Los senadores Jorge Pizarro y Ximena Rincón solicitaron al gobierno que dé urgencia al proyecto presentado hace un mes que elimina de Dicom, por un año, a todos los deudores afectados por la repactación unilateral de multitiendas o instituciones financieras, lo que ayudaría al millón de personas afectadas sólo en el caso La Polar.

El senador Pizarro planteó que el objetivo es que “las empresas que han cometido el fraude o la mala práctica tengan la obligación de sacarlos de los registros de base de datos durante un año, porque no se les puede agravar su situación producto de un mal manejo comercial”.

La senadora Ximena Rincón considera que se debe fortalecer la institucionalidad, no tiene claro si sumando más Superintendencias, pero si debe haber una presencia directa del Estado en el control de los abusos.

“Es un tema que tenemos que discutir en el Parlamento porque ha quedado en evidencia que las entidades reguladoras no ejercen su rol. El caso de La Polar es un muy buen ejemplo de ello, uno debiera ver de qué manera la legalidad vigente se adecúa a lo acontecido o si es necesario crear una institución específica y particular”, sostuvo.

Por otro lado, el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de un nuevo sistema de información comercial, que esencialmente se desempeñará almacenando y administrando los datos de deudores.

El proyecto de ley recoge las recomendaciones internacionales luego del ingreso de Chile a la OCDE, busca ampliar la información sobre obligaciones financieras y económicas del mercado, introducir mecanismos de control de calidad, seguridad y veracidad de los datos; dotar a una instancia administrativa de las facultades necesarias para regular y fiscalizar a los agentes del sistema, y por último, reforzar los derechos de los titulares de los datos y establecer normas que resguarden la privacidad y control de la información por parte de los titulares.

Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, valora la intención de que los clientes no se sobre endeuden, pero considera que este proyecto podría transformarse en una amenaza, quien enfatizó que “el interés está en que sean los usuarios los que son dueños de su información, que no se preste más plata a la gente que está endeudada, pero en la práctica, al único que favorece este proyecto es a la banca”.

Esta es una pelea por la que el comité de Retail Financiero que agrupa a las principales multitiendas rechaza el proyecto, por que como explica Larenas, han construido sus bases de datos durante diez años y esto permitiría que la banca accediera a la información centralizada.

Para Larenas, la ley actual ya dice que el usuario es dueño de sus datos, pero eso no es más que una fantasía porque difícilmente tendrá poder de negociación al querer consolidar una deuda, y apuntó que “una consolidación de la deuda pasa por generar una base de datos en una institucionalidad que es muy frágil para la protección de datos personales. Nosotros en Chile tenemos una ley obsoleta respecto al tema y no tenemos una institucionalidad que resguarde esta información. Existe un tráfico constante de datos personales y una venta de ellos entre diferentes empresas”:

Más aún el sistema será licitado por intermedio de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y cree que perfectamente se podrían presentar a su administración empresas como Dicom y Equifax, lo que considera perjudicial para los usuarios.

El presidente de Odecus cree que no hay una institucionalidad que fiscalice los abusos del mercado y el Sernac financiero, aparte de aumentar el personal especializado no tiene facultades especiales más que para ser ministro de fe en algunas circunstancias.