El Senado aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente que se frene el irregular proceso de consulta a los pueblos indígenas que está impulsando el Gobierno y se derogue el artículo 124 del Ministerio de Planificación.
Sin embargo, a finales de agosto se votará en el Congreso otro proyecto de acuerdo impulsado por la Coalición por el Cambio, que sí apoya la consulta, al señalar que “cumple los más altos estándares del derecho internacional” y además felicita al Gobierno por su gestión en materia de pueblos indígenas.
Para Sandra Huentemilla, coordinadora del “Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de Los Pueblos Indígenas 2011”, esto sólo se explica por intereses políticos partidistas que van en desmedro del bienestar de las comunidades.
“Se ve la división respecto de los pueblos indígenas, no se ve una preocupación desde la derecha por las demandas que están haciendo los pueblos, sino un apoyo partidario porque son de la coalición del gobierno, por lo tanto, lo tienen que aprobar aunque esté errado y tienen que aprobar lo que el gobierno está llevando a cabo”, señaló la dirigente.
Por su parte, Francisco Vera Millaquén, representante de la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas, afirmó que esto muestra la falta de seriedad del Congreso y anunció que están preparando una denuncia formal por esta situación, que considera un escándalo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con copia al relator especial para los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
“Creemos que el proyecto del gobierno lo que hace es confundir a la gente y a la opinión internacional porque no es efectivo que cumpla los requisitos del derecho internacional y eso es lo que están diciendo, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es desmentirlo ante la OIT particularmente y ante el relator de Naciones Unidas”, indicó Vera Millaquén.
El werkén afirmó que con estas acciones se está deslegitimando el poder de decisión de las instituciones chilenas y dando paso al Estado para que siga adelante con una consulta-inconsulta con la cual, opina, en el fondo se pretende imponer la visión del Gobierno, pasando por encima de los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales.
El Senado aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente que se frene el irregular proceso de consulta a los pueblos indígenas que está impulsando el Gobierno y se derogue el artículo 124 del Ministerio de Planificación.
Sin embargo, a finales de agosto se votará en el Congreso otro proyecto de acuerdo impulsado por la Coalición por el Cambio, que sí apoya la consulta, al señalar que “cumple los más altos estándares del derecho internacional” y además felicita al Gobierno por su gestión en materia de pueblos indígenas.
Para Sandra Huentemilla, coordinadora del “Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de Los Pueblos Indígenas 2011”, esto sólo se explica por intereses políticos partidistas que van en desmedro del bienestar de las comunidades.
“Se ve la división respecto de los pueblos indígenas, no se ve una preocupación desde la derecha por las demandas que están haciendo los pueblos, sino un apoyo partidario porque son de la coalición del gobierno, por lo tanto, lo tienen que aprobar aunque esté errado y tienen que aprobar lo que el gobierno está llevando a cabo”, señaló la dirigente.
Por su parte, Francisco Vera Millaquén, representante de la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas, afirmó que esto muestra la falta de seriedad del Congreso y anunció que están preparando una denuncia formal por esta situación, que considera un escándalo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con copia al relator especial para los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
“Creemos que el proyecto del gobierno lo que hace es confundir a la gente y a la opinión internacional porque no es efectivo que cumpla los requisitos del derecho internacional y eso es lo que están diciendo, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es desmentirlo ante la OIT particularmente y ante el relator de Naciones Unidas”, indicó Vera Millaquén.
El werkén afirmó que con estas acciones se está deslegitimando el poder de decisión de las instituciones chilenas y dando paso al Estado para que siga adelante con una consulta-inconsulta con la cual, opina, en el fondo se pretende imponer la visión del Gobierno, pasando por encima de los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales.
El Senado aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente que se frene el irregular proceso de consulta a los pueblos indígenas que está impulsando el Gobierno y se derogue el artículo 124 del Ministerio de Planificación.
Sin embargo, a finales de agosto se votará en el Congreso otro proyecto de acuerdo impulsado por la Coalición por el Cambio, que sí apoya la consulta, al señalar que “cumple los más altos estándares del derecho internacional” y además felicita al Gobierno por su gestión en materia de pueblos indígenas.
Para Sandra Huentemilla, coordinadora del “Encuentro de Autoridades Tradicionales y Dirigentes de Los Pueblos Indígenas 2011”, esto sólo se explica por intereses políticos partidistas que van en desmedro del bienestar de las comunidades.
“Se ve la división respecto de los pueblos indígenas, no se ve una preocupación desde la derecha por las demandas que están haciendo los pueblos, sino un apoyo partidario porque son de la coalición del gobierno, por lo tanto, lo tienen que aprobar aunque esté errado y tienen que aprobar lo que el gobierno está llevando a cabo”, señaló la dirigente.
Por su parte, Francisco Vera Millaquén, representante de la Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas, afirmó que esto muestra la falta de seriedad del Congreso y anunció que están preparando una denuncia formal por esta situación, que considera un escándalo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con copia al relator especial para los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
“Creemos que el proyecto del gobierno lo que hace es confundir a la gente y a la opinión internacional porque no es efectivo que cumpla los requisitos del derecho internacional y eso es lo que están diciendo, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es desmentirlo ante la OIT particularmente y ante el relator de Naciones Unidas”, indicó Vera Millaquén.
El werkén afirmó que con estas acciones se está deslegitimando el poder de decisión de las instituciones chilenas y dando paso al Estado para que siga adelante con una consulta-inconsulta con la cual, opina, en el fondo se pretende imponer la visión del Gobierno, pasando por encima de los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales.
