Existen grandes incongruencias en materia de sexualidad, tanto a nivel de legislación como por las oportunidades que se brindan a jóvenes y adolescentes. Esa fue la mayor conclusión de las exposiciones y debates del seminario “Anticoncepción en Adolescentes: ¿Qué dicen las leyes?”, convocado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOGIA) y que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Según cifras entregadas por la encargada del ministerio de Salud, Sylvia Santander, existen importantes diferencias en el acceso a la salud de acuerdo con el nivel socioeconómico de las personas. “La mortandad materna es considerablemente mayor en los quintiles más pobres, ocurriendo lo mismo con la mortalidad infantil, la cual esta estrechamente asociada al nivel educacional de la madre, el que cambia ampliamente en los estratos sociales altos”, ejemplificó la experta, y agregó que “si bien Chile tiene excelentes indicadores en materia de salud somos un país de profundas inequidades”.

Postura que comparte la obstetra y directora ejecutiva de la Fundación Prosalud, Verónica Schiappacasse, quien lamentó que la mayor tasa de embarazo adolescentes se dé principalmente en las comunas pobres del país.

“La tasa de embarazos en jóvenes tiene una tremenda inequidad en Chile, en las comunas pobres es similar a las africanas y en las de mayores ingresos es como en los países desarrollados, como en Europa…Esto nos dice que el acceso a la salud y a la educación en nuestro país no es igualitario” señaló Schiappacasse.

El embarazo adolescente en las personas de menores ingresos no es un tema menor, ya que según cifras de expertos es justamente esta situación la que permite en un 50 por ciento permanezca dentro del círculo de la pobreza, ya que las madres dejan de estudiar y se disponen a trabajar por bajos sueldos para mantener a sus hijos, brindándoles, a su vez, menores oportunidades de educarse, alimentarse y desarrollarse.

Realidad que conoce el Fondo de Población de Naciones Unidas.  Mariela Cortés, representante de este organismo en Chile, señaló que “estamos abordado desde las políticas públicas estas problemáticas que permitan de alguna forma homogenizar la salud y educación en toda la región, y en Chile en todas sus comunas”.

Un punto importante para evitar el embarazo adolescente es la información, educación y la entrega oportuna de métodos anticonceptivos.  Sin embargo, las normativas parecen contradictorias. Mientras la Ley 20418 señala como deber del prestador de salud ofrecer métodos de anticoncepción a los adolescentes que lo soliciten, la Ley 19927 obliga la personal de salud a denunciar a los menores de 14 años con actividad sexual.

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia, Pamela Oyarzún, precisa que “la ley 19927 se creó para prevenir abusos en contra de menores de 14 años, sin embargo, hoy en día hay adolescentes de esa edad que mantienen relaciones sexuales con sus pololos y que van responsablemente a solicitar anticoncepción…Si las denunciamos dejarán de pedir ayuda y se embarazarán”.

Los profesionales concuerdan en son necesarias políticas públicas que orienten al personal de salud para asistir a los menores que soliciten anticoncepción, pues la falta de claridad en la aplicación de la normativa aumenta el riesgo del embarazo adolescente y, por consiguiente, de la perpetuación de la pobreza en cientos de familias.

La inexistente píldora del día después

El pasado 19 de noviembre se reunió el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con un grupo de expertos y organizaciones de la sociedad civil determinando que es obligación de todos los servicios de salud del país entregar anticonceptivos de emergencia. Sin embargo, a más de diez días de que se emitiera un instructivo en el que señala que “la píldora del día después, debe estar a disposición de todas las personas sin restricciones”, es casi imposible encontrar el fármaco.

Uno de los asistentes a la reunión del titular de Salud fue el médico gineco-obstetra y académico de la Universidad de Chile, Ramiro Molina, quien aclaró “el ministro informó que hay más de 28 mil dosis adquiridas por el Gobierno disponibles en la Cenabast, por lo que son las alcaldías las que deben solicitar el fármaco a dicha institución”.

Asimismo, el especialista miembro del centro de Medicina Reproductiva del Adolescente dijo creer que los motivos por el cual todavía no se encuentra disponible la denominada “píldora del día después” responden a causas económicas y dogmáticas, porque los alcaldes aseguran no tener recursos para comprar el medicamento o simplemente insisten en la teoría de que es abortiva.

Radio Universidad de Chile pudo constatar en varios consultorios del país, e incluso en la misma Cenabast, todavía se niega el acceso a anticonceptivos de emergencia a la población. Desde el ministerio de Salud respondieron señalando que se debe hacer la denuncia en sus dependencias, donde aseguraron que se entregarán soluciones.