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Parlamentarios aseguran que tienen firmas para acusación constitucional contra Hinzpeter

Mientras el PC pidió la renuncia del ministro del Interior, el diputado Sergio Aguiló acusó que el jueves se pasó por encima de derechos constitucionales e indicó que una docena de legisladores ya comprometieron su apoyo a la iniciativa. Mientras, Familiares de Detenidos Desaparecidos dijeron que "importantes personeros fueron parte de la dictadura, pero están en democracia y tienen la obligación de escuchar".

Eduardo Orellana

  Viernes 5 de agosto 2011 13:57 hrs. 
rhinzpeter

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Integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y diputados de la comisión de Derechos Humanos se presentaron esta mañana en La Moneda para entregar una carta de protesta contra la actuación del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por su responsabilidad en la represión de las marchas convocadas por los movimientos estudiantiles.

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, calificó como desmedida la respuesta de las autoridades contra los manifestantes que intentaron marchar por la Alameda, pese a la prohibición decretada el día anterior desde la Intendencia Metropolitana.

La dirigenta agregó que los métodos empleados por las fuerzas de seguridad recordaron prácticas de la dictadura militar, las cuales podrían ir en escalada en caso de avalarse la represión: “Le decimos al Gobierno de derecha que con la respuesta que dio la ciudadanía durante todo el día y en la noche con los cacerolazos, que a muchos nos hizo recordar los años de dictadura, resulta estúpido decir que es un grupúsculo el que se manifiesta. Y recordarles que sabemos cuál es su origen, que importantes personeros de este Gobierno fueron parte de la dictadura, pero hoy día estamos en democracia y tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía”, señaló.

En el mismo sentido, el diputado independiente y miembro de la comisión de DD.HH. de la Cámara, Sergio Aguiló, confirmó el anuncio que ayer hizo un grupo de parlamentarios de presentar una acusación constitucional contra el ministro Hinzpeter.

La iniciativa contaría ya con el respaldo de doce diputados de la Concertación y el Partido Comunista y sería introducida en el Congreso el martes de la próxima semana. “Las firmas para la acusación constitucional al ministro Hinzpeter están, hemos confirmado la participación de diputados para acusarlo por las graves transgresiones a la Constitución, que ayer implicaron pasar por encima de derechos constitucionales básicos en nuestro país: el derecho a la integridad física y síquica, el derecho a manifestar opiniones sin censura previa y el derecho a reunirse sin autorización previa. De tal forma que la acusación constitucional va”, advirtió.

Aguiló indicó que los demás diputados que han adherido a la iniciativa para acusar al ministro Hinzpeter son Alfonso de Urresti y Juan Luis Castro, del PS; Rodrigo González, Tucapel Jiménez y Cristina Girardi, del PPD; Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, del PC; Fernando Meza y Alberto Robles, del PRSD; y el independiente René Alinco.

El parlamentario llamó también al Gobierno a considerar la celebración de un plebiscito popular para resolver los problemas en torno a la reforma educacional, rechazando los acuerdos cupulares en esta materia.

Asimismo, sobre el documento firmado por 51 diputados de oposición apoyando las demandas estudiantiles, Aguiló consideró que el Gobierno ha de tener en cuenta que si intenta despachar su proyecto de educación al Congreso, éste no contará con el respaldo necesario para prosperar. Por ello, instó a las autoridades a continuar con el diálogo.

Más lejos fue el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien se presentó minutos más tarde para solicitar la renuncia del ministro Hinzpeter, a quien acusó de no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir y desarticular a las bandas violentistas que -sostuvo- se habrían apoderado del centro de Santiago en caso haberse autorizado las marchas estudiantiles.

El dirigente también denunció una serie de ataques por parte de Carabineros contra algunas sedes partidarias y rechazó los dichos de algunos personeros de Gobierno que los responsabilizan de una presunta radicalización y manipulación del movimiento estudiantil.

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