CIDH advierte al gobierno chileno sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles y señaló que "el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales" y agrega que "un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas”.
Sábado 6 de agosto 2011 23:15 hrs.
El organismo internacional que promueve la defensa de los DD.HH. manifestó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles realizadas en Chile, el jueves 4 de agosto, que implicó la detención de 876 manifestantes, según cifras oficiales.
A partir de este hecho la entidad solicitó información al gobierno chileno sobre los “hechos violentos” producidos durante la protesta estudiantil, en la que hubo “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes.
A través de un comunicado público el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que “según la información disponible, para disolver una serie de protestas no autorizadas, convocadas como reacción a las políticas educativas, las fuerzas de seguridad utilizaron personal a pie, a caballo y en vehículos, que habrían golpeado a los manifestantes y utilizado gases lacrimógenos y chorros de agua a presión”.
En el escrito la entidad internacional señaló que: “voceros del Estado confirmaron que durante la disolución de las manifestaciones cientos de personas fueron detenidas y casi un centenar de policías resultaron heridos (…) entre las personas aprehendidas habría una cifra importante de estudiantes secundarios, incluyendo menores de edad, y universitarios”.
La Comisión subrayó, en su informe que “el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales” y agrega que “un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad” y agrega que “el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”.
La CIDH destaca que “en los operativos de seguridad las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia”.
Finalmente la organización de DD.HH. reiteró su preocupación por “los graves acontecimientos llevados a cabo el día 4 de agosto, e insta al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación, imponiendo solamente aquellas restricciones que resulten estrictamente necesarias”.
El organismo internacional que promueve la defensa de los DD.HH. manifestó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles realizadas en Chile, el jueves 4 de agosto, que implicó la detención de 876 manifestantes, según cifras oficiales.
A partir de este hecho la entidad solicitó información al gobierno chileno sobre los “hechos violentos” producidos durante la protesta estudiantil, en la que hubo “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes.
A través de un comunicado público el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que “según la información disponible, para disolver una serie de protestas no autorizadas, convocadas como reacción a las políticas educativas, las fuerzas de seguridad utilizaron personal a pie, a caballo y en vehículos, que habrían golpeado a los manifestantes y utilizado gases lacrimógenos y chorros de agua a presión”.
En el escrito la entidad internacional señaló que: “voceros del Estado confirmaron que durante la disolución de las manifestaciones cientos de personas fueron detenidas y casi un centenar de policías resultaron heridos (…) entre las personas aprehendidas habría una cifra importante de estudiantes secundarios, incluyendo menores de edad, y universitarios”.
La Comisión subrayó, en su informe que “el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales” y agrega que “un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad” y agrega que “el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”.
La CIDH destaca que “en los operativos de seguridad las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia”.
Finalmente la organización de DD.HH. reiteró su preocupación por “los graves acontecimientos llevados a cabo el día 4 de agosto, e insta al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación, imponiendo solamente aquellas restricciones que resulten estrictamente necesarias”.
El organismo internacional que promueve la defensa de los DD.HH. manifestó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles realizadas en Chile, el jueves 4 de agosto, que implicó la detención de 876 manifestantes, según cifras oficiales.
A partir de este hecho la entidad solicitó información al gobierno chileno sobre los “hechos violentos” producidos durante la protesta estudiantil, en la que hubo “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes.
A través de un comunicado público el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que “según la información disponible, para disolver una serie de protestas no autorizadas, convocadas como reacción a las políticas educativas, las fuerzas de seguridad utilizaron personal a pie, a caballo y en vehículos, que habrían golpeado a los manifestantes y utilizado gases lacrimógenos y chorros de agua a presión”.
En el escrito la entidad internacional señaló que: “voceros del Estado confirmaron que durante la disolución de las manifestaciones cientos de personas fueron detenidas y casi un centenar de policías resultaron heridos (…) entre las personas aprehendidas habría una cifra importante de estudiantes secundarios, incluyendo menores de edad, y universitarios”.
La Comisión subrayó, en su informe que “el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales” y agrega que “un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad” y agrega que “el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”.
La CIDH destaca que “en los operativos de seguridad las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia”.
Finalmente la organización de DD.HH. reiteró su preocupación por “los graves acontecimientos llevados a cabo el día 4 de agosto, e insta al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación, imponiendo solamente aquellas restricciones que resulten estrictamente necesarias”.
