Luego de la fuga de diez reos el pasado domingo de la Cárcel de Tocopilla, trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios  (ANFUP) aseguraron que habían advertido a principios de este año sobre la carencia de personal y las paupérrimas condiciones de infraestructura en los penales de Calama, Tocopilla y Antofagasta.

Adicionalmente, los funcionarios de Gendarmería señalaron que también plantearon las débiles condiciones de seguridad de la zona en reiteradas ocasiones en la Comisión Constitución de la Cámara de Diputados, que investiga el incendio en la cárcel de San Miguel.

El presidente de ANFUP, Pedro Hernández, dijo que en un principio la Dirección Nacional de Gendarmería aumentó la dotación efectiva en Tocopilla, una cárcel con una sobrepoblación penal superior al 100 por ciento,  pero que posteriormente los funcionarios fueron redistribuidos en los penales de Arica, Iquique y La Serena, debilitando nuevamente el número de personal.

Hernández subrayó que la cárcel albergaba a internos de alta peligrosidad sin haber estado diseñada para ello y recalcó que se trató de un error de la administración de Gendarmería, puesto que no han hecho nada por revertir la crítica situación y mejorar las condiciones laborales
“Aquí el personal trabaja como esclavos. Estaban laborando por nueve días consecutivos por un día libre y un día equivale a las 24 horas.

Entonces tenemos un personal extenuado, cansado, agotado. Afortunadamente se pudo detectar la fuga porque de otra forma no hubiesen sido 10 los que escaparon, sino 40”, sostuvo Hernández.

Desde ANFUP advirtieron que lo sucedido en Tocopilla se suma al escándalo de ingreso de explosivos a la cárcel de Colina, a los más de 20 muertos este año por riñas al interior de recintos penitenciarios, los suicidios de funcionarios sin que se tomen medidas para mejorar la salud mental de los Gendarmes y la pésima relación de la Dirección Nacional con los trabajadores de la Institución.

Hernández aseguró que los únicos avances en los recintos luego del incendio en la Cárcel de San Miguel, en diciembre de 2010, fue la prohibición de cocinillas y tubos de gas, pero que aún falta la construcción de redes húmedas y secas no han mejorado las condiciones para internos y gendarmes.

Además, el dirigente gremial criticó que los trabajadores no hayan sido consultados en el proyecto de ley para descomprimir las cárceles enviado por el Ejecutivo, actualmente en el Senado, y manifestó que esperan reunirse pronto con el ministro Teodoro Ribera para buscar soluciones a estos problemas.

Por su parte, José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) aseguró estar de acuerdo con las críticas de la ANFUP, porque se trataba de una cárcel donde había 15 funcionarios de servicio para una población penal de 342 reclusos, por lo que se trataba de los mismos factores de San Miguel.

“El tema no puede estar sólo circunscrito sólo a Tocopilla porque la escasez de recursos humanos está presente en todos los penales de Chile. Si inauguráramos Antofagasta mañana se necesitan 300 funcionarios para la puesta en marcha. ¿De dónde los van a sacar si en la región el total son 250 y el resto de las unidades de la región van a salir funcionando? Eso quiere decir que lo más probable es que saquen personal de las otras unidades para inaugurar Antofagasta y que funcionemos con mucho menos que la cantidad ideal para cada recinto. La falta de personal está causando estragos”, dijo el dirigente.

Maldonado advirtió que la última ley de ampliación de planta, promulgada durante el gobierno de Michelle Bachelet y que se ejecuta en seis años es insuficiente porque el crecimiento del número de reos no da abasto.

El dirigente de ANOP señaló que, si bien la Cárcel San Miguel bajó en 200 internos su capacidad luego de la catástrofe que cobró la vida de 81 reclusos, en el resto de las unidades la crisis continúa, se necesitan soluciones a corto plazo e hizo un llamado a la autoridad a ser realistas, puesto que la ley que se tramita en el Congreso no va a sacar de las cárceles a un 50 por ciento de la población.

En tanto el diputado del PRI Pedro Araya, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, investigadora del siniestro en San Miguel, coincidió con las críticas.

“Hemos reiterado al Gobierno en varias ocasiones la necesidad de aumentar la dotación. Hoy tenemos gendarmes que están cumpliendo jornadas que son excesivas. No tenemos el personal suficiente para cumplir los turnos necesarios para cubrir las cárceles y obviamente que esta fuga pudo haber tenido entre sus posibles causas la falta de recursos humanos para cubrir adecuadamente los turnos en la cárcel de Tocopilla”, comentó el legislador.

El parlamentario manifestó su confianza en que la Cámara Alta pueda despachar próximamente el proyecto del gobierno que permitirá descomprimir las cárceles pero añadió que paralelamente se necesitan mayores recursos en Gendarmería.