El werkén de la comunidad mapuche-huilliche de Pargua Alto, Francisco Vera Millaquén, presentó una denuncia ante la Fiscalía por una presunta intervención a sus comunicaciones realizada sin que exista un proceso judicial en su contra.
En su condición de dirigente indígena, Vera señaló que ha detectado intervenciones por parte de organismos de inteligencia desde 2002 y que presume que sus familiares y comunidad están en una lista y se les realiza un constante seguimiento, como parte de un plan para atemorizar a los comuneros.
“Claramente hay una situación, primero, de hostigamiento, y segundo, de hacer seguimiento a todo dirigente social y toda persona que se oponga a lo que el Gobierno de turno esté planteando. Es una situación muy parecida a lo que ocurría en los años 83 y 84, donde empezó a haber mucha efervescencia y manifestación pública en contra del gobierno militar, que finalmente dicta la Ley Antiterrorista en mayo del 84. Para nosotros, esta situación viene escalando cada vez más y es grave”, afirmó.
El dirigente señaló que hará llegar esta denuncia a organismos internacionales, entre ellos a los relatores especiales de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, a los defensores de los Derechos Humanos y al relator de la libertad de expresión.
“Quedan como verdaderos terroristas”
En tanto, una fuerte crítica a los medios de comunicación realizó el abogado de DD.HH., Sebastián Saavedra, parte de la defensa de los cuatro comuneros mapuches liberados el jueves pasado después de un largo proceso, conducido bajo los parámetros de la Ley Antiterrorista.
El abogado afirmó que es insólito el enfoque que los medios de comunicación tradicionales le dan, particularmente, a las noticias en las que participan comuneros mapuches y que tiende a perjudicarlos, como quedó de manifiesto en este caso. “Lamento de gran manera que cuando son formalizados comuneros mapuches, salen en toda la prensa específicamente los delitos que se le imputan, las leyes que se invocan. Y sin embargo, cuando llega el momento de la absolución, la mayoría de la prensa lo único que destacó fue el horario de la lectura de sentencia, sin decir ninguna palabra respecto de la absolución de estas personas. Ellos quedan, ante los ojos del público, como verdaderos terroristas. Considero que es lamentable”, opinó.
El juicio que en primera instancia buscaba condenar a cuatro comuneros, entre ellos a Luis Tralcal, por amenaza terrorista y obstrucción a la justicia, contó con varias irregularidades, como la declaración única de un testigo protegido para estructurar el proceso o el intento de solicitar intervenciones telefónicas, lo que no corresponde para una pena menor a cinco años. Estos hechos fueron omitidos por los principales medios de nuestro país.
El werkén de la comunidad mapuche-huilliche de Pargua Alto, Francisco Vera Millaquén, presentó una denuncia ante la Fiscalía por una presunta intervención a sus comunicaciones realizada sin que exista un proceso judicial en su contra.
En su condición de dirigente indígena, Vera señaló que ha detectado intervenciones por parte de organismos de inteligencia desde 2002 y que presume que sus familiares y comunidad están en una lista y se les realiza un constante seguimiento, como parte de un plan para atemorizar a los comuneros.
“Claramente hay una situación, primero, de hostigamiento, y segundo, de hacer seguimiento a todo dirigente social y toda persona que se oponga a lo que el Gobierno de turno esté planteando. Es una situación muy parecida a lo que ocurría en los años 83 y 84, donde empezó a haber mucha efervescencia y manifestación pública en contra del gobierno militar, que finalmente dicta la Ley Antiterrorista en mayo del 84. Para nosotros, esta situación viene escalando cada vez más y es grave”, afirmó.
El dirigente señaló que hará llegar esta denuncia a organismos internacionales, entre ellos a los relatores especiales de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, a los defensores de los Derechos Humanos y al relator de la libertad de expresión.
“Quedan como verdaderos terroristas”
En tanto, una fuerte crítica a los medios de comunicación realizó el abogado de DD.HH., Sebastián Saavedra, parte de la defensa de los cuatro comuneros mapuches liberados el jueves pasado después de un largo proceso, conducido bajo los parámetros de la Ley Antiterrorista.
El abogado afirmó que es insólito el enfoque que los medios de comunicación tradicionales le dan, particularmente, a las noticias en las que participan comuneros mapuches y que tiende a perjudicarlos, como quedó de manifiesto en este caso. “Lamento de gran manera que cuando son formalizados comuneros mapuches, salen en toda la prensa específicamente los delitos que se le imputan, las leyes que se invocan. Y sin embargo, cuando llega el momento de la absolución, la mayoría de la prensa lo único que destacó fue el horario de la lectura de sentencia, sin decir ninguna palabra respecto de la absolución de estas personas. Ellos quedan, ante los ojos del público, como verdaderos terroristas. Considero que es lamentable”, opinó.
El juicio que en primera instancia buscaba condenar a cuatro comuneros, entre ellos a Luis Tralcal, por amenaza terrorista y obstrucción a la justicia, contó con varias irregularidades, como la declaración única de un testigo protegido para estructurar el proceso o el intento de solicitar intervenciones telefónicas, lo que no corresponde para una pena menor a cinco años. Estos hechos fueron omitidos por los principales medios de nuestro país.
El werkén de la comunidad mapuche-huilliche de Pargua Alto, Francisco Vera Millaquén, presentó una denuncia ante la Fiscalía por una presunta intervención a sus comunicaciones realizada sin que exista un proceso judicial en su contra.
En su condición de dirigente indígena, Vera señaló que ha detectado intervenciones por parte de organismos de inteligencia desde 2002 y que presume que sus familiares y comunidad están en una lista y se les realiza un constante seguimiento, como parte de un plan para atemorizar a los comuneros.
“Claramente hay una situación, primero, de hostigamiento, y segundo, de hacer seguimiento a todo dirigente social y toda persona que se oponga a lo que el Gobierno de turno esté planteando. Es una situación muy parecida a lo que ocurría en los años 83 y 84, donde empezó a haber mucha efervescencia y manifestación pública en contra del gobierno militar, que finalmente dicta la Ley Antiterrorista en mayo del 84. Para nosotros, esta situación viene escalando cada vez más y es grave”, afirmó.
El dirigente señaló que hará llegar esta denuncia a organismos internacionales, entre ellos a los relatores especiales de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, a los defensores de los Derechos Humanos y al relator de la libertad de expresión.
“Quedan como verdaderos terroristas”
En tanto, una fuerte crítica a los medios de comunicación realizó el abogado de DD.HH., Sebastián Saavedra, parte de la defensa de los cuatro comuneros mapuches liberados el jueves pasado después de un largo proceso, conducido bajo los parámetros de la Ley Antiterrorista.
El abogado afirmó que es insólito el enfoque que los medios de comunicación tradicionales le dan, particularmente, a las noticias en las que participan comuneros mapuches y que tiende a perjudicarlos, como quedó de manifiesto en este caso. “Lamento de gran manera que cuando son formalizados comuneros mapuches, salen en toda la prensa específicamente los delitos que se le imputan, las leyes que se invocan. Y sin embargo, cuando llega el momento de la absolución, la mayoría de la prensa lo único que destacó fue el horario de la lectura de sentencia, sin decir ninguna palabra respecto de la absolución de estas personas. Ellos quedan, ante los ojos del público, como verdaderos terroristas. Considero que es lamentable”, opinó.
El juicio que en primera instancia buscaba condenar a cuatro comuneros, entre ellos a Luis Tralcal, por amenaza terrorista y obstrucción a la justicia, contó con varias irregularidades, como la declaración única de un testigo protegido para estructurar el proceso o el intento de solicitar intervenciones telefónicas, lo que no corresponde para una pena menor a cinco años. Estos hechos fueron omitidos por los principales medios de nuestro país.
