Los ex trabajadores de la Empresa Nacional de Minería, Enami, y organizaciones civiles solicitaron a la Seremi de Salud de Valparaíso que haga efectiva una fiscalización real y concreta en las industrias en la bahía de Quintero y Puchuncaví.
El abogado de Fundación Simón Yévenez, Raúl Meza, explicó que la idea surgió luego que la autoridad sanitaria informara que despachó un requerimiento al alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, exigiéndole las autorizaciones sanitarias de las empresas del sector para su funcionamiento y el otorgamiento de la patente comercial.
“Nosotros le hicimos un requerimiento formal a la seremi de la Quinta región para solicitarle que haga una fiscalización en terreno inspectiva para los efectos que él pida la exhibición de esas autorizaciones sanitarias a las empresas para su funcionamiento, y en el caso que no cuenten con esos permisos, ya sea Codelco o el resto de las empresas privadas que están en la zona, nosotros estamos requiriendo se disponga la clausura inmediata de cada uno de esos establecimientos industriales, ya que uno de los requisitos fundamentales de la ley es la autorización sanitaria para funcionar”, detalló el abogado.
Meza emplazó al alcalde, quien dio plazo hasta el pasado domingo a las empresas para el cumplimiento de la autorización sanitaria y por lo tanto estaría en condiciones de no renovar la patente de las firmas. El jurista criticó que en la zona, donde existen 12 industrias, las autoridades han actuado con mano blanda y en complicidad con las empresas.
“Hay una omisión negligente, grave, culposa por parte de las autoridades de Salud de los últimos 20 años, los alcaldes de Puchuncaví y Quintero como también de las empresas privadas y públicas. Aquí existe un acuerdo político y económico para evitar que estas empresas funcionen sin incumplimientos legales. Nosotros entendemos que hay una autoridad municipal que no cumple con una obligación que la propia ley establece, que es el cumplimiento de todos los requisitos para su funcionamiento. El alcalde de Puchuncavi ha dejado funcionar con patentes provisorias durante años a empresas industriales que obviamente requieren la autorización sanitaria que no han tenido nunca”, enfatizó el jurista.
Raúl Meza no descartó denunciar al edil ante el tribunal electoral por notable abandono de deberes y no cumplir con las obligaciones legales de su cargo.
Los ex trabajadores de la Empresa Nacional de Minería, Enami, y organizaciones civiles solicitaron a la Seremi de Salud de Valparaíso que haga efectiva una fiscalización real y concreta en las industrias en la bahía de Quintero y Puchuncaví.
El abogado de Fundación Simón Yévenez, Raúl Meza, explicó que la idea surgió luego que la autoridad sanitaria informara que despachó un requerimiento al alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, exigiéndole las autorizaciones sanitarias de las empresas del sector para su funcionamiento y el otorgamiento de la patente comercial.
“Nosotros le hicimos un requerimiento formal a la seremi de la Quinta región para solicitarle que haga una fiscalización en terreno inspectiva para los efectos que él pida la exhibición de esas autorizaciones sanitarias a las empresas para su funcionamiento, y en el caso que no cuenten con esos permisos, ya sea Codelco o el resto de las empresas privadas que están en la zona, nosotros estamos requiriendo se disponga la clausura inmediata de cada uno de esos establecimientos industriales, ya que uno de los requisitos fundamentales de la ley es la autorización sanitaria para funcionar”, detalló el abogado.
Meza emplazó al alcalde, quien dio plazo hasta el pasado domingo a las empresas para el cumplimiento de la autorización sanitaria y por lo tanto estaría en condiciones de no renovar la patente de las firmas. El jurista criticó que en la zona, donde existen 12 industrias, las autoridades han actuado con mano blanda y en complicidad con las empresas.
“Hay una omisión negligente, grave, culposa por parte de las autoridades de Salud de los últimos 20 años, los alcaldes de Puchuncaví y Quintero como también de las empresas privadas y públicas. Aquí existe un acuerdo político y económico para evitar que estas empresas funcionen sin incumplimientos legales. Nosotros entendemos que hay una autoridad municipal que no cumple con una obligación que la propia ley establece, que es el cumplimiento de todos los requisitos para su funcionamiento. El alcalde de Puchuncavi ha dejado funcionar con patentes provisorias durante años a empresas industriales que obviamente requieren la autorización sanitaria que no han tenido nunca”, enfatizó el jurista.
Raúl Meza no descartó denunciar al edil ante el tribunal electoral por notable abandono de deberes y no cumplir con las obligaciones legales de su cargo.
Los ex trabajadores de la Empresa Nacional de Minería, Enami, y organizaciones civiles solicitaron a la Seremi de Salud de Valparaíso que haga efectiva una fiscalización real y concreta en las industrias en la bahía de Quintero y Puchuncaví.
El abogado de Fundación Simón Yévenez, Raúl Meza, explicó que la idea surgió luego que la autoridad sanitaria informara que despachó un requerimiento al alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, exigiéndole las autorizaciones sanitarias de las empresas del sector para su funcionamiento y el otorgamiento de la patente comercial.
“Nosotros le hicimos un requerimiento formal a la seremi de la Quinta región para solicitarle que haga una fiscalización en terreno inspectiva para los efectos que él pida la exhibición de esas autorizaciones sanitarias a las empresas para su funcionamiento, y en el caso que no cuenten con esos permisos, ya sea Codelco o el resto de las empresas privadas que están en la zona, nosotros estamos requiriendo se disponga la clausura inmediata de cada uno de esos establecimientos industriales, ya que uno de los requisitos fundamentales de la ley es la autorización sanitaria para funcionar”, detalló el abogado.
Meza emplazó al alcalde, quien dio plazo hasta el pasado domingo a las empresas para el cumplimiento de la autorización sanitaria y por lo tanto estaría en condiciones de no renovar la patente de las firmas. El jurista criticó que en la zona, donde existen 12 industrias, las autoridades han actuado con mano blanda y en complicidad con las empresas.
“Hay una omisión negligente, grave, culposa por parte de las autoridades de Salud de los últimos 20 años, los alcaldes de Puchuncaví y Quintero como también de las empresas privadas y públicas. Aquí existe un acuerdo político y económico para evitar que estas empresas funcionen sin incumplimientos legales. Nosotros entendemos que hay una autoridad municipal que no cumple con una obligación que la propia ley establece, que es el cumplimiento de todos los requisitos para su funcionamiento. El alcalde de Puchuncavi ha dejado funcionar con patentes provisorias durante años a empresas industriales que obviamente requieren la autorización sanitaria que no han tenido nunca”, enfatizó el jurista.
Raúl Meza no descartó denunciar al edil ante el tribunal electoral por notable abandono de deberes y no cumplir con las obligaciones legales de su cargo.
