Los directores nacionales del Ministerio Público con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) dieron inicio a la jornada de protesta nacional en demanda de mejoras al sistema penal que, según ellos, está al borde de un colapso por el déficit de dotación de personal.
Esta movilización contó con el apoyo de los fiscales y los magistrados para mostrar al gobierno una luz amarilla frente a un problema que se arrastra desde la implementación de la Reforma Procesal Penal y que se relaciona con la falta de recursos humanos calificados para realizar las investigaciones y una fuerte sobrecarga laboral.
Esta situación continúa, pese a que el gobierno solicitó al Banco Internacional del Desarrollo (BID) un diagnóstico del sistema, el que afirmó que se requieren más de 700 funcionarios de planta y más de 190 fiscales para brindar una justicia eficiente a los chilenos.
En esa línea, Natalia Césped, presidenta de los funcionarios del Ministerio Público, explicó que “esta institución que fue creada para investigar 800 mil causas al año, está trabajando en cerca de un millón 500 mil. Esa sobrecarga laboral impacta en los trabajadores y también implica que la gente tenga que trabajar jornadas agotadoras, hacer turnos, horas extras sin pago porque dicen que no hay presupuesto para pagarlas. Eso hace que cada vez sea más lenta la atención a las víctimas que vienen a denunciar a la Fiscalía”.
Esta sobrecarga no se trata sólo del aumento de la jornada, sino también de una fuerte presión ejercida desde la jefatura, lo que ha gatillado una alta rotación de fiscales y funcionarios. Estos últimos sujetos a una compleja situación contractual que une elementos del código del trabajo y el estatuto administrativo bajo el sistema de cumplimiento de metas.
La presidenta subrogante de la ANEF, Nuri Benítez, entregó su pleno respaldo a esta movilización y se mostró preocupada por la estabilidad del sistema judicial en su conjunto, advirtiendo de un posible colapso.
“Esta es una situación que se hace insostenible. Tenemos la certeza de que si el gobierno no asume rápidamente soluciones para dotar de mayor personal, de número de funcionarios suficientes para el Ministerio Público, este sistema que se crea con muchas expectativas para la ciudadanía va a colapsar. En justicia tenemos problemas: Gendarmería con las cárceles sobrepasadas, falencias graves en el Servicio Médico Legal y en el Sename y nadie asume las soluciones”, dijo Benítez.
Este tema ha sido durante años informado a las autoridades y la opinión pública, sin embargo aún no hay respuestas, por lo que el diputado de la comisión de Seguridad Ciudadana, el PPD Felipe Harboe, emplazó al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
“Los fiscales son los que hacen el trabajo contra la delincuencia, por tanto yo hago un llamado al Gobierno a dejar los discursos y pasar a la acción, apoyar el plan de fortalecimiento del Ministerio Público y el aumento de fiscales. No es posible que hoy haya fiscales con más de dos mil juicios. Si queremos mejorar este sistema hay que poner los recursos necesarios”, dijo el parlamentario.
Con esta manifestación de advertencia a las autoridades, comienza un proceso de movilizaciones ascendente, donde no se descarta llegar a un paro nacional, por lo que los trabajadores hicieron un llamado al gobierno a resolver este conflicto y cumplir con su compromiso de brindarle una mayor seguridad y protección a la ciudadanía.
Los directores nacionales del Ministerio Público con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) dieron inicio a la jornada de protesta nacional en demanda de mejoras al sistema penal que, según ellos, está al borde de un colapso por el déficit de dotación de personal.
Esta movilización contó con el apoyo de los fiscales y los magistrados para mostrar al gobierno una luz amarilla frente a un problema que se arrastra desde la implementación de la Reforma Procesal Penal y que se relaciona con la falta de recursos humanos calificados para realizar las investigaciones y una fuerte sobrecarga laboral.
Esta situación continúa, pese a que el gobierno solicitó al Banco Internacional del Desarrollo (BID) un diagnóstico del sistema, el que afirmó que se requieren más de 700 funcionarios de planta y más de 190 fiscales para brindar una justicia eficiente a los chilenos.
En esa línea, Natalia Césped, presidenta de los funcionarios del Ministerio Público, explicó que “esta institución que fue creada para investigar 800 mil causas al año, está trabajando en cerca de un millón 500 mil. Esa sobrecarga laboral impacta en los trabajadores y también implica que la gente tenga que trabajar jornadas agotadoras, hacer turnos, horas extras sin pago porque dicen que no hay presupuesto para pagarlas. Eso hace que cada vez sea más lenta la atención a las víctimas que vienen a denunciar a la Fiscalía”.
Esta sobrecarga no se trata sólo del aumento de la jornada, sino también de una fuerte presión ejercida desde la jefatura, lo que ha gatillado una alta rotación de fiscales y funcionarios. Estos últimos sujetos a una compleja situación contractual que une elementos del código del trabajo y el estatuto administrativo bajo el sistema de cumplimiento de metas.
La presidenta subrogante de la ANEF, Nuri Benítez, entregó su pleno respaldo a esta movilización y se mostró preocupada por la estabilidad del sistema judicial en su conjunto, advirtiendo de un posible colapso.
“Esta es una situación que se hace insostenible. Tenemos la certeza de que si el gobierno no asume rápidamente soluciones para dotar de mayor personal, de número de funcionarios suficientes para el Ministerio Público, este sistema que se crea con muchas expectativas para la ciudadanía va a colapsar. En justicia tenemos problemas: Gendarmería con las cárceles sobrepasadas, falencias graves en el Servicio Médico Legal y en el Sename y nadie asume las soluciones”, dijo Benítez.
Este tema ha sido durante años informado a las autoridades y la opinión pública, sin embargo aún no hay respuestas, por lo que el diputado de la comisión de Seguridad Ciudadana, el PPD Felipe Harboe, emplazó al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
“Los fiscales son los que hacen el trabajo contra la delincuencia, por tanto yo hago un llamado al Gobierno a dejar los discursos y pasar a la acción, apoyar el plan de fortalecimiento del Ministerio Público y el aumento de fiscales. No es posible que hoy haya fiscales con más de dos mil juicios. Si queremos mejorar este sistema hay que poner los recursos necesarios”, dijo el parlamentario.
Con esta manifestación de advertencia a las autoridades, comienza un proceso de movilizaciones ascendente, donde no se descarta llegar a un paro nacional, por lo que los trabajadores hicieron un llamado al gobierno a resolver este conflicto y cumplir con su compromiso de brindarle una mayor seguridad y protección a la ciudadanía.
Los directores nacionales del Ministerio Público con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) dieron inicio a la jornada de protesta nacional en demanda de mejoras al sistema penal que, según ellos, está al borde de un colapso por el déficit de dotación de personal.
Esta movilización contó con el apoyo de los fiscales y los magistrados para mostrar al gobierno una luz amarilla frente a un problema que se arrastra desde la implementación de la Reforma Procesal Penal y que se relaciona con la falta de recursos humanos calificados para realizar las investigaciones y una fuerte sobrecarga laboral.
Esta situación continúa, pese a que el gobierno solicitó al Banco Internacional del Desarrollo (BID) un diagnóstico del sistema, el que afirmó que se requieren más de 700 funcionarios de planta y más de 190 fiscales para brindar una justicia eficiente a los chilenos.
En esa línea, Natalia Césped, presidenta de los funcionarios del Ministerio Público, explicó que “esta institución que fue creada para investigar 800 mil causas al año, está trabajando en cerca de un millón 500 mil. Esa sobrecarga laboral impacta en los trabajadores y también implica que la gente tenga que trabajar jornadas agotadoras, hacer turnos, horas extras sin pago porque dicen que no hay presupuesto para pagarlas. Eso hace que cada vez sea más lenta la atención a las víctimas que vienen a denunciar a la Fiscalía”.
Esta sobrecarga no se trata sólo del aumento de la jornada, sino también de una fuerte presión ejercida desde la jefatura, lo que ha gatillado una alta rotación de fiscales y funcionarios. Estos últimos sujetos a una compleja situación contractual que une elementos del código del trabajo y el estatuto administrativo bajo el sistema de cumplimiento de metas.
La presidenta subrogante de la ANEF, Nuri Benítez, entregó su pleno respaldo a esta movilización y se mostró preocupada por la estabilidad del sistema judicial en su conjunto, advirtiendo de un posible colapso.
“Esta es una situación que se hace insostenible. Tenemos la certeza de que si el gobierno no asume rápidamente soluciones para dotar de mayor personal, de número de funcionarios suficientes para el Ministerio Público, este sistema que se crea con muchas expectativas para la ciudadanía va a colapsar. En justicia tenemos problemas: Gendarmería con las cárceles sobrepasadas, falencias graves en el Servicio Médico Legal y en el Sename y nadie asume las soluciones”, dijo Benítez.
Este tema ha sido durante años informado a las autoridades y la opinión pública, sin embargo aún no hay respuestas, por lo que el diputado de la comisión de Seguridad Ciudadana, el PPD Felipe Harboe, emplazó al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
“Los fiscales son los que hacen el trabajo contra la delincuencia, por tanto yo hago un llamado al Gobierno a dejar los discursos y pasar a la acción, apoyar el plan de fortalecimiento del Ministerio Público y el aumento de fiscales. No es posible que hoy haya fiscales con más de dos mil juicios. Si queremos mejorar este sistema hay que poner los recursos necesarios”, dijo el parlamentario.
Con esta manifestación de advertencia a las autoridades, comienza un proceso de movilizaciones ascendente, donde no se descarta llegar a un paro nacional, por lo que los trabajadores hicieron un llamado al gobierno a resolver este conflicto y cumplir con su compromiso de brindarle una mayor seguridad y protección a la ciudadanía.
