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Año XVI, 20 de abril de 2024


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Ecologistas plantean la necesidad de discutir sobre los riesgos de los cultivos transgénicos en Chile

Organizaciones ambientalistas e instituciones de innovación solicitaron abrir el debate acerca del cultivo de semillas y productos transgénicos o genéticamente modificados en nuestro país. Chile actualmente no cuenta con una legislación que norme esta situación, mientras pequeños, medianos y grandes agricultores podrían ver afectados sus cultivos debido a la contaminación entre el polen de las plantaciones.

Francisco Mardones

  Lunes 29 de noviembre 2010 10:20 hrs. 
Radio-Uchile

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Durante 2009 se contabilizaron un total de 24.517 hectáreas destinadas al cultivo de semillas transgénicas en nuestro país, mientras que en los últimos cinco años, el negocio de los productos genéticamente modificados reportó ganancias superiores a los 520 millones de dólares.

Es por eso que este se ha transformado en un tema de debate en el que productores y detractores presentan sus argumentos.

Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio, asegura que en la zona centro-sur del país se cultiva principalmente semillas de maíz, soya y canola, y en menor medida de remolacha, alfalfa, eucaliptus y otras especies forestales.

El Norte Grande, en tanto, es una zona destinada idealmente a la investigación de nuevos cultivos transgénicos. El problema es que nadie sabe en qué lugares se trabaja con esta técnica, según Sánchez, por motivos de confidencialidad, derecho de autor y temor a eventuales atentados en contra de estos terrenos.

Miguel Ángel Sánchez asegura que, pese a la preocupación de la ciudadanía y de algunas organizaciones, este tipo de cultivos no representa ninguna amenaza, ni al medioambiente, ni a las personas ni a otros cultivos naturales.

“Hoy en día no hay ninguna evidencia científica en contra de los cultivos transgénicos desde el punto de vista ambiental, tenemos aspectos que tienen relación con la salud humana y de nuevo no existe evidencia científica de los cultivos y de los alimentos derivados de estos hoy en el mercado en contra de ellos. Hay que ser cuidadosos con lo que algunas organizaciones solicitan y hay que evaluar caso a caso si es que tienen base o no este tipo de solicitudes”, indicó.

María Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables, refuta estos argumentos basándose en antecedentes que se manejan a nivel de organismos y protocolos internacionales y en estudios hechos en nuestro país que demuestran que algunos cultivos orgánicos de maíz resultaron contaminados por transgénicos.

“Primero que nada existe el protocolo internacional de seguridad que acaba de aprobar reglas de responsabilidad y compensación a nivel mundial por los daños que puedan causar los transgénicos. Eso no es verdad, los transgénicos sí contaminan y nosotros los hemos probado, hemos hecho pruebas en el campo y si han contaminados plantas de maíz cercanos, y el polen es algo imposible de contener”, indicó la ecologista.

En los últimos años, en nuestro país ha aumentado sorprendentemente el negocio de los productos orgánicos, aquellos que se cultivan sin ningún tipo de producto artificial, entre los que destacan el vino y algunos tipos de hortaliza.

Para los productores de transgénicos, sin embargo, es necesario que se debata para permitir la coexistencia de ambos tipos de cultivos.

Es por eso que el SAG inició una mesa de trabajo entre productores dedicados a ambos negocios para establecer ciertos criterios y mecanismos de convivencia.

Desde ChileBio, en todo caso, piden más. Miguel Ángel Sánchez, indica que es necesario legislar, porque es ilógico que se permita cultivar solo semillas y no el producto final que sí se importa del extranjero, lo que implica una pérdida económica gigante para el negocio de los transgénicos.

Para los ambientalistas también es necesario legislar, pero para prohibir el cultivo de este tipo de productos genéticamente modificados. Así lo indica, María Isabel Manzur, de Sociedades Sustentables.

La ambientalista recordó que este tipo de cultivos entró a Chile a comienzos de los años 90 sin que existiera una ley que regulara esta actividad ni el consentimiento de las autoridades ambientales o agrícolas y coincide en la necesidad de abrir el debate para que el Estado adopte una postura al respecto.

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