La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este martes un fallo de primera instancia que condenó a Almacenes Paris a pagar una indemnización total de 75 millones de pesos a tres trabajadores que denunciaron grabaciones ilegales mientras cumplían sus labores.
Los demandantes son los guardias de seguridad Mauricio Arellano Díaz, Hernán Flores Gómez y Miguel Fuentes Miranda, quienes en agosto de 2006 fueron grabados en los baños y vestidores de la tienda ubicada en el Mall de La Serena, para evitar los hurtos en el local. Cada uno de ellos recibirá 25 millones de pesos de indemnización.
El fallo del tribunal de alzada ratifica la sentencia de primera instancia del décimo sexto Juzgado Civil de Santiago, dictada por el juez Humberto Provoste, que estableció la responsabilidad extra-contractual de la empresa demandada por esta práctica.
El texto establece que “el hecho de ser objeto de vigilancia y grabación en instantes en que se desarrollan actividades íntimas y privadas como mudarse de ropa, desvestirse o la simple realización de las necesidades fisiológicas, causa un natural menoscabo y aflicción que las víctimas no tenían por qué padecer”, así lo explicó uno de los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm.
“Los trabajadores tienen que ser respetados en su dignidad, las empresas por supuesto que pueden y deben adoptar todas las medidas necesarias para su seguridad, como este caso en que se justificaba por el hurto de ciertas especies, pero eso tiene sus límites y los límites no pueden sobrepasar la dignidad del ser humano y los trabajadores, más que la privacidad, la dignidad de la persona”, afirmó Dahm.
María Loreto Retamales, abogada de los guardias, subrayó que los afectados supieron de esta situación por una casualidad y manifestó su esperanza que este fallo se vuelva un precedente.
“Este caso establece una jurisprudencia a nivel nacional en cuanto a la protección que tiene que dar el Estado a las garantías constitucionales como la garantía física y síquica, a la honra de la persona. Se sienta también un precedente para que las empresas se preocupen de otorgar la debida protección y garantizar la integridad de los trabajadores, porque esto sin duda los vulneró”, señaló la profesional.
En tanto Bárbara Saavedra, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Almacenes París valoró el fallo judicial y aseguró que, si bien se trata de un caso extremo, los funcionarios son permanentemente hostigados bajo argumentos de seguridad.
“El hostigamiento se da siempre, los procedimientos no son los adecuados, se está abusando de manera permanente de mucha gente. Puede robar una persona, pero el departamento completo queda en tela de juicio por ese hecho, se les llama, se les interroga. Nosotros como dirigentes no estamos de acuerdo con el trato que se está dando. En la tienda hay cámaras en los casilleros, pero han habido robo a los mismos trabajadores y nunca se han encontrado a los responsables”, indicó la líder sindical.
La dirigenta gremial señaló que además tienen problemas con la empresa en la sucursal de Plaza Oeste, puesto que acusaron erróneamente de robo a una vendedora y no se han hecho responsables de las amenazas de las que fue víctima, por lo que evaluarán realizar acciones legales.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este martes un fallo de primera instancia que condenó a Almacenes Paris a pagar una indemnización total de 75 millones de pesos a tres trabajadores que denunciaron grabaciones ilegales mientras cumplían sus labores.
Los demandantes son los guardias de seguridad Mauricio Arellano Díaz, Hernán Flores Gómez y Miguel Fuentes Miranda, quienes en agosto de 2006 fueron grabados en los baños y vestidores de la tienda ubicada en el Mall de La Serena, para evitar los hurtos en el local. Cada uno de ellos recibirá 25 millones de pesos de indemnización.
El fallo del tribunal de alzada ratifica la sentencia de primera instancia del décimo sexto Juzgado Civil de Santiago, dictada por el juez Humberto Provoste, que estableció la responsabilidad extra-contractual de la empresa demandada por esta práctica.
El texto establece que “el hecho de ser objeto de vigilancia y grabación en instantes en que se desarrollan actividades íntimas y privadas como mudarse de ropa, desvestirse o la simple realización de las necesidades fisiológicas, causa un natural menoscabo y aflicción que las víctimas no tenían por qué padecer”, así lo explicó uno de los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm.
“Los trabajadores tienen que ser respetados en su dignidad, las empresas por supuesto que pueden y deben adoptar todas las medidas necesarias para su seguridad, como este caso en que se justificaba por el hurto de ciertas especies, pero eso tiene sus límites y los límites no pueden sobrepasar la dignidad del ser humano y los trabajadores, más que la privacidad, la dignidad de la persona”, afirmó Dahm.
María Loreto Retamales, abogada de los guardias, subrayó que los afectados supieron de esta situación por una casualidad y manifestó su esperanza que este fallo se vuelva un precedente.
“Este caso establece una jurisprudencia a nivel nacional en cuanto a la protección que tiene que dar el Estado a las garantías constitucionales como la garantía física y síquica, a la honra de la persona. Se sienta también un precedente para que las empresas se preocupen de otorgar la debida protección y garantizar la integridad de los trabajadores, porque esto sin duda los vulneró”, señaló la profesional.
En tanto Bárbara Saavedra, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Almacenes París valoró el fallo judicial y aseguró que, si bien se trata de un caso extremo, los funcionarios son permanentemente hostigados bajo argumentos de seguridad.
“El hostigamiento se da siempre, los procedimientos no son los adecuados, se está abusando de manera permanente de mucha gente. Puede robar una persona, pero el departamento completo queda en tela de juicio por ese hecho, se les llama, se les interroga. Nosotros como dirigentes no estamos de acuerdo con el trato que se está dando. En la tienda hay cámaras en los casilleros, pero han habido robo a los mismos trabajadores y nunca se han encontrado a los responsables”, indicó la líder sindical.
La dirigenta gremial señaló que además tienen problemas con la empresa en la sucursal de Plaza Oeste, puesto que acusaron erróneamente de robo a una vendedora y no se han hecho responsables de las amenazas de las que fue víctima, por lo que evaluarán realizar acciones legales.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este martes un fallo de primera instancia que condenó a Almacenes Paris a pagar una indemnización total de 75 millones de pesos a tres trabajadores que denunciaron grabaciones ilegales mientras cumplían sus labores.
Los demandantes son los guardias de seguridad Mauricio Arellano Díaz, Hernán Flores Gómez y Miguel Fuentes Miranda, quienes en agosto de 2006 fueron grabados en los baños y vestidores de la tienda ubicada en el Mall de La Serena, para evitar los hurtos en el local. Cada uno de ellos recibirá 25 millones de pesos de indemnización.
El fallo del tribunal de alzada ratifica la sentencia de primera instancia del décimo sexto Juzgado Civil de Santiago, dictada por el juez Humberto Provoste, que estableció la responsabilidad extra-contractual de la empresa demandada por esta práctica.
El texto establece que “el hecho de ser objeto de vigilancia y grabación en instantes en que se desarrollan actividades íntimas y privadas como mudarse de ropa, desvestirse o la simple realización de las necesidades fisiológicas, causa un natural menoscabo y aflicción que las víctimas no tenían por qué padecer”, así lo explicó uno de los ministros de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm.
“Los trabajadores tienen que ser respetados en su dignidad, las empresas por supuesto que pueden y deben adoptar todas las medidas necesarias para su seguridad, como este caso en que se justificaba por el hurto de ciertas especies, pero eso tiene sus límites y los límites no pueden sobrepasar la dignidad del ser humano y los trabajadores, más que la privacidad, la dignidad de la persona”, afirmó Dahm.
María Loreto Retamales, abogada de los guardias, subrayó que los afectados supieron de esta situación por una casualidad y manifestó su esperanza que este fallo se vuelva un precedente.
“Este caso establece una jurisprudencia a nivel nacional en cuanto a la protección que tiene que dar el Estado a las garantías constitucionales como la garantía física y síquica, a la honra de la persona. Se sienta también un precedente para que las empresas se preocupen de otorgar la debida protección y garantizar la integridad de los trabajadores, porque esto sin duda los vulneró”, señaló la profesional.
En tanto Bárbara Saavedra, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Almacenes París valoró el fallo judicial y aseguró que, si bien se trata de un caso extremo, los funcionarios son permanentemente hostigados bajo argumentos de seguridad.
“El hostigamiento se da siempre, los procedimientos no son los adecuados, se está abusando de manera permanente de mucha gente. Puede robar una persona, pero el departamento completo queda en tela de juicio por ese hecho, se les llama, se les interroga. Nosotros como dirigentes no estamos de acuerdo con el trato que se está dando. En la tienda hay cámaras en los casilleros, pero han habido robo a los mismos trabajadores y nunca se han encontrado a los responsables”, indicó la líder sindical.
La dirigenta gremial señaló que además tienen problemas con la empresa en la sucursal de Plaza Oeste, puesto que acusaron erróneamente de robo a una vendedora y no se han hecho responsables de las amenazas de las que fue víctima, por lo que evaluarán realizar acciones legales.
