Cuando la ciudanía pide participación a gritos en las calles, el proceso de implementación de este cuerpo legal sufre un serio retraso. Si bien la ley está promulgada, no puede entrar en vigencia ya que, a la fecha, no más del 30 por ciento de las municipalidades del país han aprobado las normas que permiten implementarla.
Además, existe una fuerte polémica por el reglamento tipo que elaboró la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) como guía para su confección, ya que distintas organizaciones sociales llevaron este caso a la Contraloría, afirmando que el reglamento es muy restrictivo y que atenta contra el espíritu de le ley.
“Es totalmente limitado en términos de la concepción de la participación, establece que el Consejo es un órgano asesor, quien representa a este órgano frente a cualquier acto es el alcalde, lo que nos parece poco coherente, si es el órgano operador de la sociedad civil por qué lo tiene que representar el alcalde. Los tiempos de elección son inadecuados, las facultades que tiene son absolutamente limitadas, por lo tanto no responde en particular a lo que se buscaba con la ley 20.500”, detalló la Concejala de Santiago, Claudia Pascual.
La concejala señaló que las organizaciones también están solicitando al órgano fiscalizador que amplíe el plazo. Esto porque, si bien la ley establecía 180 días para que la Subdere generara una orientación y 60 días para que los municipios elaboraran su reglamento, la Subdere se retrasó considerablemente y los municipios no contaron con ese tiempo real para la discusión.
Además, muchos alcaldes presentaron a sus Concejos Municipales el mismo reglamento sin cambios, como la comuna de Santiago, que la semana pasada rechazó la propuesta, quedando ya fuera de plazo. Otros, han comenzado a elaborar de forma tardía el documento. Sin embargo, parece no haber apuro con este plazo vencido.
A menos de una semana de finalizar el tiempo, inquietas por la lentitud del proceso y las consecuencias que puede tener, las organizaciones se reunieron con el Contralor, Ramiro Mendoza. Moisés Scherman, dirigente de Ñuñoa, comentó esta reunión y criticó la falta de diligencia de las distintas autoridades en este tema.
“No va a pasar nada porque lo que nos dijo el Contralor, incluso la Subdere ni siquiera a él le ha enviado la propuesta de reglamento y la que debería haber sido visada por la Contraloría antes que la Subdere la mandara a los municipios. Nos dijo aquí el 85 por ciento de los municipios no va a tener reglamento, ni ordenanza el 16 y ustedes comprenderán que no pueden ser acusados de notable abandono de funciones 300 alcaldes de los 354 de Chile, y eso demuestra en definitiva que el tema de la participación ciudadana no cambia mucho con la ley, porque si la Contraloría no está preocupada, no sé dónde vamos a llegar”, señaló el dirigente vecinal.
En el fondo, el temor es que finalmente, después de lo mucho que se tramitó en el Congreso, no se correspondan el ideal y el texto de la ley, lo que podría ocurrir si el tema no se comunica y se implementa en silencio. Para María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la ONG Participa la falta de información ha sido un serio agravante.
“La verdad es que el problema es que no se sabe mucho, que efectivamente se supone que se está avanzando, pero no ha habido información oficial que diga de qué manera y cómo va esto avanzando y es raro si vemos que hoy debería ser un tema más relevante que nunca porque efectivamente con todos los movimientos sociales que hay, y la gente lo que está pidiendo a gritos es más allá en qué tema tener instancias de participación directas y vinculantes”, indicó la directora ejecutiva de ONG Participa
La especialista añadió que cuando las leyes se promulgan deben estar acompañadas de un programa de información, de difusión y apoyo a los organismos públicos que la tienen implementar, y también una campaña de difusión a la ciudadanía, lo que en este caso no se ha hecho de manera masiva y abierta.
Cuando la ciudanía pide participación a gritos en las calles, el proceso de implementación de este cuerpo legal sufre un serio retraso. Si bien la ley está promulgada, no puede entrar en vigencia ya que, a la fecha, no más del 30 por ciento de las municipalidades del país han aprobado las normas que permiten implementarla.
Además, existe una fuerte polémica por el reglamento tipo que elaboró la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) como guía para su confección, ya que distintas organizaciones sociales llevaron este caso a la Contraloría, afirmando que el reglamento es muy restrictivo y que atenta contra el espíritu de le ley.
“Es totalmente limitado en términos de la concepción de la participación, establece que el Consejo es un órgano asesor, quien representa a este órgano frente a cualquier acto es el alcalde, lo que nos parece poco coherente, si es el órgano operador de la sociedad civil por qué lo tiene que representar el alcalde. Los tiempos de elección son inadecuados, las facultades que tiene son absolutamente limitadas, por lo tanto no responde en particular a lo que se buscaba con la ley 20.500”, detalló la Concejala de Santiago, Claudia Pascual.
La concejala señaló que las organizaciones también están solicitando al órgano fiscalizador que amplíe el plazo. Esto porque, si bien la ley establecía 180 días para que la Subdere generara una orientación y 60 días para que los municipios elaboraran su reglamento, la Subdere se retrasó considerablemente y los municipios no contaron con ese tiempo real para la discusión.
Además, muchos alcaldes presentaron a sus Concejos Municipales el mismo reglamento sin cambios, como la comuna de Santiago, que la semana pasada rechazó la propuesta, quedando ya fuera de plazo. Otros, han comenzado a elaborar de forma tardía el documento. Sin embargo, parece no haber apuro con este plazo vencido.
A menos de una semana de finalizar el tiempo, inquietas por la lentitud del proceso y las consecuencias que puede tener, las organizaciones se reunieron con el Contralor, Ramiro Mendoza. Moisés Scherman, dirigente de Ñuñoa, comentó esta reunión y criticó la falta de diligencia de las distintas autoridades en este tema.
“No va a pasar nada porque lo que nos dijo el Contralor, incluso la Subdere ni siquiera a él le ha enviado la propuesta de reglamento y la que debería haber sido visada por la Contraloría antes que la Subdere la mandara a los municipios. Nos dijo aquí el 85 por ciento de los municipios no va a tener reglamento, ni ordenanza el 16 y ustedes comprenderán que no pueden ser acusados de notable abandono de funciones 300 alcaldes de los 354 de Chile, y eso demuestra en definitiva que el tema de la participación ciudadana no cambia mucho con la ley, porque si la Contraloría no está preocupada, no sé dónde vamos a llegar”, señaló el dirigente vecinal.
En el fondo, el temor es que finalmente, después de lo mucho que se tramitó en el Congreso, no se correspondan el ideal y el texto de la ley, lo que podría ocurrir si el tema no se comunica y se implementa en silencio. Para María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la ONG Participa la falta de información ha sido un serio agravante.
“La verdad es que el problema es que no se sabe mucho, que efectivamente se supone que se está avanzando, pero no ha habido información oficial que diga de qué manera y cómo va esto avanzando y es raro si vemos que hoy debería ser un tema más relevante que nunca porque efectivamente con todos los movimientos sociales que hay, y la gente lo que está pidiendo a gritos es más allá en qué tema tener instancias de participación directas y vinculantes”, indicó la directora ejecutiva de ONG Participa
La especialista añadió que cuando las leyes se promulgan deben estar acompañadas de un programa de información, de difusión y apoyo a los organismos públicos que la tienen implementar, y también una campaña de difusión a la ciudadanía, lo que en este caso no se ha hecho de manera masiva y abierta.
Cuando la ciudanía pide participación a gritos en las calles, el proceso de implementación de este cuerpo legal sufre un serio retraso. Si bien la ley está promulgada, no puede entrar en vigencia ya que, a la fecha, no más del 30 por ciento de las municipalidades del país han aprobado las normas que permiten implementarla.
Además, existe una fuerte polémica por el reglamento tipo que elaboró la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) como guía para su confección, ya que distintas organizaciones sociales llevaron este caso a la Contraloría, afirmando que el reglamento es muy restrictivo y que atenta contra el espíritu de le ley.
“Es totalmente limitado en términos de la concepción de la participación, establece que el Consejo es un órgano asesor, quien representa a este órgano frente a cualquier acto es el alcalde, lo que nos parece poco coherente, si es el órgano operador de la sociedad civil por qué lo tiene que representar el alcalde. Los tiempos de elección son inadecuados, las facultades que tiene son absolutamente limitadas, por lo tanto no responde en particular a lo que se buscaba con la ley 20.500”, detalló la Concejala de Santiago, Claudia Pascual.
La concejala señaló que las organizaciones también están solicitando al órgano fiscalizador que amplíe el plazo. Esto porque, si bien la ley establecía 180 días para que la Subdere generara una orientación y 60 días para que los municipios elaboraran su reglamento, la Subdere se retrasó considerablemente y los municipios no contaron con ese tiempo real para la discusión.
Además, muchos alcaldes presentaron a sus Concejos Municipales el mismo reglamento sin cambios, como la comuna de Santiago, que la semana pasada rechazó la propuesta, quedando ya fuera de plazo. Otros, han comenzado a elaborar de forma tardía el documento. Sin embargo, parece no haber apuro con este plazo vencido.
A menos de una semana de finalizar el tiempo, inquietas por la lentitud del proceso y las consecuencias que puede tener, las organizaciones se reunieron con el Contralor, Ramiro Mendoza. Moisés Scherman, dirigente de Ñuñoa, comentó esta reunión y criticó la falta de diligencia de las distintas autoridades en este tema.
“No va a pasar nada porque lo que nos dijo el Contralor, incluso la Subdere ni siquiera a él le ha enviado la propuesta de reglamento y la que debería haber sido visada por la Contraloría antes que la Subdere la mandara a los municipios. Nos dijo aquí el 85 por ciento de los municipios no va a tener reglamento, ni ordenanza el 16 y ustedes comprenderán que no pueden ser acusados de notable abandono de funciones 300 alcaldes de los 354 de Chile, y eso demuestra en definitiva que el tema de la participación ciudadana no cambia mucho con la ley, porque si la Contraloría no está preocupada, no sé dónde vamos a llegar”, señaló el dirigente vecinal.
En el fondo, el temor es que finalmente, después de lo mucho que se tramitó en el Congreso, no se correspondan el ideal y el texto de la ley, lo que podría ocurrir si el tema no se comunica y se implementa en silencio. Para María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la ONG Participa la falta de información ha sido un serio agravante.
“La verdad es que el problema es que no se sabe mucho, que efectivamente se supone que se está avanzando, pero no ha habido información oficial que diga de qué manera y cómo va esto avanzando y es raro si vemos que hoy debería ser un tema más relevante que nunca porque efectivamente con todos los movimientos sociales que hay, y la gente lo que está pidiendo a gritos es más allá en qué tema tener instancias de participación directas y vinculantes”, indicó la directora ejecutiva de ONG Participa
La especialista añadió que cuando las leyes se promulgan deben estar acompañadas de un programa de información, de difusión y apoyo a los organismos públicos que la tienen implementar, y también una campaña de difusión a la ciudadanía, lo que en este caso no se ha hecho de manera masiva y abierta.
