Nueva ley de pensiones permitirá a los bolivianos jubilarse a los 58 años
Mientras en Europa los Gobiernos están subiendo la edad de jubilación para hacer frente al déficit, otros vientos soplan en América Latina, y sobre todo en Bolivia, al menos en lo que se refiere a derechos laborales. La nueva ley de jubilaciones ya ha pasado el primer trámite en la Asamblea Nacional donde fue aprobada por mayoría absoluta en su concepto general.
Radio Francia Internacional
Viernes 26 de noviembre 2010 14:35 hrs.
El proyecto de Ley de Pensiones prevé anular los contratos con las entidades privadas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España y Zurich Financial Service de Suiza que actualmente gestionan el dinero de 1,3 millones de bolivianos y poseen más de 3.300 millones de dólares. Con la reforma de la ley, progresivamente las cuentas de jubilaciones pasarán a ser controladas por el Estado.
Otro de los grandes cambios es que se adelanta la edad de jubilación de 65 a 58 años en un país donde la esperanza de vida es de 65 años y medio de media. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la región con más esperanza de vida es Tarija con 68,27 años y el nivel más bajo se registra en Potosí con 59,9 años.
El nuevo proyecto prevé que las mujeres puedan jubilarse incluso un poco más pronto que los hombres, a los 55 años y los mineros se podrán jubilar entre los 51 y los 56 años.
El sistema de pensiones, basado en la solidaridad, verá la aportacitón patronal aumentar de un 3%, los empleados también tendrán que subir sus cotizaciones un 0,5% con una contribución especial al fondo de solidaridad a los bolivianos que ganen más de 13.000 bolivianos, esto es 1.320 euros, casi 20 veces más que el salario mínimo que se sitúa en los 70 euros.
“Esperemos que su aprobación sea un regalo de Navidad”, había expresado Evo Morales sobre el texto que seguramente será definitivamente aprobado en menos de un mes. Ahora los diputados deberán examinar punto por punto el proyecto de ley antes de darle el visto bueno.
La reforma llega después de largas negociaciones entre la Central Obrera de Bolivia y el Gobierno de Morales, él mismo ex sindicalista cocalero. En el poder desde 2006, el presidente socialista ha basado su política en la redistribución de las riquezas, sobre todo hidrocarburos, para atender a las capas sociales más desfavorecidas: campesinos, pobres e indígenas, la mayoría de la población del país andino.
El proyecto de Ley de Pensiones prevé anular los contratos con las entidades privadas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España y Zurich Financial Service de Suiza que actualmente gestionan el dinero de 1,3 millones de bolivianos y poseen más de 3.300 millones de dólares. Con la reforma de la ley, progresivamente las cuentas de jubilaciones pasarán a ser controladas por el Estado.
Otro de los grandes cambios es que se adelanta la edad de jubilación de 65 a 58 años en un país donde la esperanza de vida es de 65 años y medio de media. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la región con más esperanza de vida es Tarija con 68,27 años y el nivel más bajo se registra en Potosí con 59,9 años.
El nuevo proyecto prevé que las mujeres puedan jubilarse incluso un poco más pronto que los hombres, a los 55 años y los mineros se podrán jubilar entre los 51 y los 56 años.
El sistema de pensiones, basado en la solidaridad, verá la aportacitón patronal aumentar de un 3%, los empleados también tendrán que subir sus cotizaciones un 0,5% con una contribución especial al fondo de solidaridad a los bolivianos que ganen más de 13.000 bolivianos, esto es 1.320 euros, casi 20 veces más que el salario mínimo que se sitúa en los 70 euros.
“Esperemos que su aprobación sea un regalo de Navidad”, había expresado Evo Morales sobre el texto que seguramente será definitivamente aprobado en menos de un mes. Ahora los diputados deberán examinar punto por punto el proyecto de ley antes de darle el visto bueno.
La reforma llega después de largas negociaciones entre la Central Obrera de Bolivia y el Gobierno de Morales, él mismo ex sindicalista cocalero. En el poder desde 2006, el presidente socialista ha basado su política en la redistribución de las riquezas, sobre todo hidrocarburos, para atender a las capas sociales más desfavorecidas: campesinos, pobres e indígenas, la mayoría de la población del país andino.
El proyecto de Ley de Pensiones prevé anular los contratos con las entidades privadas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España y Zurich Financial Service de Suiza que actualmente gestionan el dinero de 1,3 millones de bolivianos y poseen más de 3.300 millones de dólares. Con la reforma de la ley, progresivamente las cuentas de jubilaciones pasarán a ser controladas por el Estado.
Otro de los grandes cambios es que se adelanta la edad de jubilación de 65 a 58 años en un país donde la esperanza de vida es de 65 años y medio de media. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la región con más esperanza de vida es Tarija con 68,27 años y el nivel más bajo se registra en Potosí con 59,9 años.
El nuevo proyecto prevé que las mujeres puedan jubilarse incluso un poco más pronto que los hombres, a los 55 años y los mineros se podrán jubilar entre los 51 y los 56 años.
El sistema de pensiones, basado en la solidaridad, verá la aportacitón patronal aumentar de un 3%, los empleados también tendrán que subir sus cotizaciones un 0,5% con una contribución especial al fondo de solidaridad a los bolivianos que ganen más de 13.000 bolivianos, esto es 1.320 euros, casi 20 veces más que el salario mínimo que se sitúa en los 70 euros.
“Esperemos que su aprobación sea un regalo de Navidad”, había expresado Evo Morales sobre el texto que seguramente será definitivamente aprobado en menos de un mes. Ahora los diputados deberán examinar punto por punto el proyecto de ley antes de darle el visto bueno.
La reforma llega después de largas negociaciones entre la Central Obrera de Bolivia y el Gobierno de Morales, él mismo ex sindicalista cocalero. En el poder desde 2006, el presidente socialista ha basado su política en la redistribución de las riquezas, sobre todo hidrocarburos, para atender a las capas sociales más desfavorecidas: campesinos, pobres e indígenas, la mayoría de la población del país andino.
