Preocupación manifestaron abogados de derechos humanos frente a la fuerte represión policial que se desplegó este jueves para disuadir las marchas convocadas por el movimiento estudiantil.
Amparándose en el Decreto Supremo 1086, que impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo, las autoridades decidieron no autorizar la realización de manifestaciones, lo que provocó una fuerte reacción de Carabineros, que dejó un saldo de más de 500 detenidos en todo el país.
Según explicó el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, esta decisión se contradice con la garantía constitucional que establece que todas las personas son libres de reunirse en cualquier lugar en forma pacífica y sin armas sin previa autorización.
Por lo mismo, el jurista aseguró que dentro de un sistema democrático un decreto no puede imponerse por sobre una disposición constitucional.
“La autoridad está por velar por el orden público, pero si esa manifestación es pacífica tendrá que respetarla en cuanto a tal porque es un derecho que está consagrado en la Constitución y que es la garantía que tenemos todos de manifestarnos frente a actos que consideramos injustos y que deben ser cambiado. Desde esa perspectiva se impone la norma constitucional por sobre una normativa que impide el ejercicio de un derecho de esa naturaleza”, precisó el abogado.
Y pese a que las autoridades de gobierno respaldaron el accionar de Carabineros, Caucoto aseguró que fueron las fuerzas policiales las que actuaron fuera de la ley, ya que su deber es proteger a los manifestantes y no atacarlos. “Es una situación arbitraria y abusiva. Creo que la policía se ha salido del marco de la ley y no los manifestantes. Mientras la manifestación fuera pacífica, ellos no tenían el derecho a ser reprimida como lo hicieron”, dijo.
En la misma línea, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, señaló que los cargos por los que se detuvo a los estudiantes no responden a los criterios establecidos y cuestionó los procedimientos policiales.
“Aquí hubo un actuar ilegal de la Policía. Hubo detenciones ilegales, al boleo, masivas y que no se condicen con el estatuto procesal penal. La mayoría de las veces los tribunales de garantía han decretado que los apresamientos han sido ilegales y aún así los procedimientos policiales siguen siendo los mismos. Lo peligroso para una sociedad que se dice democrática que las fuerzas policiales actúen fuera de la ley”, sostuvo Román.
El abogado indicó que este tipo de métodos menoscaban el estado de derecho en democracia y criticó las decisiones políticas detrás de la represión desplegada en contra de los estudiantes.
“No es sano para una sociedad que se dice democrática permitirse los dichos del Ministro del Interior que determinó que era el tiempo de que se acabaran las marchas. El no tiene la facultad para eso. Ellos han demostrado que esta nueva forma de gobernar es la nueva forma de reprimir porque esta administración funciona atropellando a la gente, tirándole gases y agua y deteniendo masivamente”, indicó.
Durante la jornada, el Colegio de Profesores interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que garantizara el derecho a congregarse, iniciativa que según los juristas debería llegar a buen puerto ya que es obligación de la justicia “restablecer el imperio del derecho”.
Preocupación manifestaron abogados de derechos humanos frente a la fuerte represión policial que se desplegó este jueves para disuadir las marchas convocadas por el movimiento estudiantil.
Amparándose en el Decreto Supremo 1086, que impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo, las autoridades decidieron no autorizar la realización de manifestaciones, lo que provocó una fuerte reacción de Carabineros, que dejó un saldo de más de 500 detenidos en todo el país.
Según explicó el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, esta decisión se contradice con la garantía constitucional que establece que todas las personas son libres de reunirse en cualquier lugar en forma pacífica y sin armas sin previa autorización.
Por lo mismo, el jurista aseguró que dentro de un sistema democrático un decreto no puede imponerse por sobre una disposición constitucional.
“La autoridad está por velar por el orden público, pero si esa manifestación es pacífica tendrá que respetarla en cuanto a tal porque es un derecho que está consagrado en la Constitución y que es la garantía que tenemos todos de manifestarnos frente a actos que consideramos injustos y que deben ser cambiado. Desde esa perspectiva se impone la norma constitucional por sobre una normativa que impide el ejercicio de un derecho de esa naturaleza”, precisó el abogado.
Y pese a que las autoridades de gobierno respaldaron el accionar de Carabineros, Caucoto aseguró que fueron las fuerzas policiales las que actuaron fuera de la ley, ya que su deber es proteger a los manifestantes y no atacarlos. “Es una situación arbitraria y abusiva. Creo que la policía se ha salido del marco de la ley y no los manifestantes. Mientras la manifestación fuera pacífica, ellos no tenían el derecho a ser reprimida como lo hicieron”, dijo.
En la misma línea, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, señaló que los cargos por los que se detuvo a los estudiantes no responden a los criterios establecidos y cuestionó los procedimientos policiales.
“Aquí hubo un actuar ilegal de la Policía. Hubo detenciones ilegales, al boleo, masivas y que no se condicen con el estatuto procesal penal. La mayoría de las veces los tribunales de garantía han decretado que los apresamientos han sido ilegales y aún así los procedimientos policiales siguen siendo los mismos. Lo peligroso para una sociedad que se dice democrática que las fuerzas policiales actúen fuera de la ley”, sostuvo Román.
El abogado indicó que este tipo de métodos menoscaban el estado de derecho en democracia y criticó las decisiones políticas detrás de la represión desplegada en contra de los estudiantes.
“No es sano para una sociedad que se dice democrática permitirse los dichos del Ministro del Interior que determinó que era el tiempo de que se acabaran las marchas. El no tiene la facultad para eso. Ellos han demostrado que esta nueva forma de gobernar es la nueva forma de reprimir porque esta administración funciona atropellando a la gente, tirándole gases y agua y deteniendo masivamente”, indicó.
Durante la jornada, el Colegio de Profesores interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que garantizara el derecho a congregarse, iniciativa que según los juristas debería llegar a buen puerto ya que es obligación de la justicia “restablecer el imperio del derecho”.
Preocupación manifestaron abogados de derechos humanos frente a la fuerte represión policial que se desplegó este jueves para disuadir las marchas convocadas por el movimiento estudiantil.
Amparándose en el Decreto Supremo 1086, que impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo, las autoridades decidieron no autorizar la realización de manifestaciones, lo que provocó una fuerte reacción de Carabineros, que dejó un saldo de más de 500 detenidos en todo el país.
Según explicó el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, esta decisión se contradice con la garantía constitucional que establece que todas las personas son libres de reunirse en cualquier lugar en forma pacífica y sin armas sin previa autorización.
Por lo mismo, el jurista aseguró que dentro de un sistema democrático un decreto no puede imponerse por sobre una disposición constitucional.
“La autoridad está por velar por el orden público, pero si esa manifestación es pacífica tendrá que respetarla en cuanto a tal porque es un derecho que está consagrado en la Constitución y que es la garantía que tenemos todos de manifestarnos frente a actos que consideramos injustos y que deben ser cambiado. Desde esa perspectiva se impone la norma constitucional por sobre una normativa que impide el ejercicio de un derecho de esa naturaleza”, precisó el abogado.
Y pese a que las autoridades de gobierno respaldaron el accionar de Carabineros, Caucoto aseguró que fueron las fuerzas policiales las que actuaron fuera de la ley, ya que su deber es proteger a los manifestantes y no atacarlos. “Es una situación arbitraria y abusiva. Creo que la policía se ha salido del marco de la ley y no los manifestantes. Mientras la manifestación fuera pacífica, ellos no tenían el derecho a ser reprimida como lo hicieron”, dijo.
En la misma línea, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, señaló que los cargos por los que se detuvo a los estudiantes no responden a los criterios establecidos y cuestionó los procedimientos policiales.
“Aquí hubo un actuar ilegal de la Policía. Hubo detenciones ilegales, al boleo, masivas y que no se condicen con el estatuto procesal penal. La mayoría de las veces los tribunales de garantía han decretado que los apresamientos han sido ilegales y aún así los procedimientos policiales siguen siendo los mismos. Lo peligroso para una sociedad que se dice democrática que las fuerzas policiales actúen fuera de la ley”, sostuvo Román.
El abogado indicó que este tipo de métodos menoscaban el estado de derecho en democracia y criticó las decisiones políticas detrás de la represión desplegada en contra de los estudiantes.
“No es sano para una sociedad que se dice democrática permitirse los dichos del Ministro del Interior que determinó que era el tiempo de que se acabaran las marchas. El no tiene la facultad para eso. Ellos han demostrado que esta nueva forma de gobernar es la nueva forma de reprimir porque esta administración funciona atropellando a la gente, tirándole gases y agua y deteniendo masivamente”, indicó.
Durante la jornada, el Colegio de Profesores interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que garantizara el derecho a congregarse, iniciativa que según los juristas debería llegar a buen puerto ya que es obligación de la justicia “restablecer el imperio del derecho”.
