidad de una suspensión condicional se ve bastante dificultada”, afirmó Paola Castiglione. La Fiscalía pidió 7 años de presidio mayor en su grado mínimo para Errázuriz, mientras el Consejo de Defensa del Estado solicitó una pena de 15 años de cárcel.
Pero el abogado Manríquez argumentó que el ex diputado nunca estuvo llano a ir a un procedimiento abreviado, por lo que las posibilidades de un acuerdo se perdieron al momento en que la Fiscalía exigió que “asumiera condiciones ilegales e inconstitucionales”, esto se refiere a que se viera excluido como ciudadano, al renunciar a cualquier proceso electoral hasta el 2018 y no emitir declaraciones públicas.
“Eso es ilegal y es impresentable a tribunales, no vamos a plantearlo, el señor Errázuriz hizo hincapié que no quiere pensar que se buscara beneficiar a su adversarios políticos, además no hubo razones objetivas para justificar esto”.
La causa contra Errázuriz fue trasladada desde Valparaíso a Santiago, donde la Corte de Apelaciones la envió al Cuarto Tribunal de Garantía. El 3 de diciembre, en la audiencia programada para la determinación de competencias, la defensa discutirá que ese tribunal sólo puede conocer los hechos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, que ocurrió en junio de 2005, lo cual se espera acote sustancialmente los hechos investigados.
De todas formas, el ex parlamentario deberá enfrentar un proceso judicial en el que no sólo arriesga la posibilidad de volver al Congreso en un futuro cercano sino además su libertad por varios años.
Declaraciones cruzadas marcan el pronto comienzo del juicio oral en contra del ex diputado de RN por la Región Metropolitana, Maximiano Errázuriz, quien es acusado por el mal uso de asignaciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.
El ex diputado, quien ya no milita en Renovación Nacional como consecuencia de este caso, enfrenta cargos de fraude al fisco reiterado y de uso malicioso de instrumento público falso. Según la Fiscalía, Errázuriz habría presentado contratos falsos de arrendamiento de inmuebles para que fuesen usadas como sedes distritales en la zona que representa, cuando no cumplían esa función, y habría cobrado para sí los dineros que la Cámara le entregó para estos efectos, delitos que habría cometido en reiteradas ocasiones y por más de 27 millones de pesos. (Revise la acusación)
A días de iniciarse la audiencia de preparación de juicio oral, se confirmó al inexistencia de salida alternativa; al contrario de cómo ocurrió en el caso de la diputada Claudia Nogueira, UDI, quien entregó 30 millones de pesos como forma de obtener un sobreseimiento, aún estando formalizada.
Y si bien el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, dijo a Radio Universidad de Chile que el ex parlamentario “decidió ejercer su derecho a un juicio oral porque considera que es el mecanismo más hábil y completo para desplegar su defensa, estamos convencido que la acusación tiene defectos de construcción y los hechos están mal calificados”, en el Ministerio Público de Valparaíso reaccionaron ante esta versión desmintiéndola por medio de un comunicado.
Más tarde, la fiscal adjunta, Paola Castiglione, refutó la versión Errázuriz, ya que sería la misma Fiscalía la que desechó la posibilidad de salida alternativa.
Castiglione señaló que desde principios de este año la defensa se acercó a la Fiscalía para evaluar salida alternativa, “el Ministerio Público analizó en su minuto si es que era factible o no llegar a la suspensión condicional del procedimiento”, cuestión que no fructificó, debido a que son varios los delitos por los cuales es acusado, además considerando las penas que arriesga y la gravedad de los hechos “se desechó esta posibilidad”, dijo a nuestra emisora.
Los argumentos se fundan en los cargos y penas asociadas “considerado que son dos delitos en carácter de reiterado y atendida la penalidad en este caso puntual, la posibilidad de una suspensión condicional se ve bastante dificultada”, afirmó Paola Castiglione. La Fiscalía pidió 7 años de presidio mayor en su grado mínimo para Errázuriz, mientras el Consejo de Defensa del Estado solicitó una pena de 15 años de cárcel.
Pero el abogado Manríquez argumentó que el ex diputado nunca estuvo llano a ir a un procedimiento abreviado, por lo que las posibilidades de un acuerdo se perdieron al momento en que la Fiscalía exigió que “asumiera condiciones ilegales e inconstitucionales”, esto se refiere a que se viera excluido como ciudadano, al renunciar a cualquier proceso electoral hasta el 2018 y no emitir declaraciones públicas.
“Eso es ilegal y es impresentable a tribunales, no vamos a plantearlo, el señor Errázuriz hizo hincapié que no quiere pensar que se buscara beneficiar a su adversarios políticos, además no hubo razones objetivas para justificar esto”.
La causa contra Errázuriz fue trasladada desde Valparaíso a Santiago, donde la Corte de Apelaciones la envió al Cuarto Tribunal de Garantía. El 3 de diciembre, en la audiencia programada para la determinación de competencias, la defensa discutirá que ese tribunal sólo puede conocer los hechos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, que ocurrió en junio de 2005, lo cual se espera acote sustancialmente los hechos investigados.
De todas formas, el ex parlamentario deberá enfrentar un proceso judicial en el que no sólo arriesga la posibilidad de volver al Congreso en un futuro cercano sino además su libertad por varios años.
Declaraciones cruzadas marcan el pronto comienzo del juicio oral en contra del ex diputado de RN por la Región Metropolitana, Maximiano Errázuriz, quien es acusado por el mal uso de asignaciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.
El ex diputado, quien ya no milita en Renovación Nacional como consecuencia de este caso, enfrenta cargos de fraude al fisco reiterado y de uso malicioso de instrumento público falso. Según la Fiscalía, Errázuriz habría presentado contratos falsos de arrendamiento de inmuebles para que fuesen usadas como sedes distritales en la zona que representa, cuando no cumplían esa función, y habría cobrado para sí los dineros que la Cámara le entregó para estos efectos, delitos que habría cometido en reiteradas ocasiones y por más de 27 millones de pesos. (Revise la acusación)
A días de iniciarse la audiencia de preparación de juicio oral, se confirmó al inexistencia de salida alternativa; al contrario de cómo ocurrió en el caso de la diputada Claudia Nogueira, UDI, quien entregó 30 millones de pesos como forma de obtener un sobreseimiento, aún estando formalizada.
Y si bien el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, dijo a Radio Universidad de Chile que el ex parlamentario “decidió ejercer su derecho a un juicio oral porque considera que es el mecanismo más hábil y completo para desplegar su defensa, estamos convencido que la acusación tiene defectos de construcción y los hechos están mal calificados”, en el Ministerio Público de Valparaíso reaccionaron ante esta versión desmintiéndola por medio de un comunicado.
Más tarde, la fiscal adjunta, Paola Castiglione, refutó la versión Errázuriz, ya que sería la misma Fiscalía la que desechó la posibilidad de salida alternativa.
Castiglione señaló que desde principios de este año la defensa se acercó a la Fiscalía para evaluar salida alternativa, “el Ministerio Público analizó en su minuto si es que era factible o no llegar a la suspensión condicional del procedimiento”, cuestión que no fructificó, debido a que son varios los delitos por los cuales es acusado, además considerando las penas que arriesga y la gravedad de los hechos “se desechó esta posibilidad”, dijo a nuestra emisora.
Los argumentos se fundan en los cargos y penas asociadas “considerado que son dos delitos en carácter de reiterado y atendida la penalidad en este caso puntual, la posibilidad de una suspensión condicional se ve bastante dificultada”, afirmó Paola Castiglione. La Fiscalía pidió 7 años de presidio mayor en su grado mínimo para Errázuriz, mientras el Consejo de Defensa del Estado solicitó una pena de 15 años de cárcel.
Pero el abogado Manríquez argumentó que el ex diputado nunca estuvo llano a ir a un procedimiento abreviado, por lo que las posibilidades de un acuerdo se perdieron al momento en que la Fiscalía exigió que “asumiera condiciones ilegales e inconstitucionales”, esto se refiere a que se viera excluido como ciudadano, al renunciar a cualquier proceso electoral hasta el 2018 y no emitir declaraciones públicas.
“Eso es ilegal y es impresentable a tribunales, no vamos a plantearlo, el señor Errázuriz hizo hincapié que no quiere pensar que se buscara beneficiar a su adversarios políticos, además no hubo razones objetivas para justificar esto”.
La causa contra Errázuriz fue trasladada desde Valparaíso a Santiago, donde la Corte de Apelaciones la envió al Cuarto Tribunal de Garantía. El 3 de diciembre, en la audiencia programada para la determinación de competencias, la defensa discutirá que ese tribunal sólo puede conocer los hechos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, que ocurrió en junio de 2005, lo cual se espera acote sustancialmente los hechos investigados.
De todas formas, el ex parlamentario deberá enfrentar un proceso judicial en el que no sólo arriesga la posibilidad de volver al Congreso en un futuro cercano sino además su libertad por varios años.
