Por 17 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Corte Suprema, desaforó al Diputado René Alinco, por la investigación del delito de conducción en estado de ebriedad. Con este fallo se revoca una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que negó el desafuero.
Hernán Ferreira, de la unidad de recursos procesales de la Fiscalía, señaló que los antecedentes para esta medida son suficientes.
“Los desafueros tiene que ver con establecer la procedencia de iniciar el procedimiento penal en contra de una persona. En nuestra opinión habían antecedentes suficientes para cumplir con el estándar que exige la Constitución para la formación de causa, y por las circunstancias en que habían ocurrido los hechos nos pareció que había mérito suficiente para ello”, detalló Ferreira.
José Flores, defensor de Alinco, se mostró sorprendido y adelantó que revisarán su estrategia jurídica.
“Una decisión que no la esperábamos, pensábamos que lo que correspondía era confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones. Tenemos que planificar la defensa, siempre hemos dicho que las instituciones tienen que funcionar y deben funcionar bien”, señaló el abogado defensor del parlamentario.
Alinco fue detenido el 18 de noviembre del año pasado en la localidad de Placilla, donde se resistió al procedimiento policial. El diputado arriesga entre 60 días y tres años de pena remitida.
Por 17 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Corte Suprema, desaforó al Diputado René Alinco, por la investigación del delito de conducción en estado de ebriedad. Con este fallo se revoca una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que negó el desafuero.
Hernán Ferreira, de la unidad de recursos procesales de la Fiscalía, señaló que los antecedentes para esta medida son suficientes.
“Los desafueros tiene que ver con establecer la procedencia de iniciar el procedimiento penal en contra de una persona. En nuestra opinión habían antecedentes suficientes para cumplir con el estándar que exige la Constitución para la formación de causa, y por las circunstancias en que habían ocurrido los hechos nos pareció que había mérito suficiente para ello”, detalló Ferreira.
José Flores, defensor de Alinco, se mostró sorprendido y adelantó que revisarán su estrategia jurídica.
“Una decisión que no la esperábamos, pensábamos que lo que correspondía era confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones. Tenemos que planificar la defensa, siempre hemos dicho que las instituciones tienen que funcionar y deben funcionar bien”, señaló el abogado defensor del parlamentario.
Alinco fue detenido el 18 de noviembre del año pasado en la localidad de Placilla, donde se resistió al procedimiento policial. El diputado arriesga entre 60 días y tres años de pena remitida.
Por 17 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Corte Suprema, desaforó al Diputado René Alinco, por la investigación del delito de conducción en estado de ebriedad. Con este fallo se revoca una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que negó el desafuero.
Hernán Ferreira, de la unidad de recursos procesales de la Fiscalía, señaló que los antecedentes para esta medida son suficientes.
“Los desafueros tiene que ver con establecer la procedencia de iniciar el procedimiento penal en contra de una persona. En nuestra opinión habían antecedentes suficientes para cumplir con el estándar que exige la Constitución para la formación de causa, y por las circunstancias en que habían ocurrido los hechos nos pareció que había mérito suficiente para ello”, detalló Ferreira.
José Flores, defensor de Alinco, se mostró sorprendido y adelantó que revisarán su estrategia jurídica.
“Una decisión que no la esperábamos, pensábamos que lo que correspondía era confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones. Tenemos que planificar la defensa, siempre hemos dicho que las instituciones tienen que funcionar y deben funcionar bien”, señaló el abogado defensor del parlamentario.
Alinco fue detenido el 18 de noviembre del año pasado en la localidad de Placilla, donde se resistió al procedimiento policial. El diputado arriesga entre 60 días y tres años de pena remitida.
