Con la presencia del ministro subrogante del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval se despachó el proyecto que completa la nueva institucionalidad ambiental, sumándose a la estructura de la superintendencia que entra en real funcionamiento el próximo año, además del servicio de evaluación ambiental y el ministerio del Medio Ambiente implementados desde octubre pasado.
El nuevo tribunal especializado servirá de órgano de control de las decisiones de la Superintendencia, que tiene por misión fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones de calificación, normas, planes de prevención, descontaminación y planes de manejo en materia ambiental.
Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, comenta el avance que será esta nueva instancia que ampliará las posibilidades de contrarrestar una decisión que ponga en conflicto a la sociedad civil y a las autoridades como ha pasado en proyectos emblemáticos el último tiempo.
“En la práctica se crea una nueva instancia de reclamación producto de que cuando uno presenta un reclamo a la Superintendencia, por ejemplo respecto de un estudio de impacto ambiental, en ese contexto si la Superintendencia dictamina un fallo, este podrá ser apelable en los tribunales ambientales”
Son tres los tribunales ambientales especializados los que se crean, en Santiago, en Antofagasta y otro en Valdivia, lo que fue criticado por todos las organizaciones por no ser suficiente para este tema importantísimo en todas las zonas del país, cada una con sus particularidades.
Para el director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, ve con buena cara la nueva institucionalidad, pero considera que la nueva propuesta rompería los principios de la uniformidad de fallos, de la concentración de acciones, los principios básicos del sistema judicial.
“Todos estos esquemas de normas regulatorias, inspecciones parten de una base que la comunidad en general debería estar suficientemente compenetrada de su responsabilidad y su deber ciudadano de cumplir la normativa, que ojalá no sea necesario el temor a la fiscalización, sino que debería ser un cumplimiento de las normas”,
Por su parte, el senador Antonio Horvath critica la nueva institucionalidad ambiental, ya que la aplicación de la ley ambiental queda supeditada al comportamiento de las autoridades.
Para el senador la discusión se traslada a que el sistema administrativo tenga mejor vinculación, que las instancias de participación no sean opacadas por autoridades subordinadas, un vicio que le parece se arrastra hace mucho y que se debe eliminar.
“Esto no se alcanza a cubrir con los tribunales ambientales y termina judicializando los procesos, llevándolos a la contraloría y a la capacidad fiscalizadora de la cámara de diputados, por eso creemos que es insuficiente”, agregó el senador por Aysén.
El proyecto fue aprobado de forma general, pero en la votación particular se rechazó la composición del tribunal, hasta el momento integrado por dos abogados y un especialista del mundo académico y/o profesional asociado al tema a discutir. El artículo rechazado además contemplaba que el presidente designaría a los integrantes, basado en cinco candidatos presentados por la Corte Suprema, y con la aprobación de dos tercios del Senado.
Esta iniciativa fue anunciada el 2009 y despachada por el Senado en octubre del año pasado. Esta vez fue el turno de la Cámara de Diputados de analizar y votar el proyecto de ley en las comisiones de Recursos Naturales, de Constitución y de Hacienda, ahora es el momento del Senado para analizar las modificaciones realizadas por la Cámara Baja.
Con la presencia del ministro subrogante del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval se despachó el proyecto que completa la nueva institucionalidad ambiental, sumándose a la estructura de la superintendencia que entra en real funcionamiento el próximo año, además del servicio de evaluación ambiental y el ministerio del Medio Ambiente implementados desde octubre pasado.
El nuevo tribunal especializado servirá de órgano de control de las decisiones de la Superintendencia, que tiene por misión fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones de calificación, normas, planes de prevención, descontaminación y planes de manejo en materia ambiental.
Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, comenta el avance que será esta nueva instancia que ampliará las posibilidades de contrarrestar una decisión que ponga en conflicto a la sociedad civil y a las autoridades como ha pasado en proyectos emblemáticos el último tiempo.
“En la práctica se crea una nueva instancia de reclamación producto de que cuando uno presenta un reclamo a la Superintendencia, por ejemplo respecto de un estudio de impacto ambiental, en ese contexto si la Superintendencia dictamina un fallo, este podrá ser apelable en los tribunales ambientales”
Son tres los tribunales ambientales especializados los que se crean, en Santiago, en Antofagasta y otro en Valdivia, lo que fue criticado por todos las organizaciones por no ser suficiente para este tema importantísimo en todas las zonas del país, cada una con sus particularidades.
Para el director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, ve con buena cara la nueva institucionalidad, pero considera que la nueva propuesta rompería los principios de la uniformidad de fallos, de la concentración de acciones, los principios básicos del sistema judicial.
“Todos estos esquemas de normas regulatorias, inspecciones parten de una base que la comunidad en general debería estar suficientemente compenetrada de su responsabilidad y su deber ciudadano de cumplir la normativa, que ojalá no sea necesario el temor a la fiscalización, sino que debería ser un cumplimiento de las normas”,
Por su parte, el senador Antonio Horvath critica la nueva institucionalidad ambiental, ya que la aplicación de la ley ambiental queda supeditada al comportamiento de las autoridades.
Para el senador la discusión se traslada a que el sistema administrativo tenga mejor vinculación, que las instancias de participación no sean opacadas por autoridades subordinadas, un vicio que le parece se arrastra hace mucho y que se debe eliminar.
“Esto no se alcanza a cubrir con los tribunales ambientales y termina judicializando los procesos, llevándolos a la contraloría y a la capacidad fiscalizadora de la cámara de diputados, por eso creemos que es insuficiente”, agregó el senador por Aysén.
El proyecto fue aprobado de forma general, pero en la votación particular se rechazó la composición del tribunal, hasta el momento integrado por dos abogados y un especialista del mundo académico y/o profesional asociado al tema a discutir. El artículo rechazado además contemplaba que el presidente designaría a los integrantes, basado en cinco candidatos presentados por la Corte Suprema, y con la aprobación de dos tercios del Senado.
Esta iniciativa fue anunciada el 2009 y despachada por el Senado en octubre del año pasado. Esta vez fue el turno de la Cámara de Diputados de analizar y votar el proyecto de ley en las comisiones de Recursos Naturales, de Constitución y de Hacienda, ahora es el momento del Senado para analizar las modificaciones realizadas por la Cámara Baja.
Con la presencia del ministro subrogante del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval se despachó el proyecto que completa la nueva institucionalidad ambiental, sumándose a la estructura de la superintendencia que entra en real funcionamiento el próximo año, además del servicio de evaluación ambiental y el ministerio del Medio Ambiente implementados desde octubre pasado.
El nuevo tribunal especializado servirá de órgano de control de las decisiones de la Superintendencia, que tiene por misión fiscalizar el cumplimiento de las resoluciones de calificación, normas, planes de prevención, descontaminación y planes de manejo en materia ambiental.
Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política, comenta el avance que será esta nueva instancia que ampliará las posibilidades de contrarrestar una decisión que ponga en conflicto a la sociedad civil y a las autoridades como ha pasado en proyectos emblemáticos el último tiempo.
“En la práctica se crea una nueva instancia de reclamación producto de que cuando uno presenta un reclamo a la Superintendencia, por ejemplo respecto de un estudio de impacto ambiental, en ese contexto si la Superintendencia dictamina un fallo, este podrá ser apelable en los tribunales ambientales”
Son tres los tribunales ambientales especializados los que se crean, en Santiago, en Antofagasta y otro en Valdivia, lo que fue criticado por todos las organizaciones por no ser suficiente para este tema importantísimo en todas las zonas del país, cada una con sus particularidades.
Para el director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, ve con buena cara la nueva institucionalidad, pero considera que la nueva propuesta rompería los principios de la uniformidad de fallos, de la concentración de acciones, los principios básicos del sistema judicial.
“Todos estos esquemas de normas regulatorias, inspecciones parten de una base que la comunidad en general debería estar suficientemente compenetrada de su responsabilidad y su deber ciudadano de cumplir la normativa, que ojalá no sea necesario el temor a la fiscalización, sino que debería ser un cumplimiento de las normas”,
Por su parte, el senador Antonio Horvath critica la nueva institucionalidad ambiental, ya que la aplicación de la ley ambiental queda supeditada al comportamiento de las autoridades.
Para el senador la discusión se traslada a que el sistema administrativo tenga mejor vinculación, que las instancias de participación no sean opacadas por autoridades subordinadas, un vicio que le parece se arrastra hace mucho y que se debe eliminar.
“Esto no se alcanza a cubrir con los tribunales ambientales y termina judicializando los procesos, llevándolos a la contraloría y a la capacidad fiscalizadora de la cámara de diputados, por eso creemos que es insuficiente”, agregó el senador por Aysén.
El proyecto fue aprobado de forma general, pero en la votación particular se rechazó la composición del tribunal, hasta el momento integrado por dos abogados y un especialista del mundo académico y/o profesional asociado al tema a discutir. El artículo rechazado además contemplaba que el presidente designaría a los integrantes, basado en cinco candidatos presentados por la Corte Suprema, y con la aprobación de dos tercios del Senado.
Esta iniciativa fue anunciada el 2009 y despachada por el Senado en octubre del año pasado. Esta vez fue el turno de la Cámara de Diputados de analizar y votar el proyecto de ley en las comisiones de Recursos Naturales, de Constitución y de Hacienda, ahora es el momento del Senado para analizar las modificaciones realizadas por la Cámara Baja.
