Hoy, el Suboficial de Carabineros y autor del asesinato de Matías Catrileo, Walter Ramírez Espinoza, está libre. Después de haber asesinado al comunero por la espalda con una subametralladora UZI el año 2008, su condena fue firmar regularmente por tres años, lo que no le impidió seguir en la institución, que lo trasladó a la central de comunicaciones en Coyhaique, por lo que, además, recibe una asignación de zona extrema, con lo que se bonifica su sueldo.
La sentencia ya considera un aumento de pena, porque la primera resolución fue a firmar durante tan sólo dos años, fallo dictado por un juez militar, es decir, no por un abogado. Los mínimo cinco años y un día de pena, que corresponden por un asesinato, fueron reducidos al aplicar dos atenuantes: “Irreprochable conducta anterior” y, lo que es más insólito, por “obrar en celo de la justicia”.
Una situación que afecta profundamente a la familia del “weichafe” o guerrero, como lo llaman los mapuches, ya que Matías Catrileo murió por recuperar el fundo Santa Margarita del empresario agricultor Jorge Luchsinger.
En este sentido, la madre del comunero, Mónica Quezada, cuestionó el operar de las instituciones del Estado, y declaró que “el sólo hecho que este carabinero siga en las filas de la institución, ya no es justo. Independiente del fallo que sea, para nosotros es una cto de injusticia de la que el Estado debe hacerse cargo, el sistema judicial no supo resolver y lo que hacen Carabineros es escudarse en sus superiores, en este caso el ministro Hinzpeter, entonces él debiera tomar cartas en el asunto”.
Mónica Quezada no tiene mayores expectativas de la resolución de la Corte Suprema, ni de la justicia chilena. “En estos casos las condenas son una burla, aquí sólo se busca proteger a los que tienen el poder”, afirmó la mujer, quien además recordó las palabras del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al asegurar que la vida de un carabinero vale más que la de un civil.
Por su parte, el abogado defensor de la familia, Jaime Madariaga, señaló que esta es una pena completamente absurda y que sólo se entiende porque el proceso fue conducido por los tribunales militares. El abogado de derechos humanos advirtió que la reciente modificación de la justicia militar se aplica sólo cuando se acusa a un civil de atacar a un carabinero, pero no en el caso contrario, lo que es insólito.
Así, hoy por hoy, si en nuestro país carabinero comete un delito, será juzgado por su propia institución, lo que, para el abogado, impide que se haga justicia. En esta línea reiteró que es necesario acabar con la justicia militar en nuestro país, ya que avala una serie de injusticias e irregularidades como es, por ejemplo, la muerte de Matías Catrileo.
Hoy, el Suboficial de Carabineros y autor del asesinato de Matías Catrileo, Walter Ramírez Espinoza, está libre. Después de haber asesinado al comunero por la espalda con una subametralladora UZI el año 2008, su condena fue firmar regularmente por tres años, lo que no le impidió seguir en la institución, que lo trasladó a la central de comunicaciones en Coyhaique, por lo que, además, recibe una asignación de zona extrema, con lo que se bonifica su sueldo.
La sentencia ya considera un aumento de pena, porque la primera resolución fue a firmar durante tan sólo dos años, fallo dictado por un juez militar, es decir, no por un abogado. Los mínimo cinco años y un día de pena, que corresponden por un asesinato, fueron reducidos al aplicar dos atenuantes: “Irreprochable conducta anterior” y, lo que es más insólito, por “obrar en celo de la justicia”.
Una situación que afecta profundamente a la familia del “weichafe” o guerrero, como lo llaman los mapuches, ya que Matías Catrileo murió por recuperar el fundo Santa Margarita del empresario agricultor Jorge Luchsinger.
En este sentido, la madre del comunero, Mónica Quezada, cuestionó el operar de las instituciones del Estado, y declaró que “el sólo hecho que este carabinero siga en las filas de la institución, ya no es justo. Independiente del fallo que sea, para nosotros es una cto de injusticia de la que el Estado debe hacerse cargo, el sistema judicial no supo resolver y lo que hacen Carabineros es escudarse en sus superiores, en este caso el ministro Hinzpeter, entonces él debiera tomar cartas en el asunto”.
Mónica Quezada no tiene mayores expectativas de la resolución de la Corte Suprema, ni de la justicia chilena. “En estos casos las condenas son una burla, aquí sólo se busca proteger a los que tienen el poder”, afirmó la mujer, quien además recordó las palabras del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al asegurar que la vida de un carabinero vale más que la de un civil.
Por su parte, el abogado defensor de la familia, Jaime Madariaga, señaló que esta es una pena completamente absurda y que sólo se entiende porque el proceso fue conducido por los tribunales militares. El abogado de derechos humanos advirtió que la reciente modificación de la justicia militar se aplica sólo cuando se acusa a un civil de atacar a un carabinero, pero no en el caso contrario, lo que es insólito.
Así, hoy por hoy, si en nuestro país carabinero comete un delito, será juzgado por su propia institución, lo que, para el abogado, impide que se haga justicia. En esta línea reiteró que es necesario acabar con la justicia militar en nuestro país, ya que avala una serie de injusticias e irregularidades como es, por ejemplo, la muerte de Matías Catrileo.
Hoy, el Suboficial de Carabineros y autor del asesinato de Matías Catrileo, Walter Ramírez Espinoza, está libre. Después de haber asesinado al comunero por la espalda con una subametralladora UZI el año 2008, su condena fue firmar regularmente por tres años, lo que no le impidió seguir en la institución, que lo trasladó a la central de comunicaciones en Coyhaique, por lo que, además, recibe una asignación de zona extrema, con lo que se bonifica su sueldo.
La sentencia ya considera un aumento de pena, porque la primera resolución fue a firmar durante tan sólo dos años, fallo dictado por un juez militar, es decir, no por un abogado. Los mínimo cinco años y un día de pena, que corresponden por un asesinato, fueron reducidos al aplicar dos atenuantes: “Irreprochable conducta anterior” y, lo que es más insólito, por “obrar en celo de la justicia”.
Una situación que afecta profundamente a la familia del “weichafe” o guerrero, como lo llaman los mapuches, ya que Matías Catrileo murió por recuperar el fundo Santa Margarita del empresario agricultor Jorge Luchsinger.
En este sentido, la madre del comunero, Mónica Quezada, cuestionó el operar de las instituciones del Estado, y declaró que “el sólo hecho que este carabinero siga en las filas de la institución, ya no es justo. Independiente del fallo que sea, para nosotros es una cto de injusticia de la que el Estado debe hacerse cargo, el sistema judicial no supo resolver y lo que hacen Carabineros es escudarse en sus superiores, en este caso el ministro Hinzpeter, entonces él debiera tomar cartas en el asunto”.
Mónica Quezada no tiene mayores expectativas de la resolución de la Corte Suprema, ni de la justicia chilena. “En estos casos las condenas son una burla, aquí sólo se busca proteger a los que tienen el poder”, afirmó la mujer, quien además recordó las palabras del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al asegurar que la vida de un carabinero vale más que la de un civil.
Por su parte, el abogado defensor de la familia, Jaime Madariaga, señaló que esta es una pena completamente absurda y que sólo se entiende porque el proceso fue conducido por los tribunales militares. El abogado de derechos humanos advirtió que la reciente modificación de la justicia militar se aplica sólo cuando se acusa a un civil de atacar a un carabinero, pero no en el caso contrario, lo que es insólito.
Así, hoy por hoy, si en nuestro país carabinero comete un delito, será juzgado por su propia institución, lo que, para el abogado, impide que se haga justicia. En esta línea reiteró que es necesario acabar con la justicia militar en nuestro país, ya que avala una serie de injusticias e irregularidades como es, por ejemplo, la muerte de Matías Catrileo.
