Luego de una reunión que se extendió por casi dos horas, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, entregó una propuesta que busca responder a las demandas levantadas por el movimiento de estudiantes y profesores para acordar una alternativa diferente al GANE, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera.

Los dirigentes universitarios, secundarios y del magisterio indicaron que analizarán el documento con sus bases durante la semana en asambleas nacionales y anunciaron que entregarán una respuesta formal al Ejecutivo el próximo viernes. Así lo confirmó el vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Rodrigo Rivera.

A la reunión asistió la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Giorgio Jackson, el líder del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, y representantes de los alumnos de enseñanza media.

Dentro de los ejes principales del texto presentado por el titular del Mineduc se incluye la “desmunicipalización gradual” de los colegios y una fiscalización profunda a todos los establecimientos e instituciones que reciban recursos del públicos. Además, se planteó la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la calidad en la educación. Esta era una de las mayores banderas de lucha de los secundarios, que no había sido incluída en el primer proyecto anunciado por el Ejecutivo.

A juicio del Gobierno, como explicó el ministro Bulnes, la desmunicipalización se debe desarrollar de manera paulatina y la idea es determinar las exigencias que se incluirán en el proyecto de ley que se presentará el 30 de septiembre: “A través de un proceso gradual, vale decir, partiendo -como se ha hecho en todas las grandes reformas que ha emprendido nuestro país- en alguna región y a través de ciertos parámetros que no excluyan a aquellos municipios que han estado funcionando y otorgando una educación de calidad, pero sí que tenga una alternativa para aquellos municipios que no alcancen estrictos niveles de calidad educativa. Por lo tanto, hemos definido también las características, sin perjuicio de que ellos mismos concedían en su petición que es un tema que tenemos que analizar y discutir, con miras a presentar el 30 de septiembre de este año”, dijo.

Entre las medidas anunciadas, se incluyen múltiples inyecciones de recursos, tanto en infraestructura como en ayudas estudiantiles. Sin embargo, ante la posibilidad de una reforma tributaria, Bulnes no quiso pronunciarse: “El aporte adicional de US$4.000 millones al sector educación es un incremento de recursos sin precedente en nuestra historia y que se va a empezar a invertir en educación desde ahora y por los próximos cuatro a seis años. Como ministro de Educación, tengo la tranquilidad y puedo dar la garantía de que se van a invertir cuatro mil millones adicionales y que eso nos permite financiar gran parte de las reformas que estamos hablando. Consideraciones sobre reformas tributarias o cómo se sostiene el gasto y esta inversión en el tiempo, no son materias que como ministro de Educación me corresponda abordar”, indicó.

Tras entregar sus propuestas, el ministro Bulnes llamó a los otros actores a no actuar con intransigencia y deponer las movilizaciones: “Como se los dije en la reunión a los estudiantes y directivos, es nuestra voluntad -y la hemos demostrado- no movernos con intransigencia. Esperamos, por el lado de ellos, que aprecien cómo hemos oído su voz y que en el debate educacional todos tenemos que avanzar bajo la lógica de encontrarnos en un punto de consenso. Creemos que como Gobierno hemos propuesto esas bases para un consenso. También estamos convencidos de que todo el valor que tuvieron las movilizaciones está expresado precisamente en las modificaciones que hemos presentado a través de este documento, que fija las pautas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en los distintos ámbitos de educación”, señaló.

Los planteamientos gubernamentales

1. Incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, estableciendo el deber del Estado de velar por el mismo.

2. Desmunicipalizar la educación escolar estatal, generando una nueva institucionalidad basada en organismos públicos.

3. Aumentar la cobertura y calidad de la educación parvularia.

4. Aumentar sustancialmente el gasto en subvención escolar, con especial énfasis en los alumnos más vulnerables.

5. Modificar el sistema de financiamiento escolar, considerando que una porción de los aportes vigentes sea en base a matrícula.

6. Modernizar la carrera docente y fortalecer la formación inicial de profesores.

7. Implementar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar, que establece requisitos básicos de calidad.

8. Implementar el nuevo sistema de fiscalización del cumplimiento normativo y del uso de los recursos públicos en el sistema escolar.

9. Fortalecer la oferta educativa de la educación escolar técnico profesional.

10. Continuar ejecutando con la máxima celeridad la reconstrucción de los establecimientos educacionales, presentando un cronograma con las fechas de ejecución de los trabajos pendientes.

11. Promover la participación estudiantil en todos los niveles. En particular, en educación superior derogar las normas que limitan su participación.

12. Fortalecer la educación superior estatal y las universidades tradicionales, a través de aportes basales contra metas de interés nacional y regional.

13. Complementar el financiamiento a las instituciones de educación superior con aportes asociados a convenios de desempeño, fomentando el desarrollo de áreas específicas.

14. Reestructurar en el mediano plazo el sistema de becas y créditos estudiantiles para la educación superior, de manera que ningún estudiante meritorio quede fuera de la educación superior por razones económicas.

15. En lo inmediato, aumentar las becas, rebajar el costo del crédito con aval del estado y reprogramar los deudores morosos del crédito solidario.

16. Reformular y hacer más exigente el sistema de acreditación de la educación superior, estableciendo la acreditación institucional como futuro requisito para acceder al financiamiento estudiantil y mejorandoel acceso a la información para los postulantes.

17. Crear una superintendencia de educación superior, que fiscalice el uso de los recursos y la no existencia de lucro en las universidades.

18. Promover un sistema de admisión a la educación superior más equitativo e inclusivo, considerando elementos como el ranking escolar.

19. Potenciar una oferta de calidad y alta pertinencia en la educación superior técnico profesional.

20. Promover la interculturalidad en la educación superior.

21. Dar un salto cualitativo en innovación, ciencia y tecnología.