Con el fin de “abrir el Parlamento a la ciudadanía” se firmó un acuerdo de cooperación entre la Cámara de Diputados y el Observatorio Parlamentario, entidad formada por cinco destacadas organizaciones civiles: la Corporación Humanas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Centro de Estudios de la Mujer, Fundación Ideas y el Observatorio Ciudadano.
Este acuerdo busca avanzar en el mejoramiento del marco jurídico en materia de Derechos Humanos y Democracia, así como fortalecer los canales de participación ciudadana en el trabajo parlamentario.
“Es un trabajo para abrir el Congreso a la ciudadanía y lograr que entidades que han estado trabajando seriamente durante un tiempo puedan fiscalizar y monitorear todo lo que tiene que ver con la participación, los derechos humanos y la democracia. Estamos muy contentos con este convenio que va a permitir mejorar las leyes”, dijo la presidenta de la Cámara Baja, Alejandra Sepúlveda.
Por su parte, Camila Maturana, coordinadora del Observatorio Parlamentario, explicó que “una de las dimensiones del trabajo del Observatorio Parlamentario es acercar a las personas con sus representantes en el Congreso porque los senadores y diputados no están en ese cargo por otra razón que cumplir con el mandato de la ciudadanía y para que eso se cumpla necesitamos que existan canales institucionales claros y expeditos para que las personas puedan hacer valer esos intereses”.
Un estudio que elabora Observatorio desde el año 2006 indica que, precisamente, las decisiones que se toman en el Congreso son “arbitrarias”, ya que son las comisiones las que deciden a quienes invitan y no existe una regulación que consagre estas intervenciones como un derecho.
Esto es fundamental, ya que las leyes nos afectan de forma obligatoria, por lo tanto, la abogada valoró la disposición del Gobierno de incluir en nuestra legislación la iniciativa ciudadana de ley, sin embargo, instó a las autoridades a acelerar el debate.
A fines de 2010 existen una serie de iniciativas pendientes como reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, las medidas en contra de la discriminación y la Defensoría de las personas.
En esa misma línea, Maturana añadió que “tampoco se ha discutido sobre la necesidad de modificar el sistema electoral y aquella que establece la participación política equilibrada entre hombres y mujeres, que es una iniciativa que está pendiente en la Cámara de Diputados y esperamos que eso sea resuelto pronto”.
Un tema que destacó con fuerza la abogada fue el debate que vendrá sobre el voto de chilenos en el exterior, el que calificó como “un derecho que NO debería estar sujeto a condición alguna”.
La firma de este convenio permitirá establecer los canales concretos de integración de la ciudadanía a la elaboración de leyes y se espera que se pueda convertir en un precedente para que la Cámara extienda esta nueva metodología de trabajo firmando convenios como este con distintas organizaciones sociales.
Con el fin de “abrir el Parlamento a la ciudadanía” se firmó un acuerdo de cooperación entre la Cámara de Diputados y el Observatorio Parlamentario, entidad formada por cinco destacadas organizaciones civiles: la Corporación Humanas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Centro de Estudios de la Mujer, Fundación Ideas y el Observatorio Ciudadano.
Este acuerdo busca avanzar en el mejoramiento del marco jurídico en materia de Derechos Humanos y Democracia, así como fortalecer los canales de participación ciudadana en el trabajo parlamentario.
“Es un trabajo para abrir el Congreso a la ciudadanía y lograr que entidades que han estado trabajando seriamente durante un tiempo puedan fiscalizar y monitorear todo lo que tiene que ver con la participación, los derechos humanos y la democracia. Estamos muy contentos con este convenio que va a permitir mejorar las leyes”, dijo la presidenta de la Cámara Baja, Alejandra Sepúlveda.
Por su parte, Camila Maturana, coordinadora del Observatorio Parlamentario, explicó que “una de las dimensiones del trabajo del Observatorio Parlamentario es acercar a las personas con sus representantes en el Congreso porque los senadores y diputados no están en ese cargo por otra razón que cumplir con el mandato de la ciudadanía y para que eso se cumpla necesitamos que existan canales institucionales claros y expeditos para que las personas puedan hacer valer esos intereses”.
Un estudio que elabora Observatorio desde el año 2006 indica que, precisamente, las decisiones que se toman en el Congreso son “arbitrarias”, ya que son las comisiones las que deciden a quienes invitan y no existe una regulación que consagre estas intervenciones como un derecho.
Esto es fundamental, ya que las leyes nos afectan de forma obligatoria, por lo tanto, la abogada valoró la disposición del Gobierno de incluir en nuestra legislación la iniciativa ciudadana de ley, sin embargo, instó a las autoridades a acelerar el debate.
A fines de 2010 existen una serie de iniciativas pendientes como reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, las medidas en contra de la discriminación y la Defensoría de las personas.
En esa misma línea, Maturana añadió que “tampoco se ha discutido sobre la necesidad de modificar el sistema electoral y aquella que establece la participación política equilibrada entre hombres y mujeres, que es una iniciativa que está pendiente en la Cámara de Diputados y esperamos que eso sea resuelto pronto”.
Un tema que destacó con fuerza la abogada fue el debate que vendrá sobre el voto de chilenos en el exterior, el que calificó como “un derecho que NO debería estar sujeto a condición alguna”.
La firma de este convenio permitirá establecer los canales concretos de integración de la ciudadanía a la elaboración de leyes y se espera que se pueda convertir en un precedente para que la Cámara extienda esta nueva metodología de trabajo firmando convenios como este con distintas organizaciones sociales.
Con el fin de “abrir el Parlamento a la ciudadanía” se firmó un acuerdo de cooperación entre la Cámara de Diputados y el Observatorio Parlamentario, entidad formada por cinco destacadas organizaciones civiles: la Corporación Humanas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Centro de Estudios de la Mujer, Fundación Ideas y el Observatorio Ciudadano.
Este acuerdo busca avanzar en el mejoramiento del marco jurídico en materia de Derechos Humanos y Democracia, así como fortalecer los canales de participación ciudadana en el trabajo parlamentario.
“Es un trabajo para abrir el Congreso a la ciudadanía y lograr que entidades que han estado trabajando seriamente durante un tiempo puedan fiscalizar y monitorear todo lo que tiene que ver con la participación, los derechos humanos y la democracia. Estamos muy contentos con este convenio que va a permitir mejorar las leyes”, dijo la presidenta de la Cámara Baja, Alejandra Sepúlveda.
Por su parte, Camila Maturana, coordinadora del Observatorio Parlamentario, explicó que “una de las dimensiones del trabajo del Observatorio Parlamentario es acercar a las personas con sus representantes en el Congreso porque los senadores y diputados no están en ese cargo por otra razón que cumplir con el mandato de la ciudadanía y para que eso se cumpla necesitamos que existan canales institucionales claros y expeditos para que las personas puedan hacer valer esos intereses”.
Un estudio que elabora Observatorio desde el año 2006 indica que, precisamente, las decisiones que se toman en el Congreso son “arbitrarias”, ya que son las comisiones las que deciden a quienes invitan y no existe una regulación que consagre estas intervenciones como un derecho.
Esto es fundamental, ya que las leyes nos afectan de forma obligatoria, por lo tanto, la abogada valoró la disposición del Gobierno de incluir en nuestra legislación la iniciativa ciudadana de ley, sin embargo, instó a las autoridades a acelerar el debate.
A fines de 2010 existen una serie de iniciativas pendientes como reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, las medidas en contra de la discriminación y la Defensoría de las personas.
En esa misma línea, Maturana añadió que “tampoco se ha discutido sobre la necesidad de modificar el sistema electoral y aquella que establece la participación política equilibrada entre hombres y mujeres, que es una iniciativa que está pendiente en la Cámara de Diputados y esperamos que eso sea resuelto pronto”.
Un tema que destacó con fuerza la abogada fue el debate que vendrá sobre el voto de chilenos en el exterior, el que calificó como “un derecho que NO debería estar sujeto a condición alguna”.
La firma de este convenio permitirá establecer los canales concretos de integración de la ciudadanía a la elaboración de leyes y se espera que se pueda convertir en un precedente para que la Cámara extienda esta nueva metodología de trabajo firmando convenios como este con distintas organizaciones sociales.
