La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la que reúne a familiares de ejecutados políticos, acusaron al Gobierno por despedir a dos abogados vinculados a casos emblemáticos, como los asesinatos del ex ministro del Interior, José Tohá y el cantautor Víctor Jara.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció que estas acciones buscan bloquear nuevas indagatorias en materia de Derechos Humanos.
“Estamos viendo a un Gobierno que impulsa la impunidad de forma soterrada y disfrazada, pero que finalmente lo único que persigue es que los violadores a los derechos humanos no sean enjuiciados. Quizás nos queda por pensar que el señor Piñera está cumpliendo con su promesa de campaña presidencial con los uniformados en retiro cuando dijo que iba a preocuparse de los juicios de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad”, sentenció Pizarro.
Mientras tanto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, rechazó esta medida porque dañan las políticas de Gobierno en la materia. “El programa de derechos humanos no sólo tiene que ver con las víctimas, sino que también con los exonerados y presos políticos. El atentado en contra de los abogados que llevan los procesos de nuestros familiares es un retroceso enorme y no lo vamos a aceptar”, dijo Lira.
Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el diputado PC Hugo Gutiérrez, señaló que exigirán al ministerio del Interior dar cuenta de las medidas.
“Vamos a redactar los oficios y la fiscalización correspondiente a fin de que las personas que tuvieran un grado de toma de decisión vengan a darnos las explicaciones de por qué tomaron estas medidas que repudiamos”, sentenció el parlamentario.
En el Gobierno, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, negó todas las acusaciones asegurando que “aquí no ha habido ningún despido porque el 31 de diciembre terminan los contratos honorarios de dos funcionarios, el resto permanece igual durante todo 2011. La directora del programa ha considerado razones de evaluación y estimó la no renovación de los contratos. Esto es una situación puntual dentro del programa”.
Hoy en la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara se podría concretar la citación al jefe de gabinete, Rodrigo Hintzpeter.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la que reúne a familiares de ejecutados políticos, acusaron al Gobierno por despedir a dos abogados vinculados a casos emblemáticos, como los asesinatos del ex ministro del Interior, José Tohá y el cantautor Víctor Jara.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció que estas acciones buscan bloquear nuevas indagatorias en materia de Derechos Humanos.
“Estamos viendo a un Gobierno que impulsa la impunidad de forma soterrada y disfrazada, pero que finalmente lo único que persigue es que los violadores a los derechos humanos no sean enjuiciados. Quizás nos queda por pensar que el señor Piñera está cumpliendo con su promesa de campaña presidencial con los uniformados en retiro cuando dijo que iba a preocuparse de los juicios de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad”, sentenció Pizarro.
Mientras tanto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, rechazó esta medida porque dañan las políticas de Gobierno en la materia. “El programa de derechos humanos no sólo tiene que ver con las víctimas, sino que también con los exonerados y presos políticos. El atentado en contra de los abogados que llevan los procesos de nuestros familiares es un retroceso enorme y no lo vamos a aceptar”, dijo Lira.
Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el diputado PC Hugo Gutiérrez, señaló que exigirán al ministerio del Interior dar cuenta de las medidas.
“Vamos a redactar los oficios y la fiscalización correspondiente a fin de que las personas que tuvieran un grado de toma de decisión vengan a darnos las explicaciones de por qué tomaron estas medidas que repudiamos”, sentenció el parlamentario.
En el Gobierno, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, negó todas las acusaciones asegurando que “aquí no ha habido ningún despido porque el 31 de diciembre terminan los contratos honorarios de dos funcionarios, el resto permanece igual durante todo 2011. La directora del programa ha considerado razones de evaluación y estimó la no renovación de los contratos. Esto es una situación puntual dentro del programa”.
Hoy en la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara se podría concretar la citación al jefe de gabinete, Rodrigo Hintzpeter.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la que reúne a familiares de ejecutados políticos, acusaron al Gobierno por despedir a dos abogados vinculados a casos emblemáticos, como los asesinatos del ex ministro del Interior, José Tohá y el cantautor Víctor Jara.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció que estas acciones buscan bloquear nuevas indagatorias en materia de Derechos Humanos.
“Estamos viendo a un Gobierno que impulsa la impunidad de forma soterrada y disfrazada, pero que finalmente lo único que persigue es que los violadores a los derechos humanos no sean enjuiciados. Quizás nos queda por pensar que el señor Piñera está cumpliendo con su promesa de campaña presidencial con los uniformados en retiro cuando dijo que iba a preocuparse de los juicios de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad”, sentenció Pizarro.
Mientras tanto, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, rechazó esta medida porque dañan las políticas de Gobierno en la materia. “El programa de derechos humanos no sólo tiene que ver con las víctimas, sino que también con los exonerados y presos políticos. El atentado en contra de los abogados que llevan los procesos de nuestros familiares es un retroceso enorme y no lo vamos a aceptar”, dijo Lira.
Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el diputado PC Hugo Gutiérrez, señaló que exigirán al ministerio del Interior dar cuenta de las medidas.
“Vamos a redactar los oficios y la fiscalización correspondiente a fin de que las personas que tuvieran un grado de toma de decisión vengan a darnos las explicaciones de por qué tomaron estas medidas que repudiamos”, sentenció el parlamentario.
En el Gobierno, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, negó todas las acusaciones asegurando que “aquí no ha habido ningún despido porque el 31 de diciembre terminan los contratos honorarios de dos funcionarios, el resto permanece igual durante todo 2011. La directora del programa ha considerado razones de evaluación y estimó la no renovación de los contratos. Esto es una situación puntual dentro del programa”.
Hoy en la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara se podría concretar la citación al jefe de gabinete, Rodrigo Hintzpeter.
