Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, junto a los jefes de comisiones de educación de ambas Cámaras, llamaron este martes a constituir una mesa amplia de discusión sobre la reforma a la educación en Chile.
Además, los parlamentarios respondieron punto por punto las demandas de las organizaciones sociales movilizadas, contenidas en el documento “Bases para un acuerdo social por la educación”.
El presidente del Senado, Guido Girardi, explicó que la idea es que el Parlamento garantice la participación en el debate de los actores sociales y del Gobierno como pares y se discutan todos los documentos existentes: “Es una mesa de tres patas: el Congreso, estamos representados todos; el movimiento social con sus propuestas, secundarios, universitarios, profesores y rectores; y la del Gobierno. Lo que hemos hecho es tomar la agenda del movimiento social, cada uno de sus puntos están considerados y vamos a invitar a un diálogo entre todos. No estamos poniendo ninguna condición, solo estamos invitando a un gran diálogo nacional y ofreciendo el Congreso para que este diálogo pueda ser efectivo”, indicó.
Respecto al documento presentado por estudiantes y profesores, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, señaló que la intención de los legisladores es asegurar la democracia interna en los establecimientos educacionales: “En la agenda debe estar contemplada la organización y asociación estudiantil sin más límites que los impuestos por la propia Constitución y la derogación del decreto con fuerza de ley que prohíbe la participación estudiantil a cualquier establecimiento de educación superior”, dijo.
Asimismo, afirmó que “en materia de derechos educativos para los pueblos originarios, planteamos una política educacional inclusiva, interculturalidad como política pública y el aumento en la cobertura de beneficios económicos, como también programas y planes académicos específicos, orientados al rescate de la identidad de los pueblos originarios”.
Según Patricio Melero, los parlamentarios son tajantes en exigir “el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades y los mecanismos de fiscalización para que ello no ocurra. Y la pertinencia en la entrega de recursos fiscales a estudiantes de los institutos profesionales o centros de formación técnica que persigan fines de lucro”.
Con respecto al financiamiento de las universidades del Estado, los parlamentarios coinciden en la necesidad de aumentar considerablemente los aportes basales y terminar con la actual lógica de autofinanciamiento. Además, proponen la eliminación del actual sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) y su remplazo por otro, cuyos intereses no superen el 2%.
La discusión parlamentaria también recoge la iniciativa de modificar la Constitución, para que el Estado garantice el derecho a una educación de calidad.
Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, junto a los jefes de comisiones de educación de ambas Cámaras, llamaron este martes a constituir una mesa amplia de discusión sobre la reforma a la educación en Chile.
Además, los parlamentarios respondieron punto por punto las demandas de las organizaciones sociales movilizadas, contenidas en el documento “Bases para un acuerdo social por la educación”.
El presidente del Senado, Guido Girardi, explicó que la idea es que el Parlamento garantice la participación en el debate de los actores sociales y del Gobierno como pares y se discutan todos los documentos existentes: “Es una mesa de tres patas: el Congreso, estamos representados todos; el movimiento social con sus propuestas, secundarios, universitarios, profesores y rectores; y la del Gobierno. Lo que hemos hecho es tomar la agenda del movimiento social, cada uno de sus puntos están considerados y vamos a invitar a un diálogo entre todos. No estamos poniendo ninguna condición, solo estamos invitando a un gran diálogo nacional y ofreciendo el Congreso para que este diálogo pueda ser efectivo”, indicó.
Respecto al documento presentado por estudiantes y profesores, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, señaló que la intención de los legisladores es asegurar la democracia interna en los establecimientos educacionales: “En la agenda debe estar contemplada la organización y asociación estudiantil sin más límites que los impuestos por la propia Constitución y la derogación del decreto con fuerza de ley que prohíbe la participación estudiantil a cualquier establecimiento de educación superior”, dijo.
Asimismo, afirmó que “en materia de derechos educativos para los pueblos originarios, planteamos una política educacional inclusiva, interculturalidad como política pública y el aumento en la cobertura de beneficios económicos, como también programas y planes académicos específicos, orientados al rescate de la identidad de los pueblos originarios”.
Según Patricio Melero, los parlamentarios son tajantes en exigir “el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades y los mecanismos de fiscalización para que ello no ocurra. Y la pertinencia en la entrega de recursos fiscales a estudiantes de los institutos profesionales o centros de formación técnica que persigan fines de lucro”.
Con respecto al financiamiento de las universidades del Estado, los parlamentarios coinciden en la necesidad de aumentar considerablemente los aportes basales y terminar con la actual lógica de autofinanciamiento. Además, proponen la eliminación del actual sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) y su remplazo por otro, cuyos intereses no superen el 2%.
La discusión parlamentaria también recoge la iniciativa de modificar la Constitución, para que el Estado garantice el derecho a una educación de calidad.
Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, junto a los jefes de comisiones de educación de ambas Cámaras, llamaron este martes a constituir una mesa amplia de discusión sobre la reforma a la educación en Chile.
Además, los parlamentarios respondieron punto por punto las demandas de las organizaciones sociales movilizadas, contenidas en el documento “Bases para un acuerdo social por la educación”.
El presidente del Senado, Guido Girardi, explicó que la idea es que el Parlamento garantice la participación en el debate de los actores sociales y del Gobierno como pares y se discutan todos los documentos existentes: “Es una mesa de tres patas: el Congreso, estamos representados todos; el movimiento social con sus propuestas, secundarios, universitarios, profesores y rectores; y la del Gobierno. Lo que hemos hecho es tomar la agenda del movimiento social, cada uno de sus puntos están considerados y vamos a invitar a un diálogo entre todos. No estamos poniendo ninguna condición, solo estamos invitando a un gran diálogo nacional y ofreciendo el Congreso para que este diálogo pueda ser efectivo”, indicó.
Respecto al documento presentado por estudiantes y profesores, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, señaló que la intención de los legisladores es asegurar la democracia interna en los establecimientos educacionales: “En la agenda debe estar contemplada la organización y asociación estudiantil sin más límites que los impuestos por la propia Constitución y la derogación del decreto con fuerza de ley que prohíbe la participación estudiantil a cualquier establecimiento de educación superior”, dijo.
Asimismo, afirmó que “en materia de derechos educativos para los pueblos originarios, planteamos una política educacional inclusiva, interculturalidad como política pública y el aumento en la cobertura de beneficios económicos, como también programas y planes académicos específicos, orientados al rescate de la identidad de los pueblos originarios”.
Según Patricio Melero, los parlamentarios son tajantes en exigir “el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades y los mecanismos de fiscalización para que ello no ocurra. Y la pertinencia en la entrega de recursos fiscales a estudiantes de los institutos profesionales o centros de formación técnica que persigan fines de lucro”.
Con respecto al financiamiento de las universidades del Estado, los parlamentarios coinciden en la necesidad de aumentar considerablemente los aportes basales y terminar con la actual lógica de autofinanciamiento. Además, proponen la eliminación del actual sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) y su remplazo por otro, cuyos intereses no superen el 2%.
La discusión parlamentaria también recoge la iniciativa de modificar la Constitución, para que el Estado garantice el derecho a una educación de calidad.
