La Coordinadora de Padres y Apoderados por el derecho a la educación (Corpade)  junto  a estudiantes secundarios, solicitaron al Contralor General de la Republica, Ramiro Mendoza,  que se pronuncie sobre la legalidad del plan  “ Salvemos el año escolar”, debido a que consideran que la iniciativa está llena de irregularidades.

La presidenta del Centro de Padres del Liceo de Aplicación y vocera de la Corpade, Dafne Concha, manifestó que el plan del Ministerio de Educación para terminar el año escolar en los establecimientos en toma sólo provoca dudas, puesto que no garantiza aprendizaje de calidad ni mucho menos asegura que los exámenes finales que se rindan tengan validez en otros establecimientos el año siguiente.

“Acá sólo hay un eslogan que dice que se va a salvar el año escolar, pero no hay sustento. Por eso hemos pedido a Contraloría que nos dé ese apoyo legal si es que existe porque no sabemos si hay un decreto ministerial que regule esto. Nos hemos tratado de entrevistar con alguien, pero hasta el momento sólo se nos han generado más dudas que respuestas. Por eso para poder darle tranquilidad a los padres, justo ahora que se extendió el proceso de inscripción, es que queremos aclarar con el órgano oficial sobre el marco regulador de este plan”, comentó la dirigente.

La solicitud de los apoderados también fue respaldada por la Defensoría Popular. Rodrigo Román, abogado de esa entidad, señaló que las ambigüedades de la iniciativa gubernamental se reflejan incluso en la extensión del plazo de inscripción ante el bajo interés ciudadano.

“Ese es un vicio que nosotros adelantamos al principio del vencimiento de este plan. Entendemos que a los chicos que queden fuera y que no participen de aquello no se les puede imputar la reprobación del año escolar. El que tiene que dar la última palabra es el Contralor, y es él quien tiene que decir si el Gobierno está actuando sobre la base de la institucionalidad vigente en educación”, precisó el jurista.

Los apoderados y estudiantes, denuncian además múltiples irregularidades. En colegios de la comuna de La Florida, los establecimientos compartidos están colapsados y los jóvenes que llegan desde escuelas en toma, deben irse a sus casas a las 10 de la mañana, puesto que no cuentan con un lugar de estudio. También acusan una serie de amedrentamientos y amenazas para forzar la suscripción a un programa supuestamente voluntario.

El caso más paradigmático  es el del Internado Nacional Barros Arana, (INBA) donde la directora de educación municipal de la comuna, Violeta Castillo, habría amenazado a los estudiantes que llegan de provincias  con perder la beca Bicentenario.

Juan Carlos Vázquez, secretario de bienestar del Centro de alumnos del INBA, explicó   que al recibir estas presiones los estudiantes increparon directamente al Alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,  quien les aseguró que no intervendría  en el proceso de esas becas entregadas por el Mineduc. Sin embargo, esto se contradijo con lo que el edil manifestó en un programa de televisión donde aseguró que de seguir los paros y tomas este beneficio no se podría entregar.

“Para nosotros queda bien y para la televisión también. Su imagen es la que vale, pero no nuestra beca. Por lo mismo, estamos presentando una demanda judicial con el apoyo de la Unicef, de la Defensoría Popular y de los apoderados de nuestro colegio para demostrar que hay una discriminación hacia los derechos del niño en algo que es voluntario, pero que nosotros consideramos que debe ser obligatorio”, dijo Vázquez.

Los estudiantes y  apoderados, reiteraron el llamado a no inscribirse en el Plan  “Salvemos el año escolar” mientras no se resuelvan estas situaciones.