El proyecto de indulto general fue finalmente aprobado en la sesión de la Cámara Alta, donde los senadores respaldaron la iniciativa que podría beneficiar hasta 6 mil internos, los que podrán reducir sus condenas con el objetivo de mitigar el hacinamiento que hoy afecta a los recintos penitenciarios del país.
Por 23 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se estableció que las mujeres que registren 2/3 de su condena, que tengan hijos menores de dos años o que cumplan un comportamiento sobresaliente, podrán aspirar a la reducción de su pena. También podrán acceder a ella los reos que están cumpliendo condenas con permiso de salida controlada en medio libre y los condenados con reclusión nocturna.
La medida fue rechazada por algunos parlamentarios de oposición, quienes indicaron que esta es “una medida parche” que no apunta a los problemas de fondo en el hacinamiento carcelario, el que tuvo un punto de inflexión el pasado 8 de diciembre, cuando 81 internos de la cárcel de San Miguel perecieron a causa de un incendio.
La senadora socialista Isabel Allende señaló que esta no es una medida permanente, y manifestó su apoyo al proyecto del momento en que la situación actual obliga a acciones rápidas que eviten una nueva tragedia carcelaria.
“Creo que no nos podemos permitir el riesgo de otro San Miguel, es una vergüenza nacional lo que ocurrió, es dramático. Hay gente que estaba presa por delitos menores, al lado de otros que cometieron crímenes mayores y cuyo hacinamiento tenemos hoy 81 muertos que lamentar. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de reinserción o políticas preventivas con el sistema carcelario que tenemos, esta es una cosa muy menor, no es una política carcelaria, no es un proyecto permanente, sino más bien una medida puntual”, sostuvo.
El proyecto establece un listado de delitos graves que no pueden acceder al beneficio, entre ellos la sustracción de menores, violación, tráfico de drogas, conductas terroristas y el lavado de dinero.
En esta línea, Jorge Araya, investigador del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, señaló que el proyecto va en la orientación de evitar que sujetos culpados de crímenes menores lleguen a la cárcel, recintos donde sólo obtienen instrucción delictual que deriva en reincidencia en el delito.
Araya declaró que “cuando vimos el drama del incendio en la cárcel de San Miguel vimos gente que murió al estar presa por robos menores, entonces la cárcel no es un lugar apropiado para rehabilitación, sino sólo por un castigo. Tener durante tiempos prolongados a sujetos que no tienen una carrera delictual y no constituyen un peligro para la sociedad, sólo implica que los sujetos se contaminen y vuelvan a reincidir apenas vuelvan de la cárcel.
Luego de la aprobación del Senado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, siendo este el trámite final para su promulgación. La medida beneficiaría a cerca de 6 mil de los 54 mil internos que componen la población penal, la que registra un hacinamiento del 60 por ciento.
El proyecto de indulto general fue finalmente aprobado en la sesión de la Cámara Alta, donde los senadores respaldaron la iniciativa que podría beneficiar hasta 6 mil internos, los que podrán reducir sus condenas con el objetivo de mitigar el hacinamiento que hoy afecta a los recintos penitenciarios del país.
Por 23 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se estableció que las mujeres que registren 2/3 de su condena, que tengan hijos menores de dos años o que cumplan un comportamiento sobresaliente, podrán aspirar a la reducción de su pena. También podrán acceder a ella los reos que están cumpliendo condenas con permiso de salida controlada en medio libre y los condenados con reclusión nocturna.
La medida fue rechazada por algunos parlamentarios de oposición, quienes indicaron que esta es “una medida parche” que no apunta a los problemas de fondo en el hacinamiento carcelario, el que tuvo un punto de inflexión el pasado 8 de diciembre, cuando 81 internos de la cárcel de San Miguel perecieron a causa de un incendio.
La senadora socialista Isabel Allende señaló que esta no es una medida permanente, y manifestó su apoyo al proyecto del momento en que la situación actual obliga a acciones rápidas que eviten una nueva tragedia carcelaria.
“Creo que no nos podemos permitir el riesgo de otro San Miguel, es una vergüenza nacional lo que ocurrió, es dramático. Hay gente que estaba presa por delitos menores, al lado de otros que cometieron crímenes mayores y cuyo hacinamiento tenemos hoy 81 muertos que lamentar. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de reinserción o políticas preventivas con el sistema carcelario que tenemos, esta es una cosa muy menor, no es una política carcelaria, no es un proyecto permanente, sino más bien una medida puntual”, sostuvo.
El proyecto establece un listado de delitos graves que no pueden acceder al beneficio, entre ellos la sustracción de menores, violación, tráfico de drogas, conductas terroristas y el lavado de dinero.
En esta línea, Jorge Araya, investigador del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, señaló que el proyecto va en la orientación de evitar que sujetos culpados de crímenes menores lleguen a la cárcel, recintos donde sólo obtienen instrucción delictual que deriva en reincidencia en el delito.
Araya declaró que “cuando vimos el drama del incendio en la cárcel de San Miguel vimos gente que murió al estar presa por robos menores, entonces la cárcel no es un lugar apropiado para rehabilitación, sino sólo por un castigo. Tener durante tiempos prolongados a sujetos que no tienen una carrera delictual y no constituyen un peligro para la sociedad, sólo implica que los sujetos se contaminen y vuelvan a reincidir apenas vuelvan de la cárcel.
Luego de la aprobación del Senado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, siendo este el trámite final para su promulgación. La medida beneficiaría a cerca de 6 mil de los 54 mil internos que componen la población penal, la que registra un hacinamiento del 60 por ciento.
El proyecto de indulto general fue finalmente aprobado en la sesión de la Cámara Alta, donde los senadores respaldaron la iniciativa que podría beneficiar hasta 6 mil internos, los que podrán reducir sus condenas con el objetivo de mitigar el hacinamiento que hoy afecta a los recintos penitenciarios del país.
Por 23 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se estableció que las mujeres que registren 2/3 de su condena, que tengan hijos menores de dos años o que cumplan un comportamiento sobresaliente, podrán aspirar a la reducción de su pena. También podrán acceder a ella los reos que están cumpliendo condenas con permiso de salida controlada en medio libre y los condenados con reclusión nocturna.
La medida fue rechazada por algunos parlamentarios de oposición, quienes indicaron que esta es “una medida parche” que no apunta a los problemas de fondo en el hacinamiento carcelario, el que tuvo un punto de inflexión el pasado 8 de diciembre, cuando 81 internos de la cárcel de San Miguel perecieron a causa de un incendio.
La senadora socialista Isabel Allende señaló que esta no es una medida permanente, y manifestó su apoyo al proyecto del momento en que la situación actual obliga a acciones rápidas que eviten una nueva tragedia carcelaria.
“Creo que no nos podemos permitir el riesgo de otro San Miguel, es una vergüenza nacional lo que ocurrió, es dramático. Hay gente que estaba presa por delitos menores, al lado de otros que cometieron crímenes mayores y cuyo hacinamiento tenemos hoy 81 muertos que lamentar. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de reinserción o políticas preventivas con el sistema carcelario que tenemos, esta es una cosa muy menor, no es una política carcelaria, no es un proyecto permanente, sino más bien una medida puntual”, sostuvo.
El proyecto establece un listado de delitos graves que no pueden acceder al beneficio, entre ellos la sustracción de menores, violación, tráfico de drogas, conductas terroristas y el lavado de dinero.
En esta línea, Jorge Araya, investigador del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, señaló que el proyecto va en la orientación de evitar que sujetos culpados de crímenes menores lleguen a la cárcel, recintos donde sólo obtienen instrucción delictual que deriva en reincidencia en el delito.
Araya declaró que “cuando vimos el drama del incendio en la cárcel de San Miguel vimos gente que murió al estar presa por robos menores, entonces la cárcel no es un lugar apropiado para rehabilitación, sino sólo por un castigo. Tener durante tiempos prolongados a sujetos que no tienen una carrera delictual y no constituyen un peligro para la sociedad, sólo implica que los sujetos se contaminen y vuelvan a reincidir apenas vuelvan de la cárcel.
Luego de la aprobación del Senado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, siendo este el trámite final para su promulgación. La medida beneficiaría a cerca de 6 mil de los 54 mil internos que componen la población penal, la que registra un hacinamiento del 60 por ciento.
