Hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt llegaron cerca de diez organizaciones sociales acompañadas de parlamentarios y abogados para interponer un recurso de protección, ya que el proyecto atentaría contra el comercio y el turismo en la zona, contra el medioambiente, donde habitan especies protegidas y además pasaría por sobre tres comunidades mapuches y diez sitios arqueológicos.
Además, se presentó un recurso de invalidación ante la Comisión Evaluación Ambiental para que anule la decisión adoptada el primero de agosto, que se tomó sin realizar el estudio que exige la ley.
“Básicamente señalar que ese tipo de proyectos debe ser evaluado con un estudio de impacto ambiental. Las organizaciones del territorio lo solicitamos formalmente y no se consideró por lo que siguió el curso la evaluación con una declaración de impacto, por vamos a hacer este viernes pedir la invalidación de esa resolución”, señaló Gisella Saldivia, habitante de la zona y vocera de la Coordinadora de Organizaciones Sociales.
Este tema ha generado una verdadera polémica al tratarse de un proyecto que aportará al país con una fuente de energía renovable no convencional, pero que, a la vez, fue ubicado en uno de los peores lugares posibles para la comunidad de Chiloé.
Sin embargo, la empresa Ecopower no está dispuesta a re-localizar su proyecto, valorado en 235 millones de dólares, trasladándolo desde la Costa de Mar Brava a un lugar donde en que se reduzca su impacto, como piden las comunidades, amparándose en el aporte que hará al país.
“Fue simplemente un proyecto fundamentado en el hecho de que el país necesita energía como siempre y amparándose en que es energía renovable no convencional como supuestamente está en boga el tema de cambiar las energías contaminantes por las renovables. se pudo colgar de este proceso para decir que cualquier proyecto de energía renovable tiene que ser aprobado, y así fue el mismo intendente lo remarcó en la votación, el dirigió a los Seremi en este sentido, y con eso fue suficiente para decir que el proyecto debía construirse independiente de todos los procesos”, indicó Jorge Valenzuela, director del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN).
La forma en la que se están aprobando estos proyectos en nuestro país, pese al cambio de institucionalidad ambiental, ha generado una fuerte polémica. En este contexto, el diputado socialista Fidel Espinoza señaló que la ley sólo está beneficiando a las empresas.
“La nueva legislación ambiental no sólo no ha funcionado, ha funcionado a favor de los intereses de grandes empresas como estas, que presentan proyectos de este tipo violentando los intereses de la gente, desde ese punto de vista es un elemento muy negativo. Yo no me opongo a la generación de energía eólica porque consideramos que son mecanismos importantes que son menos contaminantes que otros, siempre y cuando no impacten a la gente, sus costumbres, el impacto en la flora y fauna, y eso es lo que este proyecto realiza”, explicó Espinoza.
Así distintos especialistas en materia ambiental han señalado que hoy siguen primando los criterios políticos por sobre los técnicos y que las vías de participación ciudadana no están claras, lo que ha quedado de manifiesto en el proyecto Parque Eólico Chiloé.
Hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt llegaron cerca de diez organizaciones sociales acompañadas de parlamentarios y abogados para interponer un recurso de protección, ya que el proyecto atentaría contra el comercio y el turismo en la zona, contra el medioambiente, donde habitan especies protegidas y además pasaría por sobre tres comunidades mapuches y diez sitios arqueológicos.
Además, se presentó un recurso de invalidación ante la Comisión Evaluación Ambiental para que anule la decisión adoptada el primero de agosto, que se tomó sin realizar el estudio que exige la ley.
“Básicamente señalar que ese tipo de proyectos debe ser evaluado con un estudio de impacto ambiental. Las organizaciones del territorio lo solicitamos formalmente y no se consideró por lo que siguió el curso la evaluación con una declaración de impacto, por vamos a hacer este viernes pedir la invalidación de esa resolución”, señaló Gisella Saldivia, habitante de la zona y vocera de la Coordinadora de Organizaciones Sociales.
Este tema ha generado una verdadera polémica al tratarse de un proyecto que aportará al país con una fuente de energía renovable no convencional, pero que, a la vez, fue ubicado en uno de los peores lugares posibles para la comunidad de Chiloé.
Sin embargo, la empresa Ecopower no está dispuesta a re-localizar su proyecto, valorado en 235 millones de dólares, trasladándolo desde la Costa de Mar Brava a un lugar donde en que se reduzca su impacto, como piden las comunidades, amparándose en el aporte que hará al país.
“Fue simplemente un proyecto fundamentado en el hecho de que el país necesita energía como siempre y amparándose en que es energía renovable no convencional como supuestamente está en boga el tema de cambiar las energías contaminantes por las renovables. se pudo colgar de este proceso para decir que cualquier proyecto de energía renovable tiene que ser aprobado, y así fue el mismo intendente lo remarcó en la votación, el dirigió a los Seremi en este sentido, y con eso fue suficiente para decir que el proyecto debía construirse independiente de todos los procesos”, indicó Jorge Valenzuela, director del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN).
La forma en la que se están aprobando estos proyectos en nuestro país, pese al cambio de institucionalidad ambiental, ha generado una fuerte polémica. En este contexto, el diputado socialista Fidel Espinoza señaló que la ley sólo está beneficiando a las empresas.
“La nueva legislación ambiental no sólo no ha funcionado, ha funcionado a favor de los intereses de grandes empresas como estas, que presentan proyectos de este tipo violentando los intereses de la gente, desde ese punto de vista es un elemento muy negativo. Yo no me opongo a la generación de energía eólica porque consideramos que son mecanismos importantes que son menos contaminantes que otros, siempre y cuando no impacten a la gente, sus costumbres, el impacto en la flora y fauna, y eso es lo que este proyecto realiza”, explicó Espinoza.
Así distintos especialistas en materia ambiental han señalado que hoy siguen primando los criterios políticos por sobre los técnicos y que las vías de participación ciudadana no están claras, lo que ha quedado de manifiesto en el proyecto Parque Eólico Chiloé.
Hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt llegaron cerca de diez organizaciones sociales acompañadas de parlamentarios y abogados para interponer un recurso de protección, ya que el proyecto atentaría contra el comercio y el turismo en la zona, contra el medioambiente, donde habitan especies protegidas y además pasaría por sobre tres comunidades mapuches y diez sitios arqueológicos.
Además, se presentó un recurso de invalidación ante la Comisión Evaluación Ambiental para que anule la decisión adoptada el primero de agosto, que se tomó sin realizar el estudio que exige la ley.
“Básicamente señalar que ese tipo de proyectos debe ser evaluado con un estudio de impacto ambiental. Las organizaciones del territorio lo solicitamos formalmente y no se consideró por lo que siguió el curso la evaluación con una declaración de impacto, por vamos a hacer este viernes pedir la invalidación de esa resolución”, señaló Gisella Saldivia, habitante de la zona y vocera de la Coordinadora de Organizaciones Sociales.
Este tema ha generado una verdadera polémica al tratarse de un proyecto que aportará al país con una fuente de energía renovable no convencional, pero que, a la vez, fue ubicado en uno de los peores lugares posibles para la comunidad de Chiloé.
Sin embargo, la empresa Ecopower no está dispuesta a re-localizar su proyecto, valorado en 235 millones de dólares, trasladándolo desde la Costa de Mar Brava a un lugar donde en que se reduzca su impacto, como piden las comunidades, amparándose en el aporte que hará al país.
“Fue simplemente un proyecto fundamentado en el hecho de que el país necesita energía como siempre y amparándose en que es energía renovable no convencional como supuestamente está en boga el tema de cambiar las energías contaminantes por las renovables. se pudo colgar de este proceso para decir que cualquier proyecto de energía renovable tiene que ser aprobado, y así fue el mismo intendente lo remarcó en la votación, el dirigió a los Seremi en este sentido, y con eso fue suficiente para decir que el proyecto debía construirse independiente de todos los procesos”, indicó Jorge Valenzuela, director del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN).
La forma en la que se están aprobando estos proyectos en nuestro país, pese al cambio de institucionalidad ambiental, ha generado una fuerte polémica. En este contexto, el diputado socialista Fidel Espinoza señaló que la ley sólo está beneficiando a las empresas.
“La nueva legislación ambiental no sólo no ha funcionado, ha funcionado a favor de los intereses de grandes empresas como estas, que presentan proyectos de este tipo violentando los intereses de la gente, desde ese punto de vista es un elemento muy negativo. Yo no me opongo a la generación de energía eólica porque consideramos que son mecanismos importantes que son menos contaminantes que otros, siempre y cuando no impacten a la gente, sus costumbres, el impacto en la flora y fauna, y eso es lo que este proyecto realiza”, explicó Espinoza.
Así distintos especialistas en materia ambiental han señalado que hoy siguen primando los criterios políticos por sobre los técnicos y que las vías de participación ciudadana no están claras, lo que ha quedado de manifiesto en el proyecto Parque Eólico Chiloé.
