Sin estudio de impacto ambiental se aprobó el 1 de agosto el Parque Eólico Chiloé. Un proyecto que, si bien aportará a diversificar la matriz energética, integrando energías renovables, fue localizado en un lugar que los pobladores consideran pésimo, pues está en pleno borde costero.
Por eso, organizaciones llegaron al Congreso a solicitar que se apruebe una Comisión Investigadora Mixta que dé cuenta de las ilegalidades en la calificación de distintos proyectos de inversión del sector energético.
Carolina Sepúlveda del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), organización que trabaja en Ancud, advirtió que de insistir en la actual localización se arrasará con las dos principales actividades económicas de la zona: la pesca artesanal y el turismo comunitario de avistamiento de cetáceos.
“Afecta a todo Chiloé, pero tiene un mayor impacto en la comuna de Ancud porque existen más o menos 200 familias que viven actualmente de la recolección de machas, es decir, son pescadores artesanales en la zona del borde costero donde se va a emplazar ese proyecto. En esa área se ha desarrollado además desde hace diez años un turismo de raíz comunitaria. Un centro turístico que tiene reconocimiento internacional y que lleva miles de visitantes a Ancud casi todo el año”, explicó la dirigente.
Además, en el área donde se piensan instalar las torres hay veinte sitios arqueológicos y tres comunidades huilliche que no fueron consultadas, razones por las que diversas organizaciones presentarán recursos de protección y de invalidación del proyecto.
Esto ha sido catalogado como una desgracia por los ambientalistas, quienes aseguran que este tipo de iniciativas son las que necesita el país, pero precisan que se están aplicando de una forma errada.
En esa línea, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) sostuvo que “aquí hay una situación un tanto esquizofrénica en la política energética del país: Por un lado hay grandes proyectos altamente contaminantes cuestionados además por la ciudadanía en los distintos lugares como la mina de carbón en Isla Riesco, la gigantesca termoeléctrica Castilla en la región de Atacama, y resulta que ahora nos encontramos ante un proyecto eólico en la isla de Chiloé que no es un lugar adecuado para este tipo de instalaciones y es una decisión política equivocada”.
Además de las críticas a la política energética, hay también una serie de cuestionamientos sobre cómo está funcionando la nueva institucionalidad ambiental.
Cuenca advirtió que, pese al espíritu de los cambios que se hicieron a la normativa ambiental, las decisiones en general se están tomando con un enfoque más político que técnico, lo que calificó como “un franco retroceso”.
Sin embargo, para Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación Cetácea, el problema va mucho más allá. “Esto no es un hecho aislado y está sucediendo con todos los megaproyectos energéticos donde se están ocupando distintos subterfugios para aprobarlos. La nueva institucionalidad no está funcionando porque no la han hecho funcionar. No se ha aplicado la legislación. Ocupan de forma ambigua la normativa antigua y la nueva para bloquear todo tipo de participación ciudadana”, sentenció.
Incluso los mismos parlamentarios reafirmaron este punto. El senador Juan Pablo Letelier señaló que “la institucionalidad ambiental en nuestro país está haciendo agua. La ley de bases de medio ambiente exige procedimientos y procesos que no se están respetando”.
Mientras, el diputado por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza, denunció que la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, le mintió al país cuando, en una sesión especial del Congreso, afirmó que no habían organizaciones que se opusieran a este proyecto.
Sin estudio de impacto ambiental se aprobó el 1 de agosto el Parque Eólico Chiloé. Un proyecto que, si bien aportará a diversificar la matriz energética, integrando energías renovables, fue localizado en un lugar que los pobladores consideran pésimo, pues está en pleno borde costero.
Por eso, organizaciones llegaron al Congreso a solicitar que se apruebe una Comisión Investigadora Mixta que dé cuenta de las ilegalidades en la calificación de distintos proyectos de inversión del sector energético.
Carolina Sepúlveda del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), organización que trabaja en Ancud, advirtió que de insistir en la actual localización se arrasará con las dos principales actividades económicas de la zona: la pesca artesanal y el turismo comunitario de avistamiento de cetáceos.
“Afecta a todo Chiloé, pero tiene un mayor impacto en la comuna de Ancud porque existen más o menos 200 familias que viven actualmente de la recolección de machas, es decir, son pescadores artesanales en la zona del borde costero donde se va a emplazar ese proyecto. En esa área se ha desarrollado además desde hace diez años un turismo de raíz comunitaria. Un centro turístico que tiene reconocimiento internacional y que lleva miles de visitantes a Ancud casi todo el año”, explicó la dirigente.
Además, en el área donde se piensan instalar las torres hay veinte sitios arqueológicos y tres comunidades huilliche que no fueron consultadas, razones por las que diversas organizaciones presentarán recursos de protección y de invalidación del proyecto.
Esto ha sido catalogado como una desgracia por los ambientalistas, quienes aseguran que este tipo de iniciativas son las que necesita el país, pero precisan que se están aplicando de una forma errada.
En esa línea, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) sostuvo que “aquí hay una situación un tanto esquizofrénica en la política energética del país: Por un lado hay grandes proyectos altamente contaminantes cuestionados además por la ciudadanía en los distintos lugares como la mina de carbón en Isla Riesco, la gigantesca termoeléctrica Castilla en la región de Atacama, y resulta que ahora nos encontramos ante un proyecto eólico en la isla de Chiloé que no es un lugar adecuado para este tipo de instalaciones y es una decisión política equivocada”.
Además de las críticas a la política energética, hay también una serie de cuestionamientos sobre cómo está funcionando la nueva institucionalidad ambiental.
Cuenca advirtió que, pese al espíritu de los cambios que se hicieron a la normativa ambiental, las decisiones en general se están tomando con un enfoque más político que técnico, lo que calificó como “un franco retroceso”.
Sin embargo, para Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación Cetácea, el problema va mucho más allá. “Esto no es un hecho aislado y está sucediendo con todos los megaproyectos energéticos donde se están ocupando distintos subterfugios para aprobarlos. La nueva institucionalidad no está funcionando porque no la han hecho funcionar. No se ha aplicado la legislación. Ocupan de forma ambigua la normativa antigua y la nueva para bloquear todo tipo de participación ciudadana”, sentenció.
Incluso los mismos parlamentarios reafirmaron este punto. El senador Juan Pablo Letelier señaló que “la institucionalidad ambiental en nuestro país está haciendo agua. La ley de bases de medio ambiente exige procedimientos y procesos que no se están respetando”.
Mientras, el diputado por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza, denunció que la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, le mintió al país cuando, en una sesión especial del Congreso, afirmó que no habían organizaciones que se opusieran a este proyecto.
Sin estudio de impacto ambiental se aprobó el 1 de agosto el Parque Eólico Chiloé. Un proyecto que, si bien aportará a diversificar la matriz energética, integrando energías renovables, fue localizado en un lugar que los pobladores consideran pésimo, pues está en pleno borde costero.
Por eso, organizaciones llegaron al Congreso a solicitar que se apruebe una Comisión Investigadora Mixta que dé cuenta de las ilegalidades en la calificación de distintos proyectos de inversión del sector energético.
Carolina Sepúlveda del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), organización que trabaja en Ancud, advirtió que de insistir en la actual localización se arrasará con las dos principales actividades económicas de la zona: la pesca artesanal y el turismo comunitario de avistamiento de cetáceos.
“Afecta a todo Chiloé, pero tiene un mayor impacto en la comuna de Ancud porque existen más o menos 200 familias que viven actualmente de la recolección de machas, es decir, son pescadores artesanales en la zona del borde costero donde se va a emplazar ese proyecto. En esa área se ha desarrollado además desde hace diez años un turismo de raíz comunitaria. Un centro turístico que tiene reconocimiento internacional y que lleva miles de visitantes a Ancud casi todo el año”, explicó la dirigente.
Además, en el área donde se piensan instalar las torres hay veinte sitios arqueológicos y tres comunidades huilliche que no fueron consultadas, razones por las que diversas organizaciones presentarán recursos de protección y de invalidación del proyecto.
Esto ha sido catalogado como una desgracia por los ambientalistas, quienes aseguran que este tipo de iniciativas son las que necesita el país, pero precisan que se están aplicando de una forma errada.
En esa línea, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) sostuvo que “aquí hay una situación un tanto esquizofrénica en la política energética del país: Por un lado hay grandes proyectos altamente contaminantes cuestionados además por la ciudadanía en los distintos lugares como la mina de carbón en Isla Riesco, la gigantesca termoeléctrica Castilla en la región de Atacama, y resulta que ahora nos encontramos ante un proyecto eólico en la isla de Chiloé que no es un lugar adecuado para este tipo de instalaciones y es una decisión política equivocada”.
Además de las críticas a la política energética, hay también una serie de cuestionamientos sobre cómo está funcionando la nueva institucionalidad ambiental.
Cuenca advirtió que, pese al espíritu de los cambios que se hicieron a la normativa ambiental, las decisiones en general se están tomando con un enfoque más político que técnico, lo que calificó como “un franco retroceso”.
Sin embargo, para Bárbara Galletti, presidenta del Centro de Conservación Cetácea, el problema va mucho más allá. “Esto no es un hecho aislado y está sucediendo con todos los megaproyectos energéticos donde se están ocupando distintos subterfugios para aprobarlos. La nueva institucionalidad no está funcionando porque no la han hecho funcionar. No se ha aplicado la legislación. Ocupan de forma ambigua la normativa antigua y la nueva para bloquear todo tipo de participación ciudadana”, sentenció.
Incluso los mismos parlamentarios reafirmaron este punto. El senador Juan Pablo Letelier señaló que “la institucionalidad ambiental en nuestro país está haciendo agua. La ley de bases de medio ambiente exige procedimientos y procesos que no se están respetando”.
Mientras, el diputado por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza, denunció que la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, le mintió al país cuando, en una sesión especial del Congreso, afirmó que no habían organizaciones que se opusieran a este proyecto.
