Un recurso de protección a favor de los gendarmes de la Cárcel de Puente Alto presentaron este martes los dirigentes de la Agrupación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
El presidente del gremio, Pedro Hernández, criticó que por una decisión del alto mando de la institución este recinto penal ha aumentado su población de 1.570 internos a más de dos mil en menos de una semana, puesto que allí están llegando todos los ingresos que correspondían a la ex Penitenciería y al área sur de Santiago.
El dirigente de ANFUP advirtió que se está produciendo un colapso de la función penitenciaria y poniendo en riesgo la integridad física de los reclusos.
“La cárcel está construida para no más de mil personas y ya estamos sobre las dos mil. No queremos que hoy frente a un episodio lamentable, como por ejemplo lo ocurrido en San Miguel, sean culpados nuestros funcionarios y sean sometidos a proceso o sean encarcelados los gendarmes por malas decisiones que toman las autoridades. En ese sentido nuestro recurso de protección, y es un téngase presente a las medidas parche, a las medidas que no tienen un resultado eficiente y que está llevando adelante la dirección nacional del servicio”, enfatizó el líder de los funcionarios.
Pedro Hernández sostuvo además que el centro penal de Puente Alto tiene graves carencias de infraestructura y que no cuenta con redes para controlar incendios.
El presidente de ANFUP se refirió además al proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo, que modifica el régimen de libertad condicional y establece la pena alternativa de trabajos comunitarios en casos específicos, con el fin de reducir el alto nivel de hacinamiento que existe en los recintos penales del país.
Recordemos que esta iniciativa, que según el gobierno concede indulto general a unas 3.700 personas de bajo compromiso delictual, fue aprobado recientemente en el Senado y se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Hernández reconoció que se trata de un buen proyecto para descomprimir el sistema, aunque insistió en que los trabajadores de Gendarmería no han sido consultados, por lo que manifestó su esperanza de que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sí los reciba.
Quien también expuso su preocupación por lo que ocurre en Puente Alto fue el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, José Maldonado, quien aseguró que este proyecto de ley no beneficiará a gran parte de la población penal.
“Va a haber un beneficio, pero no una solución al sistema. Me parece que es un error las medidas que se tomaron en Santiago, si bien son medidas tomadas con bastante coraje, no permitir más ingresos porque hay más de 7 mil 200, pero esto quiere decir que estos ingresos, porque la justicia sigue funcionando, van a dar a algún recinto, esos recintos están siendo vulnerados y Puente Alto principalmente. Hay un gran impacto por un aumento explosivo de la población penal en Puente Alto, lo que puede comprometer la seguridad física y la vida de los presos de Puente Alto como también del personal”, explicó el dirigente de los oficiales de la institución.
Maldonado enfatizó que el problema penitenciario no tiene solución a corto plazo, que es necesario minimizar estos riesgos para evitar una tragedia como el incendio en San Miguel, en diciembre pasado, y fortalecer las condiciones de seguridad de los penales y los traslados para no comprometer la seguridad pública, lo que requiere una gran inversión.
En tanto Lucía Dammert, experta en materias de seguridad, señaló que se trata de una situación preocupante puesto que llenar las cárceles genera más problemas que soluciones por lo que es necesario fortalecer otro tipo de medidas.
“Es evidente que hay que construir nuevos recintos carcelarios porque los que están no dan abasto ni siquiera a la cantidad de gente que hay. Además en muchos casos tiene una infraestructura bastante critica o debilitada y por eso se tendrá que construir, y esas son decisiones que también pasan en paralelo a la decisión de fortalecer el sistema de medidas alternativas y empezar a utilizar otro tipo de medidas que no son encarcelamiento para algunos tipos delictuales”, indicó la experta.
Se espera que los gremios de Gendarmería se reúnan la próxima semana en forma separada con el Ministro Ribera para plantearle este y otros temas.
Un recurso de protección a favor de los gendarmes de la Cárcel de Puente Alto presentaron este martes los dirigentes de la Agrupación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
El presidente del gremio, Pedro Hernández, criticó que por una decisión del alto mando de la institución este recinto penal ha aumentado su población de 1.570 internos a más de dos mil en menos de una semana, puesto que allí están llegando todos los ingresos que correspondían a la ex Penitenciería y al área sur de Santiago.
El dirigente de ANFUP advirtió que se está produciendo un colapso de la función penitenciaria y poniendo en riesgo la integridad física de los reclusos.
“La cárcel está construida para no más de mil personas y ya estamos sobre las dos mil. No queremos que hoy frente a un episodio lamentable, como por ejemplo lo ocurrido en San Miguel, sean culpados nuestros funcionarios y sean sometidos a proceso o sean encarcelados los gendarmes por malas decisiones que toman las autoridades. En ese sentido nuestro recurso de protección, y es un téngase presente a las medidas parche, a las medidas que no tienen un resultado eficiente y que está llevando adelante la dirección nacional del servicio”, enfatizó el líder de los funcionarios.
Pedro Hernández sostuvo además que el centro penal de Puente Alto tiene graves carencias de infraestructura y que no cuenta con redes para controlar incendios.
El presidente de ANFUP se refirió además al proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo, que modifica el régimen de libertad condicional y establece la pena alternativa de trabajos comunitarios en casos específicos, con el fin de reducir el alto nivel de hacinamiento que existe en los recintos penales del país.
Recordemos que esta iniciativa, que según el gobierno concede indulto general a unas 3.700 personas de bajo compromiso delictual, fue aprobado recientemente en el Senado y se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Hernández reconoció que se trata de un buen proyecto para descomprimir el sistema, aunque insistió en que los trabajadores de Gendarmería no han sido consultados, por lo que manifestó su esperanza de que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sí los reciba.
Quien también expuso su preocupación por lo que ocurre en Puente Alto fue el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, José Maldonado, quien aseguró que este proyecto de ley no beneficiará a gran parte de la población penal.
“Va a haber un beneficio, pero no una solución al sistema. Me parece que es un error las medidas que se tomaron en Santiago, si bien son medidas tomadas con bastante coraje, no permitir más ingresos porque hay más de 7 mil 200, pero esto quiere decir que estos ingresos, porque la justicia sigue funcionando, van a dar a algún recinto, esos recintos están siendo vulnerados y Puente Alto principalmente. Hay un gran impacto por un aumento explosivo de la población penal en Puente Alto, lo que puede comprometer la seguridad física y la vida de los presos de Puente Alto como también del personal”, explicó el dirigente de los oficiales de la institución.
Maldonado enfatizó que el problema penitenciario no tiene solución a corto plazo, que es necesario minimizar estos riesgos para evitar una tragedia como el incendio en San Miguel, en diciembre pasado, y fortalecer las condiciones de seguridad de los penales y los traslados para no comprometer la seguridad pública, lo que requiere una gran inversión.
En tanto Lucía Dammert, experta en materias de seguridad, señaló que se trata de una situación preocupante puesto que llenar las cárceles genera más problemas que soluciones por lo que es necesario fortalecer otro tipo de medidas.
“Es evidente que hay que construir nuevos recintos carcelarios porque los que están no dan abasto ni siquiera a la cantidad de gente que hay. Además en muchos casos tiene una infraestructura bastante critica o debilitada y por eso se tendrá que construir, y esas son decisiones que también pasan en paralelo a la decisión de fortalecer el sistema de medidas alternativas y empezar a utilizar otro tipo de medidas que no son encarcelamiento para algunos tipos delictuales”, indicó la experta.
Se espera que los gremios de Gendarmería se reúnan la próxima semana en forma separada con el Ministro Ribera para plantearle este y otros temas.
Un recurso de protección a favor de los gendarmes de la Cárcel de Puente Alto presentaron este martes los dirigentes de la Agrupación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
El presidente del gremio, Pedro Hernández, criticó que por una decisión del alto mando de la institución este recinto penal ha aumentado su población de 1.570 internos a más de dos mil en menos de una semana, puesto que allí están llegando todos los ingresos que correspondían a la ex Penitenciería y al área sur de Santiago.
El dirigente de ANFUP advirtió que se está produciendo un colapso de la función penitenciaria y poniendo en riesgo la integridad física de los reclusos.
“La cárcel está construida para no más de mil personas y ya estamos sobre las dos mil. No queremos que hoy frente a un episodio lamentable, como por ejemplo lo ocurrido en San Miguel, sean culpados nuestros funcionarios y sean sometidos a proceso o sean encarcelados los gendarmes por malas decisiones que toman las autoridades. En ese sentido nuestro recurso de protección, y es un téngase presente a las medidas parche, a las medidas que no tienen un resultado eficiente y que está llevando adelante la dirección nacional del servicio”, enfatizó el líder de los funcionarios.
Pedro Hernández sostuvo además que el centro penal de Puente Alto tiene graves carencias de infraestructura y que no cuenta con redes para controlar incendios.
El presidente de ANFUP se refirió además al proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo, que modifica el régimen de libertad condicional y establece la pena alternativa de trabajos comunitarios en casos específicos, con el fin de reducir el alto nivel de hacinamiento que existe en los recintos penales del país.
Recordemos que esta iniciativa, que según el gobierno concede indulto general a unas 3.700 personas de bajo compromiso delictual, fue aprobado recientemente en el Senado y se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Hernández reconoció que se trata de un buen proyecto para descomprimir el sistema, aunque insistió en que los trabajadores de Gendarmería no han sido consultados, por lo que manifestó su esperanza de que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, sí los reciba.
Quien también expuso su preocupación por lo que ocurre en Puente Alto fue el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, José Maldonado, quien aseguró que este proyecto de ley no beneficiará a gran parte de la población penal.
“Va a haber un beneficio, pero no una solución al sistema. Me parece que es un error las medidas que se tomaron en Santiago, si bien son medidas tomadas con bastante coraje, no permitir más ingresos porque hay más de 7 mil 200, pero esto quiere decir que estos ingresos, porque la justicia sigue funcionando, van a dar a algún recinto, esos recintos están siendo vulnerados y Puente Alto principalmente. Hay un gran impacto por un aumento explosivo de la población penal en Puente Alto, lo que puede comprometer la seguridad física y la vida de los presos de Puente Alto como también del personal”, explicó el dirigente de los oficiales de la institución.
Maldonado enfatizó que el problema penitenciario no tiene solución a corto plazo, que es necesario minimizar estos riesgos para evitar una tragedia como el incendio en San Miguel, en diciembre pasado, y fortalecer las condiciones de seguridad de los penales y los traslados para no comprometer la seguridad pública, lo que requiere una gran inversión.
En tanto Lucía Dammert, experta en materias de seguridad, señaló que se trata de una situación preocupante puesto que llenar las cárceles genera más problemas que soluciones por lo que es necesario fortalecer otro tipo de medidas.
“Es evidente que hay que construir nuevos recintos carcelarios porque los que están no dan abasto ni siquiera a la cantidad de gente que hay. Además en muchos casos tiene una infraestructura bastante critica o debilitada y por eso se tendrá que construir, y esas son decisiones que también pasan en paralelo a la decisión de fortalecer el sistema de medidas alternativas y empezar a utilizar otro tipo de medidas que no son encarcelamiento para algunos tipos delictuales”, indicó la experta.
Se espera que los gremios de Gendarmería se reúnan la próxima semana en forma separada con el Ministro Ribera para plantearle este y otros temas.
